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abre la puerta a las privatizaciones

El PP cuela vía enmienda en Simplifica el aumento de plazas y reducción de personal en residencias

Foto: KIKE TABERNER
13/12/2024 - 

VALÈNCIA. El pasado 28 de noviembre, PP y Vox aprobaron el proyecto de Ley de Simplificación Administrativa. Una norma que introduce una infinidad de cambios en numerosas leyes de distinto calado; entre ellas, la de Servicios Sociales validada en su día por el Gobierno del Botánico que integraban PSPV y Compromís. 

Algunas de las modificaciones afectan a cuestiones trascendentales como las ratios de personal, las condiciones de trabajo de los empleados de las empresas concesionarias o el número de plazas asistenciales que los centros privados de mayores pueden prestar. Cambios normativos que, aunque aprobados por populares y voxistas en comisión el pasado 29 de octubre, fueron introducidos en el trámite parlamentario vía enmiendas por el Partido Popular.

Una de las modificaciones más significativas afecta al número de residentes que podrán acoger los centros. La ley 3/2019 impulsada por el anterior gobierno establecía que las residencias de mayores "no podrán superar las 75 plazas residenciales cuando se encuentren ubicadas en zonas rurales o zonas con riesgo de despoblamiento". También vetaba superar las 90 plazas si los centros se ubicaban en "localidades o zonas de densidad mediana", ni las 120, en caso de que se situaran en ciudades o zonas pobladas. 

Sin embargo, la Ley de Simplificación hace tabla rasa y fija un tope de 150 plazas a las residencias, independientemente de dónde estén situadas. Algo que, según denunció este jueves el sindicato UGT, "sobrecargará el sistema" porque "duplicará" el número de residentes a pesar de que las instalaciones sean las mismas. Y todo ello junto a la reducción de las ratios de personal. O lo que es lo mismo: habrá más usuarios, pero menos empleados para atenderles.

En este sentido, la Ley de Simplifica -ya en vigor- modifica la disposición transitoria novena de la ley del Botánico. Mientras la normativa anterior fijaba como objetivo que en enero de 2025 las ratios fueran de 35 auxiliares por cada 100 residentes, ahora la exigencia será de 29 por cada centenar de usuarios. Y, un año después, en enero de 2026, se aspira a que sean 32 por cada 100, mientras el objetivo que fijaron Compromís y PSPV en la antigua ley eran 37. 

Conviene apuntar, además, que el Consejo de la Dependencia, a nivel estatal, recomienda que la ratio de auxiliares en residencias sea de 43 por cada 100 residentes, lo que supone que los objetivos marcados en Simplifica sean de 10 trabajadores menos. Un cambio legal que, según UGT, supondrá una masificación de los centros y el deterioro de la calidad asistencial. 

Gestión directa y mantenimiento de instalaciones

El proyecto de Ley de Simplificación Administrativa, que tiene rango de ley y cuyo espíritu perseguía reducir la burocracia, también elimina aspectos especialmente relevantes como que la gestión directa sea la forma de provisión preferente de los servicios sociales. Ello incluye los servicios de acogida y atención ante situaciones de necesidad social -atención y diagnóstico-; el servicio de promoción de la autonomía personal, el servicio de inclusión social, los servicios de infancia y adolescencia, los servicios de diversidad funcional o los de violencia de género. 

En definitiva, y según denuncia el sindicato, lo que antes era de gestión directa por la administración pública será susceptible de privatizarse, como por ejemplo la valoración de la dependencia o la atención a víctimas de violencia de género, tanto mujeres como sus hijos.

Por otra parte, el texto legal -enmendado el 10 de octubre- también permite que se puedan privatizar los servicios de mantenimiento de las instalaciones e infraestructuras de servicios sociales. Para ello, los populares modificaron el primer apartado del artículo 92 de la ley, donde incluyen que la Generalitat podrá contratar con la iniciativa privada "el mantenimiento de las infraestructuras donde se realizan tales prestaciones". 

Suprime los contratos indefinidos

Asimismo, eliminaron la obligación de que los contratos en los centros sean indefinidos. A través de una enmienda, se suprimió uno de los apartados de la antigua ley que obligaba a que la "plantilla estable del centro estuviera contratada por tiempo indefinido. 

Conviene recordae que la Conselleria que dirige Susana Camarero ya modificó a través de esta norma el decreto que regula la tipología y funcionamiento de los centros, servicios y programas de servicios sociales. Si desde Servicios Sociales ya abordaron la ampliación del plazo para que las residencias de mayores cumplieran con los ratios de plantilla, con esto buscaba extenderlo a otro tipo de centros. 

En la modificación señalada, se aprobó el aplazamiento del cumplimiento mínimo de la ratio de personal, marcada en tres tramos. Estos se aplazaron del 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre en el primer tramo. El tramo previsto a 1 de enero de 2026 se aplazó hasta el 31 de diciembre. Mientras, el máximo incremento aplaza su cumplimiento de 2027 a 2029 con una ratio de auxiliares. Con el último, el PP también buscaba el aplazamiento para el resto de los servicios y centros de servicios sociales. 

"Cubrir el déficit de plazas del Botànic"

Desde Servicios Sociales, la directora general de Personas Mayores, Beatriz Simón, explicaron que estas medidas tienen como finalidad "cubrir el déficit de plazas del Botànic que dejó a 25.000 personas en lista de espera". Sin embargo, desde UGT criticaron que esto se haga a costa de reducir las exigencias a las empresas y el empeoramiento de la prestación de los servicios. 

"El Consell apuesta por un servicio individualizado mejorando las ratios de personal, por lo que mientras el Gobierno anterior licitó en 2022 con una ratio de profesionales por usuario de 0,40 (40 profesionales por cada 100), las licitaciones del Consell se realizarán desde ya en 0,45 y en 0,50 desde marzo de 2026", explicó Simón. No obstante, el objetivo del gobierno de PSPV y Compromís era alcanzar la ratio de 61 empleados a principios de 2026 y 68 al finalizar 2027, según consta en la anterior ley. 

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