Vox pide tres años y medio de cárcel para Oltra y la acusa de abandonar a la víctima de los abusos

Según el escrito de calificación de Vox, que ejerce la acusación poular en esta causa, la formación únicamente acusa a Oltra; a la entonces subdirectora general de Infancia; a la ex directora general; a una técnica de la Conselleria y a la directora territorial. En el caso de la exconsellera, la principal persona contra la que se dirige la acusación y para la que más pena de cárcel solicita, reclama además un total de 14 años de inhabilitación para empleo o cargo público. En el escrito, que no se pronuncia sobre responsabilidades civiles, se considera que en los hechos concurre la circunstancia agravante de prevalerse "del carácter público que tenga el culpable".

El pasado 21 de junio se hizo público que el Juzgado de Instrucción 15 de València --encargado de instruir la causa contra Oltra y otros exaltos cargos del departamento que dirigió por el presunto encubrimiento de los abusos a una menor por parte de su exmarido-- dictó el auto por el que procesaba a la exconsellera "por imperativo legal", en aplicación de la decisión de la Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia que reabrió el proceso al entender que no podía descartarse "claramente" la existencia de infracción penal y que concurrían indicios suficientes para encausar a los investigados.

La víctima de los abusos del exmarido de Oltra --que fue condenado en sentencia firme a cinco años de prisión-- también pide tres años y medio de cárcel y 12 de inhabilitación para la exconsellera pero, en su caso, por los delitos de prevaricación, malversación y contra la integridad moral.

Según sostiene Vox, las acusadas, "de común acuerdo y con el ánimo de encubrir los abusos sexuales" cometidos por el entonces marido de Oltra a la menor --y que ella había relatado en febrero de 2017 a una trabajadora del centro donde se encontraba tutelada-- "no denunciaron, a pesar de tener obligación para ello, unos hechos tan graves como unos abusos sexuales a una menor tutelada", bien por encubrir quién era el autor o para "proteger" la "carrera política" de la exconsellera.

En esta línea, considera que no se protegió a la menor "por parte de quien tenía obligación de hacerlo -los acusados-, colocándola en una situación de riesgo, al estar el autor de los abusos sexuales reincorporado al puesto de trabajo que ostentaba en el centro de acogida", un hecho que sucedió en febrero de ese año.

Para ello, una vez que el asunto estaba judicializado, "con la finalidad de determinar la falta de credibilidad de la menor, se le realiza una entrevista y una prueba pericial, todo con el ánimo de desacreditar su versión o influir en su ánimo acusador", recoge el escrito, consultado por Europa Press.

Y con ese fin se acordó la decisión de incoar un expediente --que incluía unos informes-- "utilizando fondos públicos con fines particulares, siendo la finalidad del expediente liberar de responsabilidad a la Generalitat y los acusados".

"Intolerable victimización"

Para esta acusación, la instrucción realizada pone de manifiesto que "pese a mantener una aparente actitud de colaboración con la justicia y de persecución del ilícito penal", a la joven víctima de los abusos "se le ha sometido a una intolerable victimización, alegando una suerte de inverosímil ignorancia deliberada por todos y cada uno de los altos cargos y técnicos intervinientes, respecto al conocimiento del hecho punible en cuestión, así como a la identidad de su autor o responsable", todo ello con el fin de "obstaculizar la investigación" por el parentesco que mantenía el acusado con la exconsellera.

Con todo, "se sumió a la menor en la situación de la más absoluta indefensión y desprotección, arbitrando a tal efecto, mecanismos legales y recursos inútiles a la par que ineficaces por parte de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, con apariencia formal de legalidad, no prestando una asistencia real y efectiva a la entonces menor, ni mucho menos un asesoramiento debido, ni en el ámbito jurídico ni en el plano psicológico, pese a las atribuciones legales conferidas y por ende su obligación imperativa a prestarles la misma", señala el escrito.