José María Toro, presidente de Aerte. Fotos: KIKE TABERNERVALÈNCIA. La deuda de la Conselleria de Igualdad con el sector de las residencias para mayores y dependientes ya está por encima de los 34 millones de euros. Así lo traslada el presidente de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat Valenciana (Aerte), José María Toro, quien apunta a las tensiones que se pueden generar a nivel económico en muchas de las compañías que prestan el servicio y que no cobran desde hace meses por parte del departamento de Mónica Oltra.
"La situación de pago de facturas se ha vuelto muy preocupante. Estamos notando un retraso importante que puede acabar generando tensiones a las distintas entidades que prestan servicios a las personas en situación de dependencia", señala Toro. El mayor volumen de esta deuda llega por no abonar la administración servicios pendientes del concurso de más de 3.000 plazas para residencias adjudicado el pasado año, cuyos retrasos varían dependiendo de la provincia.
En Castellón, donde hay adjudicadas 285 plazas, hay pendiente de pago dos meses y su deuda asciende a más de 900.000 euros. En el caso de Alicante el retraso es de 3 meses, que teniendo en cuenta las 845 plazas suma impagos por un importe superior a cuatro millones. En Valencia, las plazas adjudicadas son 1.706 y el plazo de retraso es de cinco meses, por lo que suma la mayor cifra de deuda de las tres provincias, 13,5 millones.
A la deuda generada por el impago en el marco de la licitación se suman otros programas pendientes de cobrar que en algunos casos se remontan a noviembre de 2018, como los bonos residencias, un sistema por el que se deben 7,7 millones de euros. También tienen pendiente el pago de las prestaciones económicas individuales de servicios a residencias, que superan los 8,2 millones. "Hay servicios que no tienen ni siquiera contrato en vigor y se están cobrando por expedientes de resarcimientos", lamenta Toro. Desde la Conselleria de Igualdad justifican la situación señalando al mal que afecta a la Generalitat en su conjunto, la falta de liquidez por la no formación del Gobierno de España.
Y es que la falta de actualización de las entregas a cuenta a las comunidades por parte del Estado ha generado una situación de tensión en el Gobierno valenciano que ha puesto incluso sobre la mesa del Consell la necesidad de realizar recortes en algunas partidas no ejecutadas. De hecho, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reconocía hace unos días que la Comunitat Valenciana puede ser una de las autonomías que antes se vea afectada por la situación, al estar más lejos de cumplir con el objetivo de déficit y tener un peor trato del sistema de financiación autonómica.
No obstante, la ministra quitaba hierro al asunto y se aventuraba a señalar que, como son cantidades incluidas en el presupuesto se pueden gastar, aunque tengan problemas para pagar la factura y empeore el periodo de pago a los proveedores. Y eso es justamente lo que ha pasado. "Es cierto que tenemos un problema de tesorería ahora, por eso es tan importante que recibamos esos 730 millones de euros y hacer frente a esos pagos", señalaba la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, en una entrevista publicada por Valencia Plaza. "Nos preocupa que se cierre la caja de la Generalitat Valenciana y se aumente la deuda de manera exponencial", manifiesta el presidente de Aerte. Y es que la factura se engrosa a razón de 8 millones por cada mes impagado.
"En anteriores legislaturas también teníamos el mismo sistema de financiación y los actuales gobernantes eran muy duros con temas de dependencia. Debemos recordar que Mónica Oltra lleva como responsable de las políticas sociales ya 5 años", lamenta Toro. Además, lamenta las declaraciones de Oltra sobre el tipo de empresa que sostiene el sector residencial que complementa el servicio de la Generalitat. "Pienso que no es lo mismo que te sostenga la deuda una multinacional que el ferretero de la esquina. Habría que hablar sobre priorizar a los que el retraso del pago les supone un impacto insostenible", apuntaba la vicepresidenta del Consell.
Sin embargo, el presidente de Aerte asegura que el 65% de las empresas que trabajan en el sector son pymes valencianas y no multinacionales. No obstante, insiste en la necesidad de abonar los servicios en tiempo. "Aunque fueran multinacionales, los compromisos hay que pagarlos cuando corresponde, sino sería como si nuestras empresas decidieran pagar, en caso de impago de la Conselleria como ocurre ahora, las nóminas de la plantilla de profesionales y no cumpliéramos con Hacienda porque tiene mucha más capacidad de aguante. Nuestra obligación es atender todos los pagos", recalca.
Desde la patronal de las residencias también apuntan a la tasa que pagan a la Generalitat cada mes las personas usuarias de los centros residenciales por el servicio que reciben y que cifran en un media de 450 euros."¿Qué hace la Generalitat con ese dinero?¿Por qué no paga al que presta el servicio que sería lo lógico?", insiste. El importe total cobrado a las personas usuarias durante estos meses de retraso, según cifra Toro, es cercano a los 6 millones de euros, dinero con el que, según asegura, podía haber reducido la deuda con las residencias.
De hecho, recuerda que los retrasos también se están produciendo en entidades de menores y en el concierto social de mayores. "Se suponía que esa era la fórmula idónea para darle estabilidad financiera a las entidades sin ánimo de lucro y están cobrando igual o peor que antes. ¿Si acaban cerrando algunos de estos centros, qué va a ocurrir con las personas atendidas?", insiste. Como señalaba este medio a principios de agosto, la deuda de Igualdad con las entidades sin ánimo de lucro que atienden en sus centros a menores tutelados por la Generalitat superaba ya los 30 millones de euros.
