CASTELLÓ. Compromís-Sumar por Castellón estará en Madrid la "voz valiente de las mujeres para no dar ni un paso atrás en los derechos y oportunidades conseguidos con el gobierno de progreso ante una derecha y una ultraderecha negacionista y reaccionaria que quiere poner fin a los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI". Son palabras de la candidata de la coalición en el Senado, Elsa Vilalta, que este martes se ha sumado a la movilización Por nuestros derechos, ni un paso atrás, organizada por la Coordinadora Feminista de Castelló en la Llotja del Cànem, junto con el candidato en el Congreso, Carlos Navarro, y otros miembros de la candidatura.
"Lucharemos por los derechos conseguidos, lucharemos contra los negacionistas de la violencia de género, lucharemos para blindar los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI ante los cavernícolas del PP y Vox que quieren derogar leyes como la del Aborto y que no paran de atacar la diversidad, la pluralidad social, en contra de la libertad individual. Porque el gobierno de coalición del PP y Vox va en contra de las mujeres… y en este contexto de pactos con negacionistas, seremos Compromís-Sumar los que defenderemos los derechos de todas y todos", ha dicho Vilalta.
La coalición garantizará que todas las políticas públicas, acciones de gobierno y presupuestos incorporan la perspectiva de género con enfoque intersectorial, además de luchar contra la brecha salarial de las mujeres, dando un impulso a la paridad en los órganos de decisión de entidades públicas y privadas y establecer permisos de crianza hasta los 12 meses por maternidad o paternidad.
En materia de violencias machistas, se reivindica un incremento anual del presupuesto destinado a hacerlas frente, equiparando las indemnizaciones por terrorismo a las mujeres víctimas de violencia machista, a sus hijos e hijas, entorno familiar o aquellas personas que salieron en su defensa en el momento de la agresión con un resultado de muerto, gran invalidez o incapacidad laboral permanente.
Y reivindicará un Pacto de Estado con fuerzas políticas, agentes sociales y ciudadanía para blindar los derechos LGTBI e impedir cualquier retroceso institucional o político en esta materia. Además de defender y apoyar del tejido asociativo y social que defiende los derechos LGTBI, y formar al personal de las administraciones de justicia y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado sobre la realidad LGTBI, creando programas especializados de atención a las denuncias de acciones LGTBI-fóbicas, con medidas específicas de inserción social y laboral para las personas trans, especialmente las mujeres, que todavía sufren situaciones graves de discriminación y altos porcentajes de paro.
