María José Salvador, consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. Las conselleries de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural y la de Vivienda son las únicas que incumplen el precepto de la Ley General de Subvenciones que obliga a la administración a disponer de un plan estratégico en el que fijar con carácter previo los objetivos, plazos, coste y forma de financiación de las ayudas que reparten en régimen de concurrencia competitiva.
Así lo pone de manifiesto la Sindicatura de Comptes en su informe de fiscalización sobre las cuentas de la Generalitat del ejercicio 2018, en el que señala que todos los departamentos del Consell han aprobado ya sus respectivos planes estratégicos de subvenciones excepto los que encabezan María José Salvador y Elena Cebrián.
La actuación también contraviene el artículo de la ley autonómica de subvenciones (Ley1/2015) que impone a las conselleries que tengan previsto otorgar ayudas públicas la obligatoriedad de elaborar un plan estratégico a tres años con el detalle sobre las mismas tanto directamente como a través de sus organismos públicos dependientes.
Desde 2015, la Conselleria de Vivienda ha concedido más de 82 millones de euros en subvenciones, mientras que Agricultura ha canalizado cerca de 19 millones a través de la Secretaría Autonómica de Medio Ambiente y 99 millones por la Secretaría Autonómica de Agricultura, según los datos recogidos en el portal GVA Oberta.
Durante el último ejercicio, 15 de los 18 millones en subvenciones concedidas por la Secretaría Autonómica de Agricultura fueron concedidos en concurrencia competitiva sin contar con el preceptivo informe estratégico sobre cuantías y justificación de las mismas.
En el caso de Vivienda, en 2017 se otorgaron mediante el mismo procedimiento y sin plan estratégico más de 2,4 millones sobre un total de 7,5 millones.
Por otro lado, el informe de la Sindicatura destaca que, con cargo a la partida de reintegro subvenciones, se han registrado 16,9 millones para ejecutar la sentencia de la Comisión Europea de 2013 que declaró Ayudas de Estado ilegales los contratos adjudicados a Retevisión para el despliegue de la TDT en zonas remotas y menos urbanizadas.
No obstante, la Conselleria de Hacienda considera que ese reintegro no llegará a hacerse efectivo porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sentenció a finales de 2017 que España no tendría que recuperar las ayudas concedidas entre 2005 y 2009 a los operadores de televisión digital terrestre (TDT) en zonas poco urbanizadas, con lo que anulaba la decisión de la Comisión que las declaraba ilegales.
