VALÈNCIA. La Conselleria de Vivienda desbloquea el decreto para reactivar en la Comunitat Valenciana la promoción de la vivienda de protección pública (VPP), anteriormente conocida como vivienda de protección oficial (VPO). Una tipología que lleva tiempo en mínimos debido a la desactualización del precio de los módulos -la última hace una década-, mientras los costes de obra, el suelo y las cargas impositivas han ido al alza, lo que ha llevado a los promotores a desistir y dejar de lado este tipo de desarrollos.
Sin embargo, casi un año después de redactar y pactar el texto con el sector, la norma ha conseguido pasar por todos los trámites burocráticos pendientes, a falta de su aprobación en el pleno del Consell, el último proceso para su entrada en vigor. Un trámite que la Conselleria espera conseguir este viernes o el que viene como tarde. El último escollo era el dictamen del Consell Jurídic Consultiu (CJC), que la pasada semana daba al decreto luz verde, por lo que ya no existe ninguna tramitación pendiente para que pueda salir adelante.
Eso sí, todo dependerá de si el órgano consultivo ha puesto reparos importantes a la normativa que haya que introducir. Por ello, desde Vivienda calculan que, en función del dictamen, la aprobación del decreto será o en el pleno del Consell de este viernes o el siguiente, señalan desde el departamento que dirige Héctor Illueca.
En cualquier caso, lo que es un hecho es que la norma, muy esperada en el sector valenciano, llegará antes de final de legislatura para dinamizar la actividad promotora en la región en un momento de emergencia habitacional. Como principales novedades, la normativa recoge la revisión de los precios y la eliminación de las zonas geográficas, que diferenciaba el valor del módulo entre municipios. También, regula aspectos como el alquiler o la colaboración público-privada con los agentes privados, cuestiones hasta el momento poco definidas, así como establece la calificación permanente de las viviendas de protección pública para evitar la especulación.
Y es que en los últimos años los proyectos en régimen VPO han sido residuales, en parte, por la desactualización de la normativa. Por ello, Vivienda se marcó el objetivo de unificar las diferentes normativas existentes -la de 2007, 2009 y 2013- con el fin de simplificar y dotar de mayor claridad y seguridad jurídica la legislación, además de reactivar este tipo de proyectos haciéndolos viables y rentables para los agentes privados.
Solo en la ciudad de València existen cientos de suelos con la calificación de protegidos, tanto públicos como privados, que están parados y en los que se podrían construir 2.312 viviendas, según un informe de la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València (UPV). Nueva oferta que, además, podría destensionar los precios de la obra nueva en la plaza valenciana, en alza desde hace años. De hecho, solo en 2022 el valor de la vivienda de nueva planta en el 'cap i casal' aumentó un 26% hasta rozar los 3.000 euros por metro cuadrado y las previsiones de cara a 2023 auguran que seguirá creciendo hasta un 3%.
Una de las causas que explican el retraso en la aprobación del decreto fue la introducción de una cláusula para fijar una segunda condición al precio máximo de venta. En un principio, se estableció en 2.200 euros por metro cuadrado de superficie útil el máximo para las promociones privadas, pero a la vista de la actual coyuntura económica y el alza de precios se añadió otro condicionante: que nunca supere el precio anual de la obra nueva en base a los indicadores del Colegio de Notarios.
El objetivo es evitar situaciones como en la crisis inmobiliaria, cuando la VPO llegó a ser más cara que una vivienda de renta libre. De hecho, el decreto ya incluía posibles modificaciones en el precio máximo de venta en función de la evolución de los costes de los materiales, siempre que se produzcan variaciones anuales superiores al 5%, tanto al alza como a la baja, para proteger la viabilidad de los proyectos.
A falta de conocer si el CJC ha puesto grandes objeciones al texto, una de las grandes novedades que incluye es precisamente la revisión de los precios y la eliminación de las zonas geográficas que contempla la norma que actualmente está en vigor y que distingue el valor del módulo entre diferentes municipios. Así, por ejemplo, el módulo de VPO en València está en 1.819,2 euros el metro cuadrado útil, mientras que en municipios como Alboraya o Picanya era de 1.576,64. No obstante, ahora se creará una única zona para toda la Comunitat sin distinciones, lo que permitirá homogeneizar todo el territorio valenciano.
Pero, además, no solo pretende ordenar y simplificar la actual normativa, sino también impulsar el alquiler bajo este régimen tanto de promociones públicas como privadas. Y más en un momento como el actual en el que para ciertos colectivos como lo jóvenes es difícil acceder a la compra de un piso. Por ello, también fija los valores máximos tanto de promociones públicas como privadas.
Asimismo, establece que para acceder a una VPO se exigirá como requisito estar inscrito en el registro de demandantes de vivienda de la Generalitat Valenciana. Solamente podrán ser usuarios las personas físicas, aunque las jurídicas podrán acceder a la propiedad de viviendas protegidas únicamente en el caso de que se vaya a destinar el inmueble al alquiler. Además, todos los inmuebles que reciban la calificación de protección pública serán inventariados en el registro de oferta de vivienda de la Generalitat Valenciana para tenerlas registradas y ofrecerlas a los demandantes de vivienda pública, entre otras cuestiones.