Carles Puigdemont y Yolanda Díaz, durante su encuentro en Bruselas. Foto: SUMAREspaña vive en un bucle. El Gobierno se empeña, por intereses partidistas, en resucitar los fantasmas del pasado. Enfrenta y divide a los compatriotas. No hay nada que hacer, sólo esperar el desenlace fatídico.
La historia contemporánea de España se repite como un plato indigesto. Los españoles, desmemoriados por naturaleza, no aprenden la lección. Los políticos repiten los errores del pasado. Hay demasiados paralelismos entre la Restauración y el Régimen del 78. Veamos.
Sin ir más lejos, el pasado 13 de septiembre se cumplieron cien años del golpe de Estado de Primo de Rivera. Lo dio en Barcelona, donde era capitán general de Cataluña. La burguesía catalana lo animó a dar ese paso. Esta burguesía lo hizo en 1923, lo volvería a hacer en 1936 apoyando el golpe de Franco, y lo repitió en 2017 de manera más sibilina y artera. Burguesía catalana y golpismo van de la mano.
La Dictadura de Primo de Rivera contó con dos formidables y abnegados colaboradores: el PSOE y la UGT. Mientras los sindicalistas de la CNT eran encarcelados y ejecutados en algunos casos, la UGT era el ojito derecho del general. Tal es así que Largo Caballero fue nombrado consejero de Estado. Muy pocos años después, el execrable Largo Caballero, que tiene monumento en los Nuevos Ministerios de Madrid, decía en 1936 durante un mitin de campaña: “Si triunfan las derechas no habrá remisión; tendremos que ir forzosamente a la guerra civil declarada”.
Primo de Rivera, que destacó por su política de obras públicas y por crear empresas como Telefónica y Campsa, dimitió en 1930, abandonado por todos, empezando por Alfonso XIII. Moriría, muy poco después, en un hotelucho de París. Su primogénito José Antonio entraría en política para defender la memoria de su padre.
Llegó la dictablanda de Berenguer, epílogo de la monarquía constitucional que había nacido del genio político de Cánovas. La Constitución de 1876 había sido la más duradera del parlamentarismo español. Pero todo tiene su final. La Restauración, como hoy el Régimen del 78, era un cadáver. El turnismo de partidos dinásticos —conservadores y liberales— no daba más de sí, igual que sucede ahora con el PP y el PSOE. Unas instituciones corrompidas como las actuales carecían de respuesta para los problemas del país.
En San Sebastián, en agosto de 1930 se reunieron republicanos, monárquicos renegados, socialistas y nacionalistas catalanes para implantar la República. Aprovecharon las elecciones del 14 de abril del año siguiente para forzar el cambio de régimen. En realidad las perdieron en el país, pero ganaron en las grandes ciudades. La monarquía cayó sin defensores. El rey huyó por el puerto de Cartagena. No hubo derramamiento de sangre.
Sólo un mes después, un centenar de conventos e iglesias ardían en España sin que ningún agente del orden interviniese para impedirlo. El Gobierno republicano lo creyó innecesario. Los católicos, en un principio indiferentes al nuevo régimen, se sintieron amenazados. En 1931 Azaña sacó adelante la Ley de Defensa de la República con el fin de perseguir a los que no comulgaban con su política sectaria. Se implantó la censura, se cerraron círculos y diarios monárquicos; se prohibieron manifestaciones; periodistas fueron multados y encarcelados. Este era el concepto de libertad que tenía don Manuel Azaña, gran intelectual y político fracasado.
El Gobierno azañista cayó en 1933 por la matanza de anarquistas en Casas Viejas, un pueblo de Cádiz. Se convocaron elecciones. Era la primera vez que las mujeres iban a votar. Ganaron, ay, las derechas, ganó la CEDA. Pero fue Alejandro Lerroux, jefe del Partido Radical, de tendencia centrista, el encargado de formar gobierno. Los que habían ganado no podía formar gobierno, ¿os suena? En 1934 tres ministros de la CEDA entraron en el Gabinete. La izquierda respondió con un golpe de Estado: revolución social en Asturias, alentada por el PSOE y el PCE, sofocada desde Madrid por Franco, presentado como “el salvador de la República” por la prensa de la época, y la proclamación del Estado catalán por Companys, responsable posterior del asesinato de miles de catalanes católicos y de derechas durante la guerra civil. Hoy da nombre a un estadio olímpico. Companys fue condenado a 30 años de cárcel por un delito de rebelión militar contra la República. Lo enviaron a cumplir la condena al penal de El Puerto de Santa María.
Ayer como hoy, la izquierda y el separatismo le niegan legitimidad a la derecha para acceder al poder. De ello son ejemplos el pacto del Tinell y el cordón sanitario, auspiciado por el siniestro Zapatero. Sólo los progresistas pueden gobernar. Y si las urnas no les favorecen, tuercen la ley o sencillamente se la saltan.
La II República, idealizada por historiadores a sueldo del Régimen, se suicidó con las elecciones de febrero del 36. La izquierda se proclamó vencedora antes de proclamarse los resultados. Urdió un pucherazo colosal que es detallado en el libro 1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular, de Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García. Los partidos del Frente Popular —casi los mismos que apoyarán la investidura de nuestro Dorian Gray— empujaron a las turbas a la calle para simular que habían ganado. La mayoría de los gobernadores civiles del Gobierno de centro-derecha, sintiéndose intimidados por el clima de violencia, huyeron de sus cargos esa noche.
Una de las primeras medidas del Gobierno del Frente Popular fue aprobar una amnistía de la que se beneficiaron miles de personas implicadas en el golpe del 34, entre ellas el despreciable Companys, que fue restituido en el cargo de presidente de la Generalitat. La amnistía, al igual que se hará ahora, se justificó en aras de la convivencia nacional. Pero salió mal. Lo mismo sucederá con esta. Entre marzo y julio de 1936 se contabilizaron 300 asesinatos políticos de la extrema derecha e izquierda, según cifras aportadas por el historiador Stanley G. Payne. El más sonado fue el de José Calvo Sotelo, líder de la oposición (el Santiago Abascal de la época), asesinado por militantes socialistas. El Gobierno prometió que investigaría el crimen pero no hizo nada. Ese día Francisco Franco, denominado miss Canarias por sus compañeros de armas debido a su tibieza, venció las dudas y se sumó al golpe de Mola. El levantamiento militar fracasó dando lugar a una guerra civil y, después, a una dictadura de casi cuarenta años.
Los protagonistas de la Transición hicieron de la necesidad virtud. Fue un apaño, en efecto, un pacto secreto entre las élites —franquistas y antifranquistas—, pero sin olvidar que las primeras seguían controlando el aparato del Estado. No cabía la ruptura, sólo la reforma. Aquello funcionó porque casi nadie quería otra guerra civil. Las figuras de aquel acuerdo nacional han muerto o no pintan nada. Zapatero y su heredero, Catilina Sánchez, reventaron aquel espíritu de concordia. Cavaron trincheras y trabajaron por el enfrentamiento entre compatriotas. Como sus antepasados republicanos, le siguen negando legitimidad a la derecha como sujeto político. Craso error que se pagará caro.
“Como en 1936, una coalición de perdedores quiere seguir en el poder. Como en 1936, están dispuestos a jugar la carta de la amnistía”
Como en 1936, una coalición de perdedores quiere seguir aferrada al poder. Como en 1936, están dispuestos a jugar la carta de la amnistía. Si al final lo hacen, el PSOE y sus satélites políticos le habrán dado el tiro de gracia al Régimen del 78. Habrán cruzado su particular Rubicón, no habrá marcha atrás. Nos adentraremos en terra ignota. Medio país considerará que se ha burlado la voluntad popular. Se sentirá humillado y no reconocerá, en su fuero interno, al Gobierno nacido del contubernio con una recua de partidos reaccionarios, palurdos y racistas. Ese Gobierno será considerado enemigo y traidor a la nación española.
