Mónica Lorente, entre los 34 acusados en Brugal, en el juzgado. Foto: PEPE OLIVARES ALICANTE, (EFE). La fiscalía Anticorrupción de Alicante está previsto que ofrezca este miércoles su posición sobre la validez de las intervenciones telefónicas que han desvelado las presuntas irregularidades en torno al contrato de basuras de la ciudad de Orihuela, origen del denominado caso Brugal.
Los dos fiscales Anticorrupción alicantinos, Felipe Briones y Pablo Romero, harán este miércoles uso de la palabra ante el tribunal de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, que enjuicia la supuesta trama de corrupción política y empresarial de la adjudicación de las basuras oriolanas.
A comienzos de marzo y durante dos sesiones, los abogados de los 34 acusados, entre ellos los exalcaldes de Orihuela del PP Mónica Lorente y José Manuel Medina, y el industrial Ángel Fenoll, expusieron las cuestiones previas, donde la petición para invalidez de las escuchas fue el denominador común.
Además de este asunto, la fiscalía Anticorrupción también tendrá que pronunciarse sobre otros aspectos planteados por los letrados de los acusados durante las cuestiones previas, como el prolongado secreto de las actuaciones durante la instrucción: 36 meses entre la primavera de 2007 y 2010.
La investigación de las presuntas ilegalidades en la adjudicación del contrato de basuras de Orihuela destapó 17 piezas separadas sobre supuestas irregularidades en toda la provincia de Alicante.
Este juicio a 34 acusados por la presunta trama de corrupción política y empresarial sobre el contrato de recogida y tratamiento de basuras de Orihuela se prolongará hasta finales de año.
La investigación comenzó en 2006 por el posible amaño en el contrato local de las basuras durante la etapa del alcalde popular Medina, y de las 34 personas que se enjuician, quince han tenido o tienen la condición de autoridad o funcionarios públicos, como el referido Medina y Lorente y siete exediles de la corporación municipal.
Para Medina, Anticorrupción pide 12 años de prisión, para su sucesora Lorente 8 y para el principal implicado, Fenoll, un total de 37 años y 8 meses.
Sostiene que Fenoll, que destapó el caso al creer que no se le iba a adjudicar el contrato de basuras de Orihuela, conformó una presunta trama mafiosa que extorsionó a cargos públicos con la amenaza de revelar grabaciones con información relevante para "doblegar su voluntad".
Entre las piezas separadas del Brugal destacan la investigación del plan zonal de residuos de la Vega Baja -por la que deberá ser juzgado el expresidente de la Diputación y del PP de Alicante Joaquín Ripoll- y la que indaga una presunta trama de corrupción en torno al urbanismo de la capital provincial, con los exalcaldes populares Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo entre los acusados.
