Foto: EP/Rober SolsonaVALÈNCIA. El problema político en el Botànic subió este jueves otro peldaño con la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) de imputar a la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, por la gestión de los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada y su citación para declarar el próximo 6 de julio.
El auto era esperado desde hace días después de que la Fiscalía dirigiera un escrito al tribunal en el que la acusaba de un "plan preestablecido" para ocultar lo sucedido. Ahora, el TSJCV se ha declarado competente para investigarla.
¿En qué situación queda la vicepresidenta y máxima referente de Compromís tras esta decisión? En la coalición valencianista no tienen planeado mover ficha. Fuentes próximas a Oltra señalaron a este diario que, tal y como ha reiterado la dirigente en los últimos días, dimitir no está en la hoja de ruta pese la imputación. Al margen de la confianza en que la vicepresidenta pueda defender con éxito su inocencia, desde Compromís se aferran a algunos aspectos del escrito, como que se admita que no existe "prueba directa" que vincule a la vicepresidenta en los "singulares trámites" llevados a cabo en la gestión del caso de la menor.
Algo que, realmente, se contrapone a lo que los magistrados exponen a continuación: que el conjunto de pruebas sobre el asunto son indicios suficientes contra ella porque creen que existió "un concierto entre Oltra y diversos funcionarios" a su cargo para, o bien beneficiar la situación procesal de su exmarido, "o sencillamente tratar de proteger la carrera política" de la aforada, "aun cuando ello se hiciera en perjuicio de una menor tutelada por la Conselleria de Igualdad".
Y a lo cual se suma que con el auto del TSJCV ya son seis los pronunciamientos judiciales que apuntan hacia la misma dirección de desprotección de la víctima y de investigación paralela por parte del departamento de Igualdad.
De hecho, la lectura sobre la conspiración de la extrema derecha queda cuestionada cuando se comprueban dos de los nombres que firman estos escritos. Uno, el de la Fiscalía Superior de la Comunitat Valenciana, que acusaba a Oltra de ordenar que se escondieran los abusos a través de una directriz verbal y con un "plan preestablecido". La resolución fue redactada por Teresa Gisbert, una fiscal de dilatada y reconocida trayectoria que en muchas ocasiones ha mantenido posicionamientos feministas. Y dos, el del propio TSJCV, puesto que uno de los magistrados que lo suscribe es Vicente Torres, nombrado por el propio Botànic.
En la coalición valencianista se muestran convencidos -y aseguran tener datos- de que el via crucis que está atravesando Oltra no está afectando al respaldo de su masa electoral. Así, la portavoz de Compromís, Àgueda Micó, reiteró el "pleno apoyo" de la formación a la vicepresidenta y se negó a que la "extrema derecha marque la acción de gobierno", en referencia a la personación como acusación de Vox y de la exdirigente de este mismo partido Cristina Seguí, además de que el abogado de la menor tutelada sea José Luis Roberto, líder de España 2000. Un respaldo en la coalición que, por el momento, no ofrece fisuras públicas, y que va en la línea de permitir que Oltra conduzca su defensa hasta el punto que considere necesario.
En la otra orilla se sitúa buena parte del PSPV-PSOE liderado por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, quien recordemos, tiene capacidad para destituir a cualquier miembro del Consell. Distintas fuentes socialistas -cargos del Ejecutivo y del partido- no terminan de entender por qué Oltra no da un paso a un lado y evita así el desgaste del Botànic: "Posiblemente sea injusto, pero una persona no es más importante que el gobierno y que evitar que sume la derecha", señalaba a este diario ayer un destacado dirigente socialista.
Sobre esto, otros cargos recordaban las dimisiones de referentes del PSPV como el alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, o del presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, al encontrarse investigados en distintas causas judiciales. "Compromís debería tener el mismo sentido de la responsabilidad que a otros, incluidos nosotros, nos han exigido en el pasado", apuntaba otro responsable del PSPV.
En esta línea, un alto cargo del Ejecutivo también de la cuerda socialista lamentaba la situación de la referente de Compromís pero admitía las dificultades de sortear el problema, recordando además el papel de Oltra como portavoz del Consell: "Cada viernes sale el mismo tema en la rueda de prensa, cuando deberíamos estar vendiendo la acción de gobierno".
Unas quejas que también alcanzan al entorno del presidente de la Generalitat, donde no son pocos los que esperan que Puig llame a Oltra más pronto que tarde para hablar las decisiones a adoptar en este escenario. Es más, algunos directamente opinan que esta cita se produjera con dos opciones sobre la mesa: dimisión o cese.
Ahora bien, el jefe del Consell parece seguir optando por la prudencia. Las fuentes oficiales consultadas por este diario se limitaron a afirmar este jueves que Puig iba a analizar con detenimiento el auto emitido por el TSJCV, aunque de ello tampoco se desprendía que fuera a producirse una decisión en las próximas horas. Así, todo apuntaría a que la idea del presidente sería esperar al menos a que Oltra declarara el próximo 6 de julio con la esperanza de que el tribunal pudiera archivar la causa para la vicepresidenta.
El problema, al margen de las exigencias de la oposición para que Puig destituya a Oltra, es que el caso ha comenzado a adquirir ya resonancia nacional. Este mismo jueves varios de los grandes medios estatales ya situaban en sus portadas la imputación y Mónica Oltra se situaba como trending topic de Twitter en España, lo que indica la expansión del problema.
