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el crédito servirá para afrontar dos nuevas sentencias en materia urbanística

Vila-real da vía libre a una modificación del presupuesto de este año por valor de 1,4 millones

20/07/2021 - 

VILA-REAL. El pleno del Ayuntamiento de Vila-real ha aprobado este martes una modificación del presupuesto financiada con cargo a una operación de crédito para hacer frente a dos de las últimas sentencias que han llegado al consistorio, según han informado fuentes municipales a través de un comunicado, en el que se señala que se trata de parte de la herencia del anterior gobierno del Partido Popular, que obligan a abonar 1.391.636 euros. 

Estas resoluciones del Tribunal Supremo corresponden a la cesión de solares por la apertura de la avenida Portugal así como para la urbanización del jardín de Jaume I, en los años 2009 y 2010, respectivamente, que no estaban contempladas en el presupuesto de 2021. El alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha explicado que “por un error, las sentencias no constaban como firmes y el tribunal nos da un plazo límite para pagar bajo pena de que el responsable municipal, en este caso yo como alcalde, tenga que hacer frente a una multa de 200 euros diarios, algo que da cuenta de la complejidad de la herencia urbanística que tenemos que gestionar día a día”.

Benlloch ha recordado en su intervención que, “entre el préstamo que pidió el PP y los empastres urbanísticos, hemos pagado más de 50 millones de euros en diez años; estamos pagando la ciudad del año 2000, que otros no pagaron”. Al respecto, el alcalde ha lamentado que “si no podemos hacer más es porque el 70% del esfuerzo económico y de gestión del Ayuntamiento se va a hacer frente a esta herencia envenenada”.

El alcalde ha señalado que es necesario recurrir a una operación de préstamo puesto que “no tenemos dinero para hacer frente a estos nuevos empastres urbanísticos; de otra manera tendríamos que quitarlos de partidas necesarias como las ayudas al comercio y autónomos, el mantenimiento de los servicios públicos y otras cuestiones de la gestión diaria de la ciudad”.

Una de las sentencias corresponde a la cesión de solares para la apertura de la avenida Portugal, en 2009. Los propietarios solicitaban 2.615.812 euros mientras que el Tribunal Supremo ha rebajado la valoración y ha dictado que el Ayuntamiento debe pagar por este terreno 1.071.191 euros, según explican estas mismas fuentes municipales, en el que se recuerda que el consistorio ya abonó en su día una parte pero ahora aún tendrá que desembolsar 991.114 euros. Por otro lado, la segunda sentencia judicial se refiere a un solar del jardín de Jaume I cedido en 2010. Los propietarios exigían al consistorio el pago de 924.297 euros, pero el Tribunal Supremo ha rebajado esta cantidad hasta los 790.712 euros. Descontando la parte ya saldada por el Ayuntamiento, ahora la cantidad a pagar asciende a 395.521 euros. En total, los pagos como consecuencia de las dos sentencias suman 1.386.635 euros.

En la sesión plenaria, en la que han excusado ausencia la concejala de Vox, Irene Herrero, y el edil de Ciudadanos Domingo Vicent, se ha aprobado por unanimidad la adhesión del Ayuntamiento de Vila-real a la Red de Gobernanza Participativa de la Comunidad Valenciana. La concejala de Participación Ciudadana, Miriam Caravaca, ha recordado que Vila-real ha sido uno de los nueve municipios de la Comunidad que ha participado activamente en la elaboración de los estatutos de esta red porque “somos referentes de participación y asociacionismo, con más de 124 asociaciones que trabajan por una sociedad más solidaria, justa y participativa”.

El pleno ha aprobado por unanimidad, con el voto favorable de los grupos Unides Podem, Ciudadanos, Compromís, PP y PSPV, una moción para condenar las agresiones machistas, lgtbifóbicas, racistas y de odio.

Finalmente, también se ha dado luz verde por unanimidad a la designación del concejal Emilio M. Obiol como representante del Ayuntamiento en la Agencia Valenciana del Protección del Territorio. El alcalde ha recordado que en el momento en que se formalice la adhesión a la agencia, las competencias en materia de legalidad urbanística en infracciones graves o muy graves en suelo no urbanizable será competencia autonómica, por lo que ha lanzado un mensaje para pedir a la ciudadanía responsabilidad.

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