VALÈNCIA. "¿Estás de acuerdo en que Esquerra Republicana vote a favor de la investidura del candidato socialista a cambio de la soberanía fiscal, la promoción y protección de la lengua catalana, la Convención Nacional para la resolución del conflicto político y el resto de medidas acordadas?".
Esta es la pregunta que unos 8.700 militantes de ERC podrán responder este viernes en una consulta vinculante en la que decidirán si el partido respalda el preacuerdo alcanzado el lunes con el PSC, que incluye el apoyo a la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat catalana y, entre otras cosas, una suerte de concierto económico para Cataluña similar al Cupo vasco que ha sido defendido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como "un paso en la federalización del Estado".
De esta manera, serán los militantes de ERC los que, en primera instancia, decidan si España sigue adelante con el proyecto de Sánchez, fuertemente contestado en el PSOE, rechazado hasta hace dos semanas por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pero que ha contado con el voto a favor casi unánime de la Ejecutiva Federal del partido.
Los afiliados podrán emitir su voto -sí, no o abstención- entre las 10 y las 19 horas en una consulta telemática, pero para la que se habilitarán puntos de votación presenciales. Esto permitirá conocer el resultado minutos después de las 19 horas. A las 19.30 horas la dirección del partido comparecerá en rueda de prensa para responder a las preguntas sobre un resultado que es vinculante. Es decir, que los 20 diputados de ERC en el Parlament solo votarán a favor de la investidura de Illa si el resultado es positivo.
En tal caso, el candidato socialista debería comunicar al presidente del Parlament, Josep Rull, su voluntad de someterse a la investidura. Rull podría llevar a cabo la ronda de consultas el lunes y convocar la Diputación Permanente posiblemente para el martes. Sería entonces la mesa de la Diputación Permanente la que fijaría la sesión de investidura, que podría tener lugar el miércoles.
Si el resultado es negativo, quedarían aún más de tres semanas para elegir presidente, hasta que el 26 de agosto se disuelva automáticamente el Parlament y se convoquen elecciones si no ha habido investidura, aunque ERC ya ha advertido de que, en tal caso, no renegociará el pacto con el PSC y explorará otras posibilidades.
Tanto el presidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès, como el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, se han pronunciado públicamente a favor del 'sí' en la consulta. "Como militante de ERC, votaré a sí a la propuesta de acuerdo porque supone un salto adelante sin precedentes hacia la soberanía fiscal, garantiza el compromiso con la lengua catalana, profundiza en la resolución del conflicto político y mantiene políticas republicanas transformadoras", manifestaba Aragonès este jueves en la red social X. Por su parte, Rufían hacía pública su postura con un simple "Sí" en la misma red social.
También la secretaria general de ERC con funciones de presidenta, Marta Rovira, se ha manifestado a favor, mientras que el expresidente del partido Oriol Junqueras no ha manifestado qué votará pero sí ha afirmado que "en caso de que la militancia valide el acuerdo de investidura propuesto por la ejecutiva, el eventual apoyo al Gobierno del Estado y al Govern de la Generalitat por parte de ERC se deberá ir validando con el despliegue del acuerdo y retirarse explícitamente en caso de incumplimiento".
El Colectivo Primero de Octubre, formado por militantes de ERC, hizo este jueves un llamamiento al resto de la militancia para que voten 'no' en la consulta. En un comunicado, el colectivo pidió votar "con la cabeza" y expuso un listado de razones por las que hacerlo, como que, en sus palabras, el Estado español no cumple nunca con sus compromisos o que, una vez investido Illa, presidirá "sí o sí durante cuatro años la Generalitat" y no tendrán ningún mecanismo para destituirlo.
Añaden que el sistema de financiación que incluye el preacuerdo depende de la modificación de la Lofca, que requiere la mayoría absoluta del Congreso, y que la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 sobre el Estatuto "ya puso límites". Para ellos, con el preacuerdo "se renuncia al conflicto político Cataluña-España para sustituirlo por una Convención Nacional en la que solo participarán los catalanes".