Un momento del desarrollo del pleno municipal celebrado este martes en Vila-real.VILA-REAL. El pleno del Ayuntamiento de Vila-real ha aprobado por unanimidad pedir que el Gobierno central y la Generalitat Valenciana incluyan en sus respectivos presupuestos del 2022 un amplio paquete de inversiones que, según entienden todos los grupos, son prioritarias para la ciudad.
De este modo, han reclamado al Gobierno central la solicitud de inversiones como el paso subterráneo de la estación de trenes, el desdoblamiento y mejora de la N-340 a su paso por la ciudad, la adecuación del Pont Nou de la N-340, inversiones de mejora en el polígono de la CV-20, el acceso a la AP-7 en Vila-real, la conexión de la ronda Suroeste con la N-340 y ayudas para sectores productivos que no pueden desarrollar su actividad por las restricciones a causa de la covid-19 y los sectores que han tenido pérdidas por la pandemia.
Respecto a las demandas a la Generalitat Valenciana para su inclusión en las cuentas autonómicas de 2022, el acuerdo plenario incluye el pago de las expropiaciones para la construcción de la ronda Suroeste; la conexión de la ronda con la N-340; la construcción del vial rápido a Onda; el desdoblamiento de la CV-185 y del tramo de la CV-20 desde el puente de la autopista hasta el límite municipal; la construcción de nuevos colectores de aguas pluviales para evitar inundaciones en las principales avenidas de la ciudad; la construcción de la Escuela Oficial de Idiomas comarcal; el servicio de hemodiálisis en el Hospital de La Plana; la construcción del nuevo colegio Escultor Ortells; la finalización de los proyectos del Pla Edificant; el cuarto instituto de Secundaria; la creación del bulevar de La Plana; un plan reindustrialización para el área de influencia del sector cerámico; la ampliación de las ayudas al Conservatorio de Música Mestre Goterris; el Punto de Encuentro Familiar; la construcción de la residencia para enfermos de Alzheimer; la asunción de costes por el mantenimiento del Centro de Tecnificación Deportiva; el pago de la deuda pendiente con el Ayuntamiento y la aprobación de ayudas para los sectores afectados por la crisis de la covid-19.
El pleno también ha dado su respaldo unánime a la supresión de la tasa de gestión administrativa por actividades económicas en establecimientos públicos o instalaciones y la derogación de la ordenanza que la regula. El objetivo de esta medida de estímulo económico es, en palabras del alcalde de la ciudad, José Benlloch, impulsar “el renacer de la ciudad y la recuperación de los sectores más afectados por la pandemia”. La decisión del pleno implica la eliminación de este cobro por los trámites administrativos de manera que el consistorio dejará de ingresar alrededor de 40.000 euros anuales. Esta tasa grava cuestiones como la apertura de comercios u otro tipo de establecimientos, así como actividades en la vía pública. “Renunciamos a este dinero para favorecer la actividad económica en un momento de dificultades para muchas empresas y autónomos como consecuencia de la pandemia”, ha explicado el alcalde y a la vez concejal de Hacienda.
A la hora de proponer la eliminación de la tasa, el equipo de gobierno ha tenido en consideración “la especial referencia a la situación social y económica derivada de la pandemia covid-19, que durante los casi dos últimos años ha paralizado la vida económica, social, deportiva, cultural de la ciudad”. Por este motivo, “con el objetivo de impulsar la economía, el renacer de la ciudad, la recuperación de los sectores empresariales, culturales, deportivo y en aras de estimular y dinamizar la actividad en la localidad”, el alcalde ha propuesto al pleno la derogación de la ordenanza. Además, se ha tenido en cuenta que dicha ordenanza “no cubre las necesidades actuales por su necesaria actualización a la normativa vigente reguladora de la materia”. Así las cosas, la propuesta de Alcaldía también apunta que “tras los trámites oportunos y para poder realizar un estudio participado de la sociedad, se prevé la posibilidad de elaboración de una nueva ordenanza fiscal reguladora de la materia” en el futuro.
El pleno ordinario ha avalado, de nuevo por unanimidad, la propuesta de la Concejalía de Seguridad Pública y Emergencias para solicitar a la Generalitat Valenciana la concesión de la cruz al mérito policial con distintivo blanco a los funcionarios del cuerpo local que llevan más de 25 años de servicio: el oficial Juan Ramón Lorente y los agentes Fernando Rodríguez, Francisco García y M. Begoña Bensach.
