Banquillo de los acusados durante el juicio del 'caso Emarsa'. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA (EFE/Jordi Ferrer). La investigación penal del caso Emarsa, una de las causas recientes de corrupción más mediáticas, cumple diez años y sus principales actores judiciales reconocen a EFE su satisfacción por la intensa labor hecha, tan dura que les dejó secuelas, pero admiten que quizá el escándalo no fue del todo resuelto.
El caso Emarsa, que tantos titulares y detalles escabrosos ha regalado, tanto por el saqueo de dinero público, cercano a los 25 millones de euros, como por los desmanes cometidos por sus cabecillas, fue recibido con indignación en mitad de una intensa crisis económica mientras se iban conociendo los abusos de cargos públicos y personal de confianza de distintas Administraciones.
En junio de 2018 los 24 acusados fueron condenados a más de 90 años de cárcel por saquear la empresa pública que gestionaba la depuradora más grande de la Comunitat Valenciana -la de Pinedo (Valencia)- y pocos meses después el Tribunal de Cuentas les exigió que devolviesen cerca de 21 millones de euros.
Cuando se cumplen diez años del inicio de la investigación penal, el juez de Instrucción 15 de Valencia, Vicente Ríos, admite a EFE: "Sería un soberbio, un auténtico tonto, si pensase que lo descubrimos todo y que el asunto se esclareció por completo, pero hicimos todo lo que pudimos con los recursos a nuestro alcance y estamos satisfechos".
Esa reflexión la realiza un juez con 38 años de experiencia, que jamás antes se había enfrentado a una causa de tal magnitud, y que admite que "más que frustración", lo que le costó este caso fue "una enfermedad, por puro agotamiento".
Se refiere a un intenso trastorno por estrés y ansiedad que le tuvo noqueado durante más de un año tras concluir la investigación: "Fueron tres años de tensión sostenida, trabajando hasta 18 o 20 horas diarias, y por mucho oficio que uno tenga el cuerpo dijo que ya valía".
La factura de esta causa judicial también fue cara para la fiscal del caso, que tras la instrucción afrontó el juicio y que desde entonces sufre dolencias físicas que atribuye a la intensísima exigencia física y mental de aquellos momentos.
Entre octubre de 2011 y noviembre de 2014 la pequeña sala polivalente del Juzgado de Instrucción 15 fue cambiando poco a poco la disposición de los muebles para albergar los cerca de 500 tomos (más de 200.000 folios) de un sumario apilado en decenas de "torres" y al que se puso punto y final con un auto de procesamiento de más de 1.000 folios.
Ríos insiste en que contó con un equipo de colaboradores "bien engrasado", con quienes trabaja desde hace 30 años -incluso más con alguno de ellos-, pero su implicación en la causa fue tal que llegó incluso a memorizar los DNI o domicilios de los procesados. A fuerza de dictar una resolución tras otra, su juzgado, su mente y su vida se adaptaron a esta única tarea.
Coinciden en esa opinión desde la Fiscalía: "La instrucción fue rápida y muy ordenada. Los refuerzos fueron esenciales para que la causa saliese adelante. Creo que quizá la clave fue que pudimos ir por delante de las defensas. Además, no nos desviamos de la línea principal de investigación. Pese a que era fácil perderse en posibles ramificaciones que no pasaron de sospechas o intentos de enturbiar el caso, se centraron los esfuerzos en lo que se podía acreditar".
"Se comprobaron todas las cuentas, no sé si el dinero pudo ir a parar a otros sitios, pero creo que más no se pudo robar, fue escandaloso", añaden desde el Ministerio Público.
"Desde la primera declaración, la de Esteban Cuesta -exgerente de Emarsa-, ya nos dimos cuenta de que todo aquello nos iba a impedir continuar con la actividad normal del juzgado. En nuestra bendita inocencia dedicamos un mes a las declaraciones... Fueron tres años", recuerda el juez Vicente Ríos.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat y la Fiscalía Provincial anduvieron rápidos y coordinados, a juicio de los protagonistas, que destacan la implicación personal de Pilar de la Oliva -presidenta del TSJCV- y Teresa Gisbert -fiscal jefe de la provincia, actualmente fiscal superior-. Por primera vez en Valencia, hubo un juez de refuerzo, también gestores y técnicos de Hacienda en labores de apoyo.
"En un primer momento no teníamos escáner ni impresora propia, tampoco funcionaba entonces Lexnet -el sistema informático de notificaciones- así que citábamos a todos los procuradores al mismo tiempo para entregar todo. Hubo más de 2.000 resoluciones", explica Celia Aliaga, gestora de Instrucción 15.
"No me alegra que nadie acabe en prisión pero estoy muy satisfecho del trabajo de mi equipo. Las cosas se hicieron de forma debida y sin restricciones de derechos, sin intervenciones telefónicas, ni registros ni detenciones preventivas, salvo la de la exmujer del empresario fugado Jorge Ignacio Roca, que me mintió en una declaración y trató de ocultar su verdadero domicilio", añade Ríos.
El juez insiste en sus respuestas en que "los tiempos y los medios de un juzgado no son los de las películas de CSI. Tenemos muchos recursos y los empleamos todos, pero no vamos a ser tan soberbios de pensar que hemos llegado a esclarecer todo lo que había".
"Uno llega hasta donde llega, con la ley en la mano. Tratas de aproximarte a la verdad real, pero hemos de ser conscientes de las limitaciones que tenemos. Esa misma sensación también la tengo en otras causas más sencillas, de menor complejidad", añade.
El día que varios operarios acudieron con carros para retirar los cientos de tomos del sumario de Emarsa, al juez Vicente Ríos se lo contaron, porque estaba de baja tras varios episodios de ansiedad. Sus compañeros tomaron fotos del vaciado de la sala y la vuelta a la normalidad de un juzgado que queda ya marcado por este proceso.
