VALÈNCIA. El expresidente de la Generalitat Ximo Puig solicitó formalmente intervenir este jueves an la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado para hablar sobre la amnistía en el debate propuesto por el PP. De esta manera, el líder de los socialistas valencianos daba un paso adelante para postularse como uno de los parlamentarios que, con toda probabilidad, defenderá la opción de explorar la mencionada amnistía como "herramienta para una mejor convivencia" con Cataluña, según explicaron fuentes de su entorno.
Aunque todavía no está confirmado que Puig vaya finalmente a tomar la palabra -debe tomar la decisión el grupo socialista-, el gesto del expresidente resulta interesante en su nuevo papel como jefe de oposición en la Comunitat Valenciana pero también como actor dentro del panorama político nacional.
Tras la derrota en las urnas el pasado 28 de mayo y la pérdida de la Generalitat, Puig decidió mantenerse como líder en el PSPV, acogerse al estatuto del expresidente y acceder a un puesto como senador territorial. La continuidad al frente de los socialistas valencianos y como diputado en Les Corts se explicó principalmente por el deseo de no producir un efecto de desmontaje o desbandada en las filas socialistas ante la pérdida de las instituciones, algo que según recuerdan veteranos dirigentes del partido sí se produjo con la derrota en las elecciones de 1995 cuando Joan Lerma era presidente. Una tesis que se vio apuntalada por la convocatoria exprés de Pedro Sánchez de las elecciones generales, lo que facilitó que se calmaran los aires de cambio en diversas federaciones socialistas, entre ellas, la valenciana.
En cuanto a su presencia en el Senado, el salto de Puig se consideró un deseo de pasar a cobrar cierto protagonismo en la política nacional y, especialmente, en la considerada cámara territorial con el objetivo de destacar como voz valenciana en asuntos que resulten importantes para la Comunitat Valenciana.
Ahora bien, Puig no parece que quiera quedarse ahí. Pocos dudan en el PSPV que el expresidente sea uno de los dirigentes más idóneos para elaborar y protagonizar un discurso en la Cámara Alta que pueda servir para allanar en cierta medida la aplicación de una amnistía para los dirigentes independentistas que solicitan ERC y Junts -como mínimo- para plantearse la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. En este sentido, durante sus años como presidente de la Generalitat, Puig se ha caracterizado, a través de un tono conciliador y federalista, por abrir vías de diálogo para superar el conflicto en Cataluña. Aunque los posicionamientos del expresidente tampoco se alinean en muchos casos con los de las formaciones independentistas, en la formación socialista se le ve como un interlocutor con mayor sensibilidad y conexión para defender estas cuestiones que otros de sus compañeros.
Así, si finalmente Puig tiene la oportunidad de intervenir en el Senado, donde el foco de la política nacional estará fijado este jueves, tendrá la ocasión de poner su granito de arena para desbrozar el camino a Sánchez para la investidura. Un magnífico escaparate para, si lo hace con acierto, consolidar su imagen como político en el panorama nacional. Aunque tal y como aseguró el expresidente en una entrevista en Levante-EMV el pasado domingo, no se plantea "en absoluto" ser ministro, lo cierto es que una intervención afortunada el próximo jueves podría hacerle subir puestos en ese posible futuro del Gobierno de España.
El presidente catalán, Pere Aragonés, el primero en intervenir
Quién sí intervendrá seguro será el presidente de la Generalitat y líder del PPCV, Carlos Mazón, quien también tendrá una oportunidad, además de respaldar la posición de su partido respecto a la amnistía, de introducir otras reivindicaciones con acento valenciano -se espera la reforma de la financiación autonómica; las exigencias hídricas o la mejora de inversiones- dirigidas a meter presión sobre el Gobierno de Sánchez.
Antes, el encargado de abrir la sesión será el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés, ya que le corresponde por orden de aprobación del Estatuto de Autonomía. Además, podrá hacerlo en catalán porque este foro es uno de los espacios en los que se pueden utilizar las lenguas cooficiales en la Cámara Alta.
La decisión de Aragonès de acudir a esta cumbre en el Senado ha coincidido con el anuncio del Gobierno central de que declina asistir a este foro de comunidades autónomas, por lo que, junto a la ausencia también del lehendakari, deja al presidente de Cataluña como el primero que intervenga.
Y es que el orden del día fijado la semana pasada por la Mesa y Portavoces de la Comisión, establece que el primero en intervenir sería el Gobierno central y luego hablarían los presidentes autonómicos por orden de aprobación del Estatuto de Autonomía.
Y como ni previsiblemente el Gobierno ni el lehendakari acudirán, será el presidente catalán el que dará comienzo a esta comisión, al ser la segunda comunidad en España que aprobó su Estatuto de Autonomía.
No hay debate entre ellos
Este orden del día establece que no se producirá un debate cruzado entre ninguno de los intervinientes, ya que solamente el Gobierno central tiene la potestad de contestar a los presidentes y a los grupos parlamentarios en esta comisión.
En concreto, después de la intervención de Pere Aragonès tomarán la palabra por diez minutos máximo el resto de presidentes autonómicos por orden de aprobación del Estatuto de Autonomía -los barones socialistas han rechazado acudir- y luego hablarán los senadores por designación autonómica que quieran y por último los portavoz de los grupos parlamentarios.
Sin apenas actividad en estos años
La Comisión General de CCAA es una cumbre específica del Senado dado su carácter territorial y tiene la particularidad de que pueden intervenir los gobiernos, además de los grupos parlamentarios que lo deseen, y sus sesiones suelen ser muy largas.
En los últimos años no ha tenido prácticamente actividad salvo la imprescindible para revisar alguna ley y casi no ha celebrado debates autonómicos.
La última que se celebró fue en abril de 2022, hace más de un año, y la forzó el Gobierno para que la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, hablara sobre el reparto de los fondos europeos con los Ejecutivos autonómicos.
Antes, en plena pandemia, el PP y el PNV se coaligaron en la Mesa del Senado para forzar una reunión de la Comisión General de las Comunidades Autónomas para hablar sobre el Covid-19, que quedó diluida por la representación que mandaron los Gobiernos regionales.