Visto para sentencia el juicio a la patronal de Castellón: Fiscalía pide 4 años por malversación

CASTELLÓN. Finalizó este miércoles el juicio a los máximos dirigentes de la antigua patronal castellonense, la Confederación Empresarial de Castellón (CEC). Una causa que investigaba por qué la patronal dejó sin pagar unos cursos de formación impartidos por tres compañías a cargo de una subvención concedida por parte de la Generalitat Valenciano. El impago asciende a más de 190.000 euros y aunque la administración autonómica transfirió los fondos, estos nunca llegaron a las compañías que sí prestaron el servicio a la patronal.

El juicio, celebrado entre martes y miércoles en la sección primera de la Audiencia Provincial de Castellón, tenía como acusados a los principales responsables de la patronal, el que fuera secretario general de la CEC, Rafael Montero; su presidente, José Roca; y el que era director de Formación de la confederación, José Antonio Espejo. Para ellos, la Fiscalía pedía inicialmente cuatro años de prisión por un presunto delito continuado de apropiación indebida. Sin embargo, tras la vista oral, el Ministerio Público ha cambiado la tipificación.

Así, pese a las peticiones de absolución por parte de las defensas, según las cuales no se ha probado la participación de los acusados en el presunto desvío de fondos, este miércoles la fiscala modificó sus conclusiones y señaló como calificación alternativa el delito de malversación de caudales públicos, manteniendo la petición de prisión durante cuatro años para los tres dirigentes que se han sentado en el banquillo.

La fiscala explicó en su alocución que concurren las circunstancias para calificar lo sucedido como malversación, que si bien la ley lo prevé especialmente para personas vinculadas a la administración, también cabe -en base a jurisprudencia- para aquellos particulares con "una especial dotación de gestión directa" de fondos públicos. Algo que sí sucedería aquí, según el Ministerio Público, al tratarse de una subvención pública que no llegó a su verdadero fin: las empresas que impartieron los cursos en 2011. Por otra parte, la fiscal les considera responsables civiles subsidiarios, por lo que pide que indemnicen a las empresas con el dinero no abonado más intereses.

"Los acusados retuvieron los fondos"

Según la misma, "no hay duda de que las acciones formativas se realizaron" y "por tanto, ese dinero debería haber sido abonado a las empresas", pero "los acusados lo retuvieron en nombre de la CEC". En ese sentido, sostuvo que el hecho de que no se pagaran las facturas adeudadas "era algo que solo sabían los acusados" y que "era algo que llevaban entre ellos" sin dar cuenta a nadie de lo que sucedía, Ello lo sostuvo, por una parte, en base a que tanto el presidente como el secretario general tenían firma en las cuentas bancarias, aunque ellos aseguraron conocer los impagos años más tarde, en 2016, cuando hicieron un reconocimiento de deuda.

Por otro lado, aunque el responsable de Formación, José Antonio Espejo, no tenía acceso a las cuentas, sí había sido presionado por las empresas para cobrar y por tanto era conocedor del problema, recordó la fiscala. Las compañías le preguntaron por los impagos y, según el relato de las mismas, Espejo les dijo "que no había dinero" porque la Generalitat no había liquidado la subvención y que "había en marcha un contencioso a punto de resolverse". Algo que más tarde el servicio de empleo de la Generalitat, el Servef, negó al asegurar que sí se había liquidado por completo la transferencia de la subvención.

Así pues, la fiscala planteó el delito de malversación y, en caso de no aceptarse, mantuvo como segunda opción la acusación de apropiación indebida, aunque disintió de las acusaciones particulares -de las empresas acreedoras-, que señalaron los delitos de fraude de subvenciones y falsedad porque la CEC habría justificado ante el Servef costes que no habían sido efectivamente pagados. Sin embargo, la Fiscalía sostuvo que no está acreditado que lo que tuvieran que justificar eran los pagos efectivos o simplemente los costes de los cursos, como hizo la patronal.

Las acusaciones particulares insistieron en que no se puede alegar que los acusados desconocían lo ocurrido, bien por tener firma en las cuentas bancarias en el caso de los dos máximos dirigentes, bien por las "milongas" y "mentiras" argumentadas por Espejo a las compañías cuando estas le pidieron explicaciones de los impagos. "Espejo no derivó a nadie, asumió la responsabilidad y dio explicaciones, que eran mentira", señaló una de las acusaciones, para recordar que el 90% de los fondos que gestionaba la CEC procedía de subvenciones. Por ello rechazaron la pretensión de presentar a los acusados, "que no daban cuenta a nadie, como ignorantes".

"Falta de pruebas"

Las defensas se centraron en exponer que no hay pruebas que demuestren que los acusados tuvieran implicación directa en que la subvención de la Generalitat Valenciana no se abonara a las empresas. Así, una de ellas acusó de "absoluta dejación investigadora" tanto del Ministerio Fiscal como de las acusaciones: "Se trae a los acusados porque son los altos cargos y caras visibles, pero intervención propia no se ha intentado argumentar".

En ese sentido, indicó que no se puede hacer "responsable al administrador y punto": "El impago no convierte en responsable al administrador sino que hay que investigar quién intervino; no cabe condenar por el mero hecho de ostentar un determinado cargo, ha de existir una actuación concreta". En ese sentido, los acusados habían señalado que los encargados de los pagos era el departamento de administración y contabilidad, si bien ninguno de sus miembros fue llamado a comparecer como testigo en la vista.

En ese sentido, la defensa de el secretario general alegó que, aun así, si se considerara que existe responsabilidad, existiría una delegación exoneratoria en terceras personas -el departamento de administración y el de formación-, que estaban "capacitadas" y tenían "los medios necesarios" para asumir esas responsabilidades, tal como fija como criterio la normativa en este caso.

También rechazaron la existencia de un fraude en subvenciones -"tesis abandonada por el Ministerio Fiscal"- porque el patrimonio afectado no es el de la administración y, además, no se incumplió el objeto de la subvención porque los cursos sí se llevaron a cabo. Algo que también serviría, según las defensas, para descartar el delito de apropiación indebida, que requiere de una "alteración sustancial de la finalidad" para la que fueron concedidos los fondos. También rechazaron el fraude porque, sostuvieron, la CEC justificó los costes de los cursos, pero no que se hubieran pagado.

Sobre la malversación de fondos públicos, otra de las defensas negó la mayor de la Fiscalía y sostuvo que "en ningún caso" la CEC o sus responsables ejercían una "gestión directa de los fondos públicos" como sí aseguró el Ministerio Fiscal. Tanto es así que, subrayaron, no se presentó ninguna prueba de que la subvención de la Generalitat hubiera llegado a la CEC a través de la patronal autonómica Cierval, a quien la administración sí transfirió los fondos.

Así pues, enmarcaron lo ocurrido en un "error" de unas "facturas que se quedan sin pagar y nadie las reclamó en cinco años", motivado el impago por "retrasos" de la Generalitat, "dificultades de pago" y "falta de solvencia" por parte de la CEC, que más tarde acabaría en concurso de acreedores. "Todo apunta a que eso fue la causa", señaló una defensa, y no una apropiación indebida de esos fondos. En ese sentido, habría sido simplemente una "deuda por problema de pagos de la administración" y, en todo caso, la responsabilidad de las deudas de la CEC "ya se juzgó en un concurso de acreedores, que ya está cerrado".

Con todo, el caso quedó visto para sentencia.