El pleno municipal recuperó este martes su carácter presencial.VILA-REAL. El pleno del Ayuntamiento de Vila-real ha aprobado, con el apoyo de todos los grupos políticos, un nuevo trámite para hacer posible la ubicación de la futura comisaría de Policía Nacional en el solar del aparcamiento situado frente a los juzgados, en la zona sur de la ciudad. El plenario -que por primera vez desde la pandemia se ha celebrado de nuevo de manera presencial- ha dado luz verde a la remisión al órgano ambiental y territorial competente, la Junta de Gobierno, de un nuevo paso administrativo para modificar el uso del solar de 5.500 metros cuadrados, que pasará de dotacional aparcamiento a dotacional dedicado a fuerzas de seguridad. Así lo ha explicado el concejal de Territorio, Emilio M. Obiol, quien ha asegurado que con esta aprobación “estamos un poco más cerca de la construcción de la nueva comisaría, una infraestructura muy necesaria para la ciudad y la comarca”.
En este sentido y tal como se recoge en un comunicado municipal, Obiol ha recordado que “la Policía Nacional está en nuestra ciudad desde 1978 y las instalaciones que ocupa este cuerpo policial en la actualidad, la cuarta sede por la que ha pasado en más de 40 años, están en pésimas condiciones, además de no contar con una ubicación adecuada”. Tras recibir el visto bueno oficial de la Dirección General de Policía a la propuesta de solar planteada por el consistorio, el trámite de modificación del uso del suelo es el paso previo para la construcción de la comisaría, cuya inversión está incluida en el Plan de Infraestructuras de Seguridad del Estado de 2019-2025.
El pleno municipal ha aprobado también por unanimidad la bonificación del 95% del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a dos locales comerciales, en el marco de la medida fiscal de apoyo a comercio, hostelería y servicios impulsada por el Ayuntamiento para paliar los efectos de la covid-19 en la economía local, que beneficiará a alrededor de 350 negocios. El concejal de Economía, Xus Madrigal, ha explicado que, con estos dos nuevos expedientes, ya son cerca de 400.000 euros los que ha bonificado el consistorio para que “nuestro tejido económico pueda superar esta situación de crisis”.
Asimismo, Madrigal ha recordado algunas de las medidas adoptadas desde marzo de 2020, como la supresión de la tasa de ocupación de vía pública, que ha supuesto al consistorio dejar de ingresar 360.000 euros en dos años; a través del Pacto local por el renacimiento se ha destinado también un millón de euros a acciones de dinamización y ayudas a los sectores económicos más afectados por la pandemia. El Plan Resistir, en colaboración con la Generalitat Valenciana y la Diputación de Castellón, ha inyectado 1,3 millones de euros en ayudas directas, a las que se suman los 50.000 euros aportados por el consistorio para los negocios de ocio nocturno. “En total, ya son cerca de 4 millones de euros dedicados a hacer frente a los efectos de la situación sanitaria en diferentes ámbitos, pero sobre todo para demostrar que, a pesar de la complicada situación económica del Ayuntamiento, estamos al lado de nuestro tejido productivo y también reforzamos nuestra alianza social para que nadie se quede atrás, ampliando los convenios con las entidades sociales del municipio”, señala el edil de Economía.
Por otra parte, en la sesión ordinaria del Pleno, que se ha desarrollado en un salón de plenos adaptado para garantizar la distancia de seguridad entre los miembros de la corporación y con los correspondientes protocolos de prevención por la pandemia, también ha salido adelante la adhesión a la Red Valenciana de Información Juvenil, con el objeto de contar con un centro de información juvenil que se instalará en el Espai Jove. Este punto se ha aprobado por unanimidad.
Con el apoyo de PSPV, PP, Ciudadanos, Compromís y Unides Podem, y el voto en contra de Vox, el pleno ha avalado la adhesión de Vila-real a la Agencia Valenciana de Protección del Territorio, un organismo dedicado a mejorar la gestión del suelo no urbanizable de la Comunitat Valenciana, según ha explicado el concejal de Territorio, Emilio M. Obiol. También se han aprobado dos declaraciones institucionales: la primera para defender el mantenimiento de un servicio público y de calidad por parte de Correos; la segunda, para pedir la revisión de las normas de gestión de las Zonas de Especial Conservación (ZEC) y la elaboración de un reglamento que aclare las actividades permitidas en estas zonas.
