VILA-REAL. Los problemas de acceso a la vivienda han centrado el pleno del Ayuntamiento de Vila-real de este lunes, en el que se han impulsado varias iniciativas para intentar saldar el déficit de viviendas asequibles, una cuestión que afecta al conjunto de España por el alza de los precios en el alquiler.
Así, por un lado, el pleno ha aprobado por unanimidad la cesión de suelo municipal a la Generalitat (con la adhesión al Plan VIU) para la construcción de 400 viviendas de protección pública. Y por otra parte, con la mayoría de los partidos progresistas (PSPV y Compromís), ha instado al Consell a aplicar la principal medida de la Ley Estatal de Vivienda, como es la regulación del precio del alquiler en zonas tensionadas.
Esta última iniciativa depende de las autonomías y las gobernadas por las formaciones conservadoras, como es la valenciana, se niegan a aplicarla. Al respecto, PP y VOX han votado en contra de esta moción, presentada por Compromís y apoyada por el grupo socialista.
El concejal de Territorio, Emilio M. Obiol, ha explicado que el Ayuntamiento prevé ceder al Plan VIU 3.110 metros cuadrados en los que se podrían construir cerca de 400 viviendas. Se tratan de una parcela 2.400 metros cuadrados en la calle Mestre Serrano, en el PAI del nuevo barrio de los Santos Evangelistas; una segunda de 400 metros cuadrados en la calle Santa Caterina, y otros 310 metros cuadrados en la calle Maestrat.
Este programa está financiado por fondos de la Unión Europea y las viviendas se llevarán a cabo a través de la colaboración público-privada.
El alcalde, José Benlloch, ha lamentado que la disponibilidad de suelo público para vivienda protegida es escaso y ha culpado de ello "a la política urbanística del monopoly" que desarrolló el PP en la ciudad. A la vista de ello, el pleno ha secundado una moción de la formación valencianista y respaldada por el PSPV que propone que la Sareb ceda viviendas y suelo para ampliar las dotaciones inmobiliarias públicas.
Así, la propuesta plenaria reclama a la Generalitat la incorporación de todos los inmuebles de la Sareb al parque público autonómico; así como suelo que permanece en su poder. La sociedad, según informa en su web, cuenta en Vila-real con 142 viviendas y 44 unidades de suelo pendientes de urbanización.
Esta entidad fue creada en 2012 para adquirir activos inmobiliarios problemáticos y en su primera década la iniciativa privada tenía los mandos de la gestión. En 2022. el Gobierno se hizo con la mayoría de su capital para impulsar criterios sociales. Desde entonces, la Sareb ofrece parte de sus viviendas a las Administraciones Públicas.
Asimismo, la moción reclama al Consell que declare a Vila-real como zona tensionada y regule el precio tope en el alquiler. Se trata de una solución que plantea la ley estatal por el Derecho a la Vivienda para frenar la especulación en el alquiler. Pero el ejecutivo valenciano de PP y VOX se oponen a intervenir en el mercado inmobiliario y esgrimen que así se reduciría a oferta de alquiler. Según la iniciativa presentada por Compromís, Vila-real encabezó en el año 2023 el incremento del precio del alquiler de la Comunitat Valenciana con un aumento de un 32 %.
Por otra parte, PSPV y valencianistas han reclamado al Gobierno valenciano que siga haciendo uso del tanteo y retracto para incrementar el parque público, una figura que impulsó el Botànic para acelerar la compra de vivienda y que, según recuerda la moción, permitió la adquisición de 818 pisos en la Comunitat.
En otro orden de cosas, el pleno ha aprobado dos expedientes de crédito extraordinarios financiados con remanentes. Uno de ellos, por importe de 250.000 euros, corresponde a la cuota de la anualidad de 2024 por la adquisición del edificio del antiguo bingo de la avenida Cedre, según ha señalado la concejala de Hacienda, Sabina Escrig. Se trata de un edificio de 1932, antiguo almacén citrícola conocido como Els Mesegueros, donde el equipo de gobierno proyecta la creación de un edificio cultural. Se ha retificado con los votos favorables del PSPV y el concejal no adscrito Manu Rubert, la abstención de Compromís y el voto negativo de PP y Vox.
La segunda modificación contempla el convenio de colaboración con la Unió de Comerç de Vila-real (Ucovi) para gestionar el bono comercio y optar a una subvención de la Generalitat por importe de 50.000 euros.
El Partido Popular de Vila-real ha lamentado que el alcalde socialista Benlloch “priorice gastar 250.000 euros más en la compra del Bingo a los convenios con las entidades sociales y culturales de la ciudad en el expediente de crédito para incorporar remanentes aprobado hoy”.
“Con los expedientes de crédito aprobados hoy por los socialistas y, según el informe del interventor, solo quedan 43.222,08 € de remanentes del pasado ejercicio, por lo que se pone en riesgo muchos convenios con entidades sociales y se evidencia que estas no son prioritarias para Benlloch”, ha lamentado el portavoz popular.
Por último, el Pleno ha aprobado una declaración en apoyo al Día del Orgullo LGTBI+ con el voto favorable de todos los grupos, a excepción de Vox que ha votado en contra.
