CASTELLÓ. Una nueva resolución urbanística herencia de la gestión del anterior gobierno del Partido Popular pone en jaque la aprobación de las cuentas municipales de 2023. El Ayuntamiento de Vila-real deberá pagar otro medio millón de euros por el solar de 5.556 metros cuadrados sobre el que el PP levantó el Centro de Tecnificación Deportiva (CTD) y por el que ya abonó 856.000 euros a su propietario.
El consistorio ha recibido esta semana la notificación de la desestimación del último recurso presentado ante el Tribunal Supremo para evitar este nuevo varapalo, por lo que finalmente esta cantidad –que resulta de la diferencia entre la valoración del Jurado Provincial de Expropiación y la valoración de los técnicos municipales- deberá incluirse en el presupuesto del próximo año, tal y como ha confirmado el alcalde, José Benlloch, quien avanza que el equipo de gobierno ya trabaja a contrarreloj para reajustar el proyecto de presupuestos y hacer todo lo posible para aprobarlo antes de que acabe el año.
El alcalde ha lamentado que la notificación de esta resolución judicial llega “en el momento en que teníamos ya cuadrado el presupuesto de 2023, pero una vez más nuestros planes se ven alterados por la losa que suponen los empastres del PP”. Así las cosas, la necesidad de tener que cumplir con la Justicia y abonar los más de 500.000 euros por el solar del CTD, obliga al equipo de gobierno a “recalcular” las previsiones del próximo año, aunque el alcalde admite que “tenemos poco margen de maniobra”.
“La difícil situación económica municipal, lastrada por las cuatro crisis que gestionamos por el urbanismo y la deuda del PP, las consecuencias de la covid-19 y la actual crisis de inflación y subida de costes energéticos, nos fuerza a la contención y la prudencia, y por eso presentamos el plan de ajuste y priorización presupuestaria, para centrar todos los esfuerzos en las personas y el mantenimiento de los servicios públicos”, subraya Benlloch.
Con todo, “vamos a seguir trabajando para solucionar este contratiempo de la mejor manera y sin tener que pedir más esfuerzo a la ciudadanía, y haremos todo lo posible para aprobar el presupuesto dentro de este año”, incide.
Ante esta situación, el alcalde avanza que para poder hacer frente a este nuevo pago urbanístico sin desequilibrar las cuentas municipales “no nos quedará más remedio que recurrir a un nuevo préstamo”. Benlloch lamenta que “una vez más, los empastres del PP nos llevan a tener que endeudarnos” y reconoce que su objetivo para 2023 era “intentar amortizar unos 4 millones de euros del endeudamiento que arrastramos para sanear lo máximo posible las cuentas e invertir los pocos recursos que tenemos en lo imprescindible en estos momentos: las personas, asegurar los servicios públicos y seguir ayudando a que nuestras empresas y autónomos, nuestra economía, siga avanzando para superar esta crisis y generar riqueza”. Un objetivo que ahora se ve alterado por una nueva resolución judicial “que evidencia la nefasta gestión del urbanismo que hizo el PP y que se ha traducido en más de 33 millones de euros pagados desde 2011”.
En el caso del solar del Centro de Tecnificación Deportiva, el PP expropió una superficie de 5.556 metros cuadrados para la construcción de esta infraestructura. El propietario reclamaba 2,8 millones de euros y el Jurado Provincial de Expropiación fijó la valoración en 1,3 millones, aunque los técnicos municipales la rebajaron a 856.000 euros. En 2019, el Tribunal Superior de Justicia obligó al consistorio a abonar esta cantidad concurrente mientras el litigio se dirimía en los tribunales. El consistorio ha agotado todos los recursos posibles, apelando incluso ante el Tribunal Supremo para solicitar la suspensión de la ejecución de la sentencia alegando la grave situación económica del Ayuntamiento, “ya que nuestra prioridad ha sido defender hasta el último euro de los y las vila-realenses”. Finalmente, la inadmisión del último recurso no deja más margen al equipo de gobierno y obliga a abonar la diferencia entre la cantidad ya pagada, 856.000 euros, y los más de 1,3 millones de la valoración del Jurado de Expropiación, lo que supondrá un nuevo varapalo económico de medio millón de euros.
