Foto: A. PÉREZ MECA/EPVALÈNCIA (EFE). Amparo Molina acudió una mañana a sacar dinero a su banco de Burjassot (Valencia) pero el cajero le dio problemas y la única opción era hacerlo por ventanilla pagando una comisión; se fue a denunciarlo. Carlos San Juan, otro pensionista valenciano, se ha hecho famoso con su campaña reclamando una atención humana en las oficinas bancarias.
Desde hace cuatro años los pensionistas del País Vasco están en pie de guerra y no van a ceder. Su movimiento está "muy vivo", su ejemplo se extiende a otros territorios y las demandas de los mayores aumentan.
Son símbolos de una marea de mayores que ha dicho "basta ya" y conseguido un impacto por el que durante años han peleado muchas asociaciones ante la discriminación y el aislamiento que les provocan acciones tan cotidianas como hacer la declaración de la renta, pedir una cita para el médico o ir al banco.
Carlos San Juan, jubilado valenciano de 78 años, ha recogido ya 550.000 firmas a través de la plataforma Change.org para reclamar atención humana en las sucursales bancarias y este martes, 8 de febrero, las entregará en el Ministerio de Economía.
San Juan, que hasta ha sido entrevistado por un medio de comunicación francés, trasladó su petición en una conversación telefónica al gobernador del Banco de España y la semana pasada se reunió con el alcalde de Valencia y el conseller de Hacienda de la Generalitat.
Sólo finalizará su campaña cuando se vean "resultados a pie de calle. Estamos hartos y queremos realidades", asegura a EFE, motivado para continuar por "las personas que no pueden transmitir su voz, que no tienen capacidades para hacerse oír, están excluidas o viven solas".
Porque el objetivo de esta campaña es que las entidades bancarias atiendan a los mayores de forma directa en horario de oficina por la mañana, sin trabas tecnológicas y con más paciencia. Para muchos, explica, sacar dinero o hacer una transferencia se vuelve imposible si es a través de una aplicación, y no tienen que quedar excluidos por haber llegado tarde a la digitalización.
El trato humano ha sido el eje de la vida de este médico especialista en urología jubilado. "No basta con una medicina fría, hay que tener sensibilidad, saber lo que necesitan los pacientes", afirma en un paralelismo con la atención que reclama a la banca.
"Carlos San Juan ha hecho en quince días más que las asociaciones en años; no nos han hecho caso y llevamos insistiendo en que estas situaciones discriminatorias generan exclusión y humillación en las personas mayores", explica a Efe, Juan Manuel Martínez Gómez, también médico jubilado y presidente de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (Ceoma).
Esta plataforma, que agrupa a las principales entidades de mayores, ofrece desde hace años formación en tecnología y la han seguido miles de mayores, "pero el paso lo deben dar también las administraciones, los centros comerciales o las entidades de seguros; no es un solo un problema de los bancos, que también, porque el dinero es necesario para vivir; es uno más en el día a día, como cuando vamos a comprar un billete de tren".
"A todo esto se suma el miedo a acudir a los centros de salud y a los hospitales, las dificultades para pedir hora, para ponerse en contacto con sus médicos; además de agravarse las enfermedades crónicas, se están produciendo situaciones de depresión sobre la patología previa. Debe haber un trato preferencial en atención primaria y la telemedicina puede facilitar el seguimiento de los mayores", añade Martínez, de 77 años.
En el caso de los bancos, apuesta por aplicar una "fórmula transitoria", es decir, que una persona atienda a los mayores y les enseñe en el manejo de las gestiones telemáticas. "Nos preocupa el número de robos que están sufriendo algunos mayores en los cajeros, por personas que se acercan con la excusa de ayudar".
La Unión Democrática de Pensionistas (UDP) de Castilla-La Mancha ha ofrecido una posible solución a ese problema: instalar cajeros automáticos en los ayuntamientos de los pueblos para aportar servicio y seguridad a los mayores.
También ayudaría, según Ceoma, que se haga una fila de atención preferente para los mayores de 65 años en administraciones y entidades privadas, como ya ocurre en algunos centros comerciales.
El segundo rostro en la lucha por una atención humana en los bancos también vive en la Comunidad Valenciana. Amparo Molina, vecina de Burjassot, con problemas de movilidad, presentó una denuncia ante la Guardia Civil a finales de enero tras negarse a pagar dos euros de comisión para poder retirar dinero en la ventanilla en su sucursal al no haber podido sacar dinero con la cartilla en el cajero.
"Han cambiado las tornas, esto es como si vinieran los banqueros y nos dijeran 'manos arriba, esto es un atraco', parece una película de Berlanga", afirma a EFE con humor esta mujer, también jubilada, que se fue del banco sin su dinero pero sin "doblegarse".
Molina cree que su causa es "de sentido común" y "de derechos humanos". Se ha dirigido tanto el servicio municipal de Consumo de Burjassot, como al Síndic de Greuges (defensor del pueblo) y el miércoles envió una carta al ministro de Consumo, Alberto Garzón, para que medie con los bancos.
"Es difícil poder llegar a tiempo a unos horarios de atención muy limitados, además de tener que esperar haciendo cola de pie en la calle, más las personas con problemas de movilidad", le cuenta en su misiva. "Nunca me he rendido, he luchado siempre y voy a seguir con esto hasta que lo consigamos", afirma.
El Movimiento de Pensionistas de Bizkaia asegura que está "muy vivo" y que mantiene "muchísimas ganas de seguir luchando en la calle" para impedir que "desaparezcan las pensiones públicas" y para que sus cuantías permitan vivir dignamente a todos los pensionistas, especialmente a las viudas.
Pocos días después de haberse cumplido el cuarto año del nacimiento de este movimiento en Bilbao, el lunes 15 de enero de 2018, Andrea Uña, una de sus miembros, recuerda aquella primera convocatoria ante la explanada del Ayuntamiento de Bilbao a la que asistieron entre 50 y 60 pensionistas convocados por redes sociales.
Desde entonces las concentraciones se suceden lunes tras lunes en la capital vizcaína y 70 municipios más del País Vasco y llegaron a congregar 120.000 personas en marzo de aquel año, cuando la ministra de Trabajo del gobierno del PP Fátima Báñez comunicó a los pensionistas que la subida de sus pensiones volvería a ser del 0,25 %, como en los 6 años anteriores.
Lo que nació como un pequeño acto de protesta por el cansancio de los pensionistas ante esas pequeñas subidas de las pensiones, que no alcanzaban a compensar el incremento del coste de la vida, se convirtió en poco tiempo, según ha destacado Andrea Uña, en "un gran movimiento social, plural, transversal e independiente de partidos y sindicatos".
Y han conseguido "objetivos importantes", como la vuelta a la revalorización de las pensiones en función del IPC, "aunque nos siguen engañando, porque no aplican el IPC real sino que se inventan unas medias, con lo que cobramos menos de lo que ha subido el IPC real", lamenta Uña, o la desaparición del factor de sostenibllidad que introdujo el gobierno del PP.
Y también han logrado que gastos que se hacían a cargo de la caja de la Seguridad Social se hagan a través de los presupuestos del Estado, que todos los partidos lleven en sus agendas el problema de las pensiones y que hayan reconocido que las pensiones públicas "son sostenibles".
Pero Uña recalca que quedan objetivos por conseguir, como que se establezca una pensión mínima de 1.080 euros para que "todas las personas puedan vivir dignamente cuando lleguen a la edad de jubilación y no entrar en el umbral de la pobreza", y la mejora de las pensiones de viudedad para evitar que "la pobreza tenga cara de mujer".
El desgaste propio del paso del tiempo y la pandemia de la covid ha hecho que muchos se hayan retraído, a lo que se suma que "muchos militantes" de partidos de izquierdas y sindicatos, "aunque no todos", precisa, dieron por conseguidos los objetivos de "revertir algunas de las políticas más regresivas y duras de la etapa del PP", al alcanzar el Gobierno el PSOE y gobernar en coalición con la izquierda.
Pero advierte: "el movimiento está muy vivo, no estamos cansados, tenemos muchísimas ganas de seguir en la calle para hacer pedagogía, especialmente entre los más jóvenes, de que los derechos se defienden, y estamos convencidos de que esta batalla por unas pensiones públicas, dignas y suficientes, la vamos a ganar".
El Gobierno pide al PP que no "vuelva a caer en el mismo error" de "traicionar a la ciudadanía" y apoye el último acuerdo de pensiones
