VALÈNCIA. Principio de acuerdo en el Botànic para desbloquear una de las leyes pendientes que más preocupaba a los socialistas en este tramo final de la legislatura: la reforma del Estatuto de Expresidentes. Una norma planteada por Podem para restar "privilegios" a los Molt Honorables que había quedado encallada el pasado mes de noviembre, cuando el PSPV rechazó junto al PPCV todas las modificaciones legales planteadas por los morados y que habían sido respaldadas por Compromís.
Ahora, sin embargo, las últimas negociaciones podrían desbloquear su tramitación. Los socialistas trasladaron la semana pasada al grupo que dirige Antonio Estañ que estarían dispuestos a aceptar uno de los puntos que incluía la reforma que resultaba más significativo para los morados: la posibilidad de que Les Corts puedan revocar a un Molt Honorable cuando éste haya sido condenado por sentencia firme por un delito contra la administración ocurrido antes, durante o después de su mandato.
Para ello, será necesario que lo proponga un tercio del total de los diputados de la cámara y de dos grupos parlamentarios. Y para que salga adelante, deberá ser aprobado por una mayoría reforzada de dos tercios de la cámara; es decir, 66 diputados.
Una cesión por la que los morados se prestarían también a corresponder con la misma moneda si ello permitiera "hacer una ley mejor que la que está en vigor ahora mismo". Renunciarían así, aseguran fuentes del grupo parlamentario, a algunas de las exigencias que planteaban en la reforma como que los expresidentes del Gobierno valenciano sean miembros natos del Consell Econòmic i Social (CES) y no del Consell Jurídic Consultiu (CJC), apartado que más rechazo causaba en los socialistas.
El cambio de cromos no es baladí, pues serviría para liberar una cuestión que ha sido una piedra en el zapato a lo largo de toda la legislatura que ha dividido en dos bandos a los partidos que sustentan el Ejecutivo valenciano: a Compromís y Podem por un lado, y al PSPV por otro.
No en vano, es la segunda vez que se tramita esta reforma porque la primera vez que se intentó modificar fracasó, ya que la iniciativa fue rechazada por unanimidad cuando llegó a un pleno de Les Corts tras superar todo un trámite parlamentario. Incluso el grupo que entonces dirigía Antonio Montiel votó en contra porque no había sido admitido ningún cambio sustancial sobre la ley original.
Sin embargo, la formación morada rescató su propuesta cuando Francisco Correa, el máximo cabecilla de la trama Gürtel, confesó antes de que se iniciara el juicio de la financiación ilegal de los populares valencianos en la Audiencia Nacional que el PP de Francisco Camps había pagado en 'b' a Orange Market.
El PSPV, no obstante, ya advirtió a Podemos que no apoyarían la iniciativa que pretendía quitarle ciertos privilegios a los Molt Honorables como los coches oficiales, el uso de oficinas o que dejaran de ser miembros natos del CJC y pasaran a serlo del CES al considerar que se estaba legislando contra una persona concreta -Camps- y no pensando en el conjunto. Con este escenario, el pasado mes de noviembre los socialistas votaron en contra de todas las enmiendas a la ley, enfrentándose así también a Compromís.
Desde entonces, la norma había quedado paralizada en Les Corts, pues sin los votos de los socialistas, Compromís y Podem quedaban en una minoría parlamentaria que abocaba a que la ley volviera a quedarse como está actualmente. Ahora, sin embargo, tanto los socialistas como los morados están dispuestos a ceder cada uno en una cuestión. El PSPV evitará de esa manera un enfrentamiento a puertas de elecciones con Compromís -con quienes forman gobierno- y el grupo de Estañ conseguirá cambios trascendentales en la ley como la revocación cuando exista sentencia firme.
Lo cierto es que uno de los principales cambios que sugería el texto de los morados -al que se oponen en rotundo tanto PSPV como PPCV- afectaba al futuro de los exjefes del Consell una vez abandonan la Presidencia del Gobierno valenciano.
Actualmente se convierten en miembros natos del Consell Jurídic Consultiu (CJC), órgano en el que pueden estar durante 15 años. Podemos y Compromís proponían que pasaran a formar parte del Comité Económico y Social (CES), donde solo permanecerían un máximo de 5 años no prorrogables y que además sería incompatible "con el ejercicio de cualquier lugar de responsabilidad ejecutiva en las administraciones públicas".
La diferencia entre la pertenencia a un organismo u otro -además de las funciones encomendadas- es que en el CJC perciben una retribución y en el CES, no.
Ahora bien, la aritmética parlamentaria hace que el punto en cualquier caso sea inviable (como todos los demás si los socialistas no cedieran): PPCV y PSPV suman una mayoría parlamentaria de 54 votos, mientras Compromís, Podem, Ciudadanos alcanzarían apenas los 45 votos si consiguieran, además, que los no adscritos se posicionaran de su lado.
No es de extrañar que, con este contexto, Podem esté dispuesto a renunciar a este punto de la ley para conseguir que el PSPV acepte al menos una de las reformas que hasta el momento no aceptaban como era la revocación. De lo contrario, el resto del articulado sería rechazado en el pleno como la primera vez.
Pero no será el único cambio. Más allá de la revocación y el CES, la ley planteaba otras modificaciones sobre las que también se podrían alcanzar acuerdos. Una de ellas, sobre la necesidad de que los Molt Honorables rindan cuentas anualmente presentando en Les Corts Valencianes una memoria de actividades y económica justificativa de la dotación presupuestaria asignada para la oficina de apoyo que se les ofrece.
Sí que se mantendría, sin embargo, la seguridad personal. Podem quería que esta fuese proporcionada si fuese pertinente -es decir, si hubiera riesgo sobre su seguridad física-, pero es un apartado ante el que el PSPV no cambiará su postura.
