CASTELLÓ. El gobierno de coalición del Vila-real, surgido el pasado mes de agosto con el nombre del Pacte de la Llum de Tol, quiere activar el presupuesto de 2025 en tiempo y forma y se ha propuesto aprobarlo el 7 de enero. PSPV y Compromís destacan la estabilidad del gobierno y proyectan las cuentas como las del renacimiento de la ciudad, pero ambos partidos son conscientes de que será un presupuesto ajustado al coincidir varios frentes que lo condicionan: el pago de sentencias urbanísticas de la etapa del PP, la previsible caída de la inversión del Consell por el impacto de la Dana en València, y la pérdida del plan de cooperación de la diputación, que aportaba 400.000 euros.
El alcalde, José Benlloch, ha sostenido que el Ayuntamiento afronta unas dificultades similares a los años de la crisis financiera de 2011-12, con la diferencia de que en estos momentos no está sujeto a un plan de ajuste y la ciudad vive una situación de crecimiento económico, ha recordado. Pero ha subrayado que el presupuesto de 2025 estará marcado por la espada de Damocles de los fallos urbanísticos y por el freno de inversiones de la Generalitat en la ciudad al derivarse a la zona afectada por la Dana.
"Hay pueblos de la provincia que ya han salido de los problemas por la Covid y los sobrecostes de la Guerra de Ucrania, pero nosotros aún no", ha continuado Benlloch, que ha responsabilizado a la herencia urbanística del PP. En este sentido, ha apuntado que una de las alternativas para impulsar nuevas inversiones pasará por conseguir ayudas de la Unión Europea.
El primer edil ha realizado estas declaraciones junto a la vicealcaldesa, María Fajardo, en un encuentro informal con los medios de comunicación. Ambos han avanzado que el objetivo del ejecutivo progresista es cerrar el presupuesto en enero, lo que permitiría su entrada en vigor en febrero, aunque han puntualizado que es pronto para avanzar la cantidad de gastos porque aún están cuadrándolo teniendo en cuenta las circunstancias descritas.
"El problema en estos momentos, ha remarcado Benlloch, es que el Ayuntamiento prevé recibir más resoluciones judiciales vinculadas al urbanismo como consecuencia de la anulación de una moratoria que dictaminó el Consell del Botànic con la Ley Urbanística Valenciana.
“Cada año la factura de esta herencia supone cerca de 9 millones de euros, que tenemos que reservar ya de entrada para pagar a los bancos por la deuda pendiente, que se sitúa en casi 500 euros por habitante, y para las sentencias del urbanismo que van llegando cuando menos lo esperamos”, ha aseverado.
“Este es el motivo por el que la inversión del Ayuntamiento por habitante no supera los 1.000 euros, cuando otros municipios de nuestro entorno que no tienen este lastre llegan incluso a duplicarla”, ha añadido.
No obstante, alcalde y vicealcaldesa han puesto en valor un 2025 de nuevas oportunidades para Vila-real pese a las estrecheces presupuestarias. Entre otras actuaciones, han citado su apuesta por rehabilitar y dar viabilidad a edificios municipales como el Albergue de la Mare de Déu de Gràcia, la Alqueria del Carme, el Convent, l'Espai d’Art, el Forn d’Avall o el antiguo almacén de Mesegueros (bingo).
Benlloch también ha abogado por un nuevo plan de reindustrialización, una mejora de la competitividad del comercio local, la puesta en marcha de una nueva oficina de promoción económica y la búsqueda de soluciones ante la problemática de la vivienda.
Por su parte, Fajardo ha remarcado que el presupuesto también abordará la reforma de vías públicas y de parques infantiles y que volverá a priorizar los convenios con entidades sociales.