Foto: RAFA MOLINAVALÈNCIA/ALICANTE. Un total de 1.000 expedientes sin resolver en ayudas a la rehabilitación por valor de 30 millones de euros. Ese es el tapón que el nuevo equipo de la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda ha detectado de la convocatoria de fondos europeos que se lanzó en 2022. Un bloqueo que ha impedido que las cuantías se ejecuten, lo que ha llevado al nuevo Consell a intensificar los trabajos para desatascar este embudo.
Así se lo trasladó hace unos días el nuevo secretario autonómico, Sebastián Fernández, a las empresas, preocupadas por la escasa ejecución de las partidas y la parálisis en materia de rehabilitación en la Comunitat, pese al envejecimiento del parque inmobiliario construido en la región.
Lo cierto es que la Comunitat Valenciana recibió del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a través de los fondos Next Generation EU, un total de 110 millones de euros para la rehabilitación del edificios y mejora de la eficiencia energética de las viviendas. Un montante plurianual, cuya primera convocatoria, en 2022, salió por 55 millones de euros. A ella se presentaron más de 1.000 solicitudes por valor de 30 millones para adecuar unas 2.300 viviendas.
Sin embargo, según explican fuentes de este departamento, únicamente se han resuelto 60 expediente de esos más de 1.000 presentados, y solo se han ejecutado y pagado ayudas para 11 proyectos. "Estamos tratando de resolver esta situación poniendo todos los medios técnicos posibles para antes de final de año", remarcan.
El problema radica en que la convocatoria se diseñó por concurrencia competitiva, es decir, las solicitudes se atienden y examinan por orden de entrada para comprobar que cumplen con el pliego de condiciones. En el caso de que exista alguna cuestión a subsanar o revisar, el proceso se paraliza hasta que no se resuelve y ello es lo que ha propiciado que el trámite se haya dilatado en muchos momentos. Además, también se acometió una modificación presupuestaria en febrero que afectaba a la cuantía global de los fondos, pero que no se llegó a tramitar, lo que también ha frenado la salida de expedientes.
Por ello, Vivienda trabaja ahora en resolver este atasco antes de final de este año para que las ayudas puedan ir aflorando. Y más teniendo en cuenta que en 2023 se lanzó una segunda edición, por otros 52 millones de euros, y se presentaron otras 1.500 solicitudes de ayudas, que se tramitan en paralelo a la primera convocatoria. No obstante, esa parálisis condiciona todo el proceso porque los técnicos están dedicados a resolver los primeros expedientes.
"Estamos resolviendo los primeros trámites para desatascar la situación generada de la convocatoria de 2022 con el objetivo de descongestionar y proceder al pago de las ayudas para, automáticamente, proceder a la resolución de las de 2023", insisten desde Vivienda.
La solución, en cualquier caso, puede suponer un problema añadido. "En el momento en que Vivienda consiga quitar el tapón, va a haber una avalancha de obras por hacer; no hay ni empresas suficientes ni mano de obra para atenderla", señalan fuentes del sector. Una preocupación que las empresas de rehabilitación trasladaron al secretario autonómico en su reciente reunión.
De forma paralela, la Secretaria Autonómica de Vivienda ultima una tercera línea con los 20 millones de euros de remanente de la primera. Una partida que, de hecho, se ha recogido en el proyecto de presupuestos de la Generalitat de 2024. Eso sí, con una flexibilización del proceso para minimizar la documentación que las comunidades de vecinos, agentes de la rehabilitación y empresas deben presentar para hacer el trámite más ágil.
Y es que otra de las cuestiones que se ha detectado es la rigidez de los pliegos, que también ha dificultado la resolución de las ayudas. Algo parecido a lo que pasó con el PERTE VEC, cuyas exigencias dejaron más de la mitad de los fondos sin ejecutar en su primera edición, lo que llevó al Gobierno a simplificar los criterios.
Por ejemplo, en el caso de estas ayudas a la rehabilitación, se exigía un certificado previo y otro posterior para la sustitución de ventanas. Esto suponía un desembolso inicial por parte del futuro beneficiario sin saber si finalmente recibiría la ayuda. Por ello, la intención es rebajar las exigencias para que haya más solicitantes y se adecúe más inmuebles en la Comunitat Valenciana.
Además, ta y como avanzó en Les Corts la vicepresidenta Segunda y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, se quiere poner en marcha un plan estratégico de rehabilitación, recuperación y ampliación del parque público y otro dedicado al alquiler social con el objetivo de "dinamizar el parque residencial ocupado. Y ello además del gran objetivo de la legislatura que pasa por construir 10.000 nuevas viviendas en la Comunitat Valenciana a través de la colaboración público-privada.
