Voracidad impositiva

La semana que la ministra de Hacienda ha dicho que no contempla "hacer de inmediato ninguna subida fiscal" en el actual contexto de recuperación tras la pandemia y con la guerra de Putin –y porque nos acaba de subir dos impuestos de forma encubierta, debería haber añadido–, el Ayuntamiento de València ha hecho una vez más de perro del hortelano, que ni gasta ni deja gastar, ahora que tanta falta hace que se mueva la economía.

Empezando por lo segundo, la postura del alcalde Joan Ribó es clara en el viejo y recurrente debate sobre los impuestos. Un debate en el que los partidarios de la teoría liberal y la derecha en general dicen –simplificando mucho– que los impuestos deben ser los mínimos imprescindibles para cubrir los gastos de una Administración lo más reducida posible porque "el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos", mientras los partidarios del socialismo moderno y la izquierda en general sostienen –-también simplificando– que los impuestos deben ser altos para tener un Estado fuerte que no deje a nadie en la estacada. Los primeros creen que la fortaleza de un país está en el sector privado con una mínima intervención del Estado y los segundos sostienen que el gasto y la inversión pública en infraestructuras corrigen desequilibrios al mismo tiempo que impulsan la economía. Los liberales dan lecciones cuando la economía va viento en popa y los socialistas se cargan de razón keynesiana cuando el motor se gripa. La combinación más habitual entre estas dos corrientes, el justo medio, se sitúa entre el socioliberalismo y la socialdemocracia.

Lo que nadie defiende, porque es indefendible, es que un ayuntamiento, como es el caso del de València, año tras año ponga impuestos altos y luego no se gaste todo el dinero que recauda; que lo tenga en el banco parado, o que incluso lo utilice para amortizar deuda cuando los tipos de interés son casi cero –paga de intereses menos de un millón de euros al año, el 0,1% del presupuesto– y cuando está presumiendo de que su deuda es de solo el 35% del presupuesto, estando el límite máximo que establece la ley en el 110%. Este año promete seguir bajándola.

Ribó, que en plena pandemia destinó un remanente de 32 millones a saldar deuda con la banca en lugar de a rescatar personas, lo que le fue recriminado hasta por sus socios del PSPV, saca ahora pecho de que le han sobrado casi 80 millones de euros del presupuesto de 2021, habiendo ejecutado solo un tercio de las inversiones previstas, 72 de 224 millones de euros.

Y se felicita junto a su concejal de Hacienda, el socialista Borja Sanjuán, por haber reducido la deuda –74 millones en dos años– cuando al Ayuntamiento de València en estos momentos no le hace falta reducir más la deuda –que sí, que Rita la dejó por las nubes y tiene mucho mérito haberla bajado tanto en estos siete años–; no son los bancos los que necesitan ayuda, son las familias, los comercios y la hostelería la que necesita que emplee ese dinero en políticas que reduzcan sus aprietos. Si no sabe o no es capaz de agotar el presupuesto, otra forma de ayudar es bajar impuestos para dejar esos 80 millones a los ciudadanos, que padecemos una inflación del 7,4%, o a las empresas para evitar más persianas cerradas.

Dos subidas de impuestos encubiertas

Decía al inicio que María Jesús Montero descartó subir los impuestos cuando recibió, esta semana, el informe de los expertos sobre la reforma fiscal, que va a guardar en un cajón hasta 2024 porque vienen elecciones. 

Dijo la ministra que no apretará, después de refreírnos a impuestos el pasado 1 de enero por la puerta de atrás con dos acciones –o más bien, una acción y una omisión– de las que la gente se irá dando cuenta cuando tenga que sacar la cartera. Con una inflación del 7,4% y su correspondiente IVA, la voracidad de los gobiernos parece no tener límites, en perjuicio sobre todo de los que no llegan a fin de mes.

La primera trampa de Montero es la no deflactación de la tarifa del IRPF. Esto significa que si no te suben el sueldo para compensar la subida de precios, que el año pasado fue del 6,5% y este año ya va por el 7,4% interanual, perderás poder adquisitivo; pero si te suben el sueldo o la pensión para que no pierdas poder adquisitivo, lo perderás también porque Hacienda te cobrará más IRPF aunque sabe que eres igual de pobre.

La segunda trampa es la implantación del 'valor de referencia' para calcular los impuestos de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD), los que paga a la Comunidad Autónoma quien compra un inmueble. Hasta ahora, uno adquiría un inmueble, declaraba el importe y pagaba el 10% de ITP. Si Hacienda consideraba que el importe era falso para pagar menos impuestos, hacía una paralela y si el contribuyente recurría, era la Agencia Tributaria la que tenía que demostrar que el inmueble valía más.

Con la nueva normativa que entró en vigor el 1 de enero, Hacienda calcula por nosotros el valor de mercado del inmueble adquirido y obliga a pagar por ITP el 10% de ese importe, no de la cantidad realmente pagada, salvo que esta sea mayor. Esto puede suponer, está suponiendo, pagar al fisco varios miles de euros más de manera injusta.

Así, se dan casos como el de un particular que compra una plaza de garaje y, cuando va a firmar, el notario le advierte de que el precio acordado es inferior al 'valor de referencia' y que tendrá que pagar por ITP no del precio pagado sino del calculado por Hacienda, que es ¡un 59,2% superior! Eso significa que la Generalitat va a ingresar por Impuesto de Transmisiones no el 10% del precio pagado en la compra, como establece la ley, sino el 15,9%.

Cuenta un notario que más de un comprador de vivienda se ha echado atrás en estos dos meses al descubrir, cuando se disponía a firmar, que la factura se elevaba cuatro o cinco mil euros por encima de sus cálculos. Y eso que la propia Dirección del Catastro afirma que el valor de referencia "no debería superar el valor de mercado de un inmueble".

Un abuso más, como el de las plusvalías, derivado del empeño de Hacienda de considerar que todos los contribuyentes son defraudadores y merecen ser tratados como tales.

Con todo, lo que más duele de los sablazos fiscales es cuando ves algunas cosas en las que las administraciones se gastan el dinero.