Foto: Foto: I. CABALLER/CORTSVALÈNCIA (EP). La Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) registró el año pasado 226 denuncias por presuntas prácticas irregulares en la administración, hasta el 85% presentadas por buzón electrónico, y un aumento de las relacionadas con malas prácticas en la contratación pública hasta representar el 32% del total. Actualmente tiene a 24 personas protegidas por denunciar estos hechos, la mayoría funcionarios del ámbito local, tras recibir 35 solicitudes en 2020.
Así lo recoge la memoria anual de la oficina, presentada este martes en Les Corts por su director, Joan Llinares, por primera vez en formato electrónico. A lo largo de sus más de 220 páginas recoge el año de mayor actividad de Antifraude desde su puesta en marcha en 2017 a causa del virus y la crisis.
Durante 2020 abrió 58 investigaciones y 226 expedientes frente a los 21 y 168 del año anterior (+176% y 34,5%, respectivamente). Hasta el 64% de las denuncias tenían que ver con administraciones municipales, seguidas por la Generalitat y el sector público autonómico (22%).
Las relacionadas con contratación pública aumentaron del 25 al 32%, mientras las que tenían que ver con recursos humanos pasaron del 28 al 40% en un año. De las 226 denuncias se han resuelto 36 expedientes, dos de ellos se han trasladado a órganos judiciales y cuatro al Tribunal de Cuentas.
Durante todo el año, Antifraude realizó 358 requerimientos de información a varias administraciones, nueve entrevistas personales en su sede y seis intervenciones en otras administraciones públicas.
Por zonas, el 51% de las denuncias corresponden a la provincia de Valencia, el 31% a Alicante y el 7% a Castellón, mientras el 12% restante tiene que ver con instituciones autonómicas. El buzón electrónico se mantuvo como el canal prioritario, aunque la AVAF mantuvo la posibilidad de presentar denuncias presencialmente a pesar de los confinamientos y las restricciones.
Cuatro de cada diez denuncias se presentaron de forma anónima, lo que supone un descenso respecto a años anteriores. Entre los denunciantes identificados, el 53,1% fueron personas físicas y, de media, ocho de cada diez fueron hombres.
Tras estas cifras, el director de Antifraude ha destacado la incidencia de casos como el enriquecimiento injusto, los contratos menores fraccionados "con toda la intencionalidad" o el abono de facturas sin contratación, lo que supone que hay empresas que acaban imponiendo sus criterios
También ha advertido de la falta de personal en las administraciones, cuando es algo que "deberían de tomarse muy en serio" y que ha agudizado el virus, o de los fraudes en oposiciones como alguno "muy burdo" en el que alguien directamente facilitó las respuestas a un aspirante. "La selección pública es algo muy serio", ha recordado, para evitar que los funcionarios sean mediocres o estén "cautivos" de quien le ha facilitado el puesto.
Esta oficina es la única a nivel nacional que puede otorgar el estatuto de persona protegida a un denunciante, a lo que obliga la normativa europea. "Antes de acabar 2021, España deberá legislar al respecto, esperemos que no sea un paso atrás", ha defendido Llinares.
Un "importante avance" detectado en 2020 es que los grupos parlamentarios de Les Corts aprobaron por unanimidad el establecimiento de unas normas reguladoras de la contabilidad y el control de las subvenciones que tienen asignadas, que estarán en vigor a partir de 2022.
Entre las recomendaciones, Antifraude insta a reforzar los mecanismos de prevención e integridad en la gestión pública para hacer frente a las consecuencias de la covid-19 y a potenciar la sensibilización de la sociedad contra la corrupción mediante una estrategia nacional.
"Una sociedad en la que desaparezcan las formas antiguas de cinismo social que combina, de manera aparentemente contradictoria, el escándalo ante casos concretos de corrupción pero sigue admirando al corrupto porque los bienes públicos no son de nadie", expone en la memoria.
Entre los grupos políticos, el diputado del PP Miguel Barrachina se ha preguntado si "la memoria de Antifraude recoge cómo vamos a recuperar los 530.000 euros defraudados por el clan Puig", en relación a las subvenciones concedidas a productoras relacionadas con el hermano del 'president' de la Generalitat y líder del PSPV, Ximo Puig, o si "cometió fraude reuniéndose con una testigo que pidió protección".
Por contra, la nueva portavoz de Ciudadanos, Ruth Merino, ha agradecido la labor de la agencia y ha descartado que esté "funcionando mal u ocultando datos". Su compañero Tony Woodward ha destacado su labor fundamental contra el fraude y ha prometido estudiar la memoria a fondo.
Entre el Botànic, la síndica socialista en funciones, Carmen Martínez, ha reprochado al PP sus "ataques" a Antifraude cuando es "el partido que está inmerso en tantos casos de corrupción que podría tener un grupo parlamentario en la cárcel". Ha asegurado que actúa de forma completamente independiente y que "por eso en el Partido Popular están nerviosos y la utilizan políticamente cuando les conviene".
Fran Ferri (Compromís) ha garantizado que la agencia debe velar por el cumplimiento de la ley: "No creamos Antifraude para que fuera una nueva entidad más para figurar, sino para que actuara, mientras otros partidos se dedican a perseguirla".
Y de Unides Podem, su síndica, Pilar Lima, ha mostrado su preocupación porque "la derecha, especialmente el PP, sigue con su campaña acoso y derribo contra Antifraude cuando debe ser independiente y hay que dejar que trabaje".
Por su parte, el Síndic de Greuges, Ángel Luna, ha instado a la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat a respetar "el derecho fundamental" de los diputados de Les Corts Valencianes "a solicitar datos, informes y documentos a todas las instituciones y organismos de la Generalitat".
Así se recoge en la recomendación que Luna ha remitido a esta entidad a partir de la queja planteada por la portavoz adjunta del PP en la Cámara autonómica, Eva Ortiz, respecto al acceso por parte de los parlamentarios a la información publicada por dicha agencia.
El escrito del Síndic de Greuges, al que ha tenido acceso Europa Press, explica que la queja de Ortiz aludía a una información en la que desde la dirección de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude se hablaba de que Ortiz y otras diputadas 'populares' "abusan del ejercicio de sus derechos reconocidos en el Reglamento de Les Corts para solicitar información" al citado organismo.
Asimismo, señala que se refería también a un escrito remitido por el responsable de la agencia a la presidencia de Les Corts para exigir la reinterpretación del artículo 12 del reglamento de la Cámara valenciana "de un modo que impida a los diputados el pleno ejercicio de los derechos que tienen reconocidos".
"No solo obvia así el director de la agencia que el Reglamento de Les Corts no es una norma con rango de ley más, sino que goza de una posición ordinamental privilegiada frente al resto del derecho autonómico valenciano y se haya integrado, como el Estatuto de Autonomía, en el bloque de constitucionalidad", apuntaba la parlamentaria en su queja según el Síndic.
