Este sitio web hace uso de cookies con la finalidad de recopilar datos estadísticos anónimos de uso de la web, así como la mejora del funcionamiento y personalización de la experiencia de navegación del usuario. Política de Cookies Aceptar

30 entes públicos de Ayuntamientos de Castellón tendrán que auditar sus cuentas de 2019

10/02/2020 - 

CASTELLÓ. Treinta entidades públicas dependientes de municipios de más de 5.000 habitantes de la provincia de Castellón tendrán que auditar sus cuentas de 2019. En total cerca de 200 entidades de toda la Comunitat Valenciana tendrán que rendir cuentas en 2020. Es la novedad que se desprende del Real Decreto 424/2017 que aprobó el Ministerio de Hacienda y Función Pública y que regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del sector público local. 

Fruto de esta ley, los ayuntamientos tendrán que impulsar el control interno de sus entidades dependientes (consorcios, organismos autónomos, entidades públicas empresariales y sociedades mercantiles públicas) en aquellas poblaciones que superen los 5.000 habitantes. El objetivo es lograr un control económico-presupuestario más riguroso y reforzar el papel de la función interventora en las entidades locales.

Así, el órgano interventor de la Entidad Local realizará ya en 2020 la auditoría de las cuentas anuales relativas al pasado ejercicio de los organismos autónomos locales, las entidades públicas empresariales locales, las fundaciones del sector público local – obligadas a auditarse por su normativa específica- los fondos y consorcios y las sociedades mercantiles y fundaciones del sector público local no sometidas a la obligación de auditarse que se hubieran incluido en el Plan de Auditoría.

Mayor transparencia y confianza para las entidades públicas  

Desde el Colegio de Auditores de la Comunidad Valenciana valoran esta nueva ley como “muy positiva” ya que “dotará de mayor transparencia a todas estas entidades y mejorará la confianza en el sector público, al igual que sucede en la empresa privada. La auditoría no solo satisface la creciente demanda social de transparencia y responsabilidad corporativa, sino que aporta confianza y credibilidad a las entidades financieras, atrae capital extranjero y facilita la concesión de créditos”, explica Rafael Nava, presidente del Colegio de Auditores de la Comunidad Valenciana en un comunicado emitido este lunes.

Así, tal y como apunta el presidente del órgano colegial, “este Real Decreto contempla la posibilidad de establecer mecanismos de colaboración o contratación orientadas a garantizar el control efectivo tanto económico como presupuestario, reforzando el papel de la función interventora en las entidades locales”. Los auditores consideran que la colaboración público -privada será fundamental para que estas medidas se implementen de forma eficaz. Además, los auditores tienden la mano a apoyar a aquellos interventores que lo necesiten desde las áreas de formación y tecnología.  

next