Foto: EPVALÈNCIA (EP). Una manifestación convocada por UGT y CCOO ha recorrido este martes el centro de València para reivindicar la "sostenibilidad" del los servicios sociales y protestar por el "incumplimiento" por parte del Consell de los acuerdos alcanzados con el sector, que incluían la "dignificación" y homologación salarial del personal de concierto social.
"Está en juego el sistema de servicios sociales", han advertido los representantes sindicales durante la movilización, que ha arrancado a las 11 horas en la plaza Alfons el Magnànim de València, y en la que se han lanzado mensajes como "No es herencia, es incompetencia" o "Carlos Mazón, nos debes un pastón".
En declaraciones a los medios, la secretaria de Política Social de la Federación de Servicios Públicos de UGT PV, María Navarro, ha exigido a la Conselleria de Igualdad que dirige Susana Camarero "el cumplimiento de los acuerdos que se firmaron en el año 2022", y ha señalado que, aunque "se negocia en las mesas y no en la calle", desde la Generalitat "no llaman para negociar". En las dos reuniones mantenidas con la administración, según el sindicato, la Conselleria solo ha "comunicado lo que ellos iban a hacer", "entre otras cosas, el incumplimiento de lo firmado".
Navarro ha señalado que la modificación de precios para la acción concertada, sumando el IPC de los años anteriores, "no es suficiente, porque no se aplica a los salarios ni a la mejora de los servicios". "El gobierno anterior firmó un acuerdo en el que todos esos aspectos se contemplaban", ha agregado.
"Esto nos afecta a todos. Hablamos de mejora salarial, pero sobre todo hablamos de mejora del sistema, de mejorar la calidad de la atención a las personas usuarias", ha subrayado, antes de defender que "no se puede quitar el dinero a la acción concertada para pagar la deuda" con las entidades sociales.
Desde el área pública de CCOO PV, Juan Carlos Núñez ha remarcado que los acuerdos del sector se firmaron con la Generalitat Valenciana, "no con ningún partido político", y deben cumplirse para todos los trabajadores de concierto social.
En concreto, ha denunciado que las subidas salariales de módulos pactadas entre 2022 y 2026 para la homologación "se han cortado al llevar la partida de 39 millones a otro ámbito".
Ha advertido que si los trabajadores tienen mejores salarios en los servicios privados o sin ánimo de lucro, habrá movilidad y las plantillas no se estabilizarán, con lo que se resentirá la calidad asistencial. En ese sentido, ha afirmado que "hay bastantes puestos de trabajo en servicios sociales con dificultades para tener las plantillas completas y eso significa menos personal en los centros y peor atención a los usuarios".
"Lo que queremos es que el sistema público valenciano de servicios sociales funcione en conjunto y con una calidad que estaba empezando a crecer desde la última legislatura. No queremos ni que se pare ni que se estanque. Habíamos salido de la prehistoria en el ámbito de los servicios sociales y estábamos empezando a repuntar", ha lamentado, antes de insistir en que los sindicatos están dispuestos a negociar.
La portavoz del Grupo municipal de Compromís per València, Papi Robles, ha acudido también a la protesta y ha mostrado su apoyo a las manifestaciones contra "el desmantelamiento de la red pública de servicios sociales tanto por parte de Mazón como de Catalá en el Ayuntamiento de València". "Están vulnerando los derechos de las personas más vulnerables y de las personas que trabajan con ellos", ha lamentado.
"Hoy se están manifestando porque la Generalitat está negándose a cumplir el acuerdo firmado en 2022 para mejorar las condiciones laborales de los profesionales de los servicios sociales que están haciendo un trabajo indispensable, que es el de los cuidados y el acompañamiento de las personas más vulnerables. También por parte del Ayuntamiento de València, Catalá ha triplicado en sus primeros meses de gobierno la lista de espera de la dependencia, ha recortado las ayudas a las entidades en el presupuesto y está criminalizando a las personas más vulnerables", ha denunciado.
Susana Camarero, ha pedido a los sindicatos sentarse en la mesa de diálogo social en lugar de convocar movilizaciones "injustas" contra un Ejecutivo que "ha solucionado en siete meses los problemas heredados del Botànic".
Camarero ha mostrado su "indignación" por esta marcha "injusta" ya que ha destacado que el actual Ejecutivo "ha solucionado todos los problemas heredados del Botànic", entre ellos, hacer frente a los más de 100 millones de deuda a las entidades "que las condenaba a no hacer frente al pago de los salarios de los trabajadores y trabajadoras, a los usuarios a no recibir la atención que requieren y al cierre de algunos recursos".
En este sentido, ha recordado algunas de las medidas puestas en marcha, como el incremento en 38 millones del presupuesto de los conciertos, o el 8,8% del incremento del precio plaza, congelado desde 2022, "que permite pagar sueldos, pero también gastos generales de los centros". "Es importante contar con profesionales que estén bien pagados, pero también es importante que los usuarios de los centros puedan disponer de la calefacción o de la comida adecuada", ha señalado.
Asimismo, se ha referido a los acuerdos con el Instituto Valenciano de Finanzas para mejorar las condiciones de los préstamos a las entidades de carácter social. "Más de 48 millones se han solicitado gracias a unas mejoras que responden a una reivindicación histórica de estas entidades", ha añadido.
Por todo ello, ha cuestionado que los sindicatos, "tras permanecer ocho años en silencio, sin convocar manifestaciones y mirando hacia otro lado mientras los servicios sociales eran abandonados por el Consell del Botànic, movilizan contra este gobierno a los profesionales que han tenido abandonados durante tantos años".
Así, ha mostrado su compromiso con las mejoras salariales de estos profesionales y ha emplazado a los representantes sindicales a sentarse a dialogar "con espíritu constructivo, sin pancartas y sin eslóganes, que no dan de comer, y pactar un convenio único colectivo donde se negocian las condiciones laborales y de jornada de los trabajadores y las trabajadoras de los servicios sociales".
