Vivienda, ¿derecho o mercancía?

La respuesta a si la vivienda es un derecho o una mercancía para hacer negocio cambiará dependiendo de a quien le preguntes. Obviamente el que se dedica al alquiler de apartamentos turísticos y/o ha comprado viviendas para invertir  lo considera legítimamente un bien para obtener una ganancia económica o rentabilidad. Es decir, como una mercancía.

Pero la vivienda es un derecho esencial, es un bien indispensable de primera necesidad y así viene reflejado en nuestra Constitución Española. Como tal, debe ser regulado y la Administración tiene la obligación de llevar a cabo políticas públicas para garantizar el acceso universal a este bien.

Si la respuesta a esta derecho es que “el mercado se autoregula” (muy propio de PP y PSOE), nos encontramos ante un gobierno que hace dejación de sus funciones, y ante una realidad que, gracias a la implosión del turismo, está implicando la vulneración con intensidad creciente  de ese derecho. Ya solo existe el negocio.

Porque al histórico problema en este país de la dificultad de acceso a una vivienda digna, ahora se le ha añadido el efecto del boom del turismo con sus hostels, hoteles, apartamentos turísticos, ciudadanos de otros países que vienen a teletrabajar atraídos por nuestro clima y pueden pagar precios más elevados…

Y una consecuencia de todo ello es el cambio de los habitantes de determinados barrios como el mío, el Carme, en el que los residentes somos sustituidos por población flotante: ante la imposibilidad de pagar los precios de alquiler o compra que se duplican cada año, y la desaparición de servicios que no sean alquiler de bicicletas, souvenirs o kebabs, vamos siendo expulsados.

Desaparece el derecho a lo colectivo, a la vida urbana construida desde la cohesión, desde los intereses comunes, en la convivencia, a la vida de barrio, al encuentro, a no vivir en un espacio teatralizado.

Desaparece el comercio de proximidad auténtico, con entidad propia, y se va sustituyendo por el comercio dirigido a ese visitante que puede comprar lo mismo aquí que en Córdoba. El barrio pierde su identidad y los residentes se van sustituyendo por visitantes, carentes de lazos afectivos con el entorno.

Así, nos van expulsando de nuestros barrios, de nuestras ciudades. De nuestro entorno donde queríamos vivir y convivir.

Esta realidad habitacional incrementada en la postpandemia y acelerada en el último año, demandaba una regulación para proteger el derecho a la vivienda y el derecho a vida en la ciudad.

Sin embargo, la respuesta del gobierno autonómico del PP a este problema ha sido la contraria a la requerida para proteger los derechos y el bienestar de la ciudadanía. Junto con Vox, han aprobado un Decreto-Ley muy de su estilo: decir que aportan soluciones y cuando lees el texto constatas que han hecho todo lo contrario, eso sí, muy conscientes de los intereses que deben proteger.

Con la nueva normativa autonómica, ni se van a reducir los apartamentos turísticos legales ni los ilegales, solo van a dejar de ser calificados como tal si se alquilan por más de 10 días; tampoco recoge medidas para incrementar las inspecciones, cuando sabe que abundan los ilegales y, por supuesto, las ilegalidades; tampoco facilita a los vecinos instrumento alguno para hacer frente a esta problemática que afecta seriamente a la convivencia, vecinos que tienen que hacer de espías para denunciarlos y con escaso o nulo éxito. Asimismo, recoge todo un manual para convertir bajos en apartamentos turísticos y que la fiesta no pare. Es evidente que el proceso de expulsión de los residentes no parará, porque no se quiere frenar la especulación de un bien de primera necesidad como es la vivienda.

Mientras miran hacia otro lado, ahí están los datos: el 30% de la vivienda en esta Comunitat está siendo comprado por ciudadanos de otros países dispuestos a especular, el precio de los alquileres son los que más han subido de toda España y especialmente en València. Un despropósito que el gobierno del PP se niega a afrontar.

Ya lo dijo el 'president' Mazon: “La Comunitat Valenciana será turística o no será”. Creo que es de las pocas cosas en las que no ha mentido, pues efectivamente para quien ha situado a la secretaria de la patronal hotelera como Consellera de Turismo, la Comunitat Valenciana solo puede tener un destino: el turismo, sin controlar sus efectos sobre los derechos de la gente.

Un territorio al servicio del visitante extranjero, en el que ni tan siquiera se permite a los municipios cobrar una pequeña tasa turística para reinvertir en protección del patrimonio o demás servicios, pues ya se encargó el PP de derogar esta posibilidad. Una renuncia que ha supuesto este año alrededor de 109 millones de euros en toda la Comunitat.

¿Y qué ocurre si te opones a esta política? Que el PP te acusa de turismofobia, con el objetivo de hacer callar las voces críticas con sus políticas.

Pues bien, les aseguro que desde Compromís seguiremos defendiendo los derechos de la ciudadanía y, en este caso, el derecho a una vivienda digna y el derecho al descanso y a la convivencia. En suma, el derecho a la ciudad, al barrio. No nos callarán.