Institut Valencià de Cultura VALÈNCIA. El Institut Valencià de Cultura vuelve a sumar un conflicto laboral que se ha resuelto con un nuevo palo. Pero un palo que servirá de poco o de nada, directamente, porque casi dos años tarde. La Agencia Valenciana de Antifraude publicó un informe fechado a finales de enero en el que concluían una denuncia del sindicato CGT a raíz del nombramiento de Dolores Romero como subdirectora de Gestión y Administración. El organo de control estima parte de las afirmaciones de esta.
Todo empieza en febrero de 2019, cuando el sindicato envió un escrito denunciando arbitrariedades en los cambios de cargo de la funcionaria y una dejación de funciones al mantenerla en un puesto “provisional” más de tres años. Según CGT, en la reordenación de CulturArts cubrió varias vacantes “temporales” en diciembre de 2015, en unos puestos que -por tanto- no podían mantener más de seis meses y que se tenían que afianzar con la publicación de una RPT (Relación de Puestos de Trabajo) y el consecuente proceso selectivo. En 2016, el TSJCV condena a la Generalitat por no haber publicado las RPT en varios organismos, entre los que estaba el IVC, que finalmente subsana la laguna en 2017, mientras la propia Dolores Romero renuncia a su puesto en 2018. Esta “dejación de funciones” acreditada por la Agencia Valenciana de Antifraude también afectaría a Gemma Contreras, subdirectora de Conservación.
Por otra parte, cuando Dolores Romero renuncia voluntariamente a su cargo como subdirectora de Gestión y Administración, volvió a su puesto como Jefa de Sección de Gestión Administrativa y de Régimen Jurídico. Sin embargo, trece días más tarde permuta las funciones de este puesto con el de otra funcionaria del IVC a través de dos modificaciones de la adscripción de estas. Es decir, emitió dos órdenes: una en la que la Jefa de Sección de Gestión Administrativa y Régimen Jurídico para de depender a la Subdirección General de Gestión a la Dirección General; y otra en la que la Jefe de Sección de Gestión Cultural pasa de la Dirección General a la Subdirección General de Gestión. De facto, una permuta de funciones en dos cargos que no son iguales, puesto que uno responde a la gestión cultural y otro al régimen jurídico.
A ojos de la CGT en su denuncia, la “reordenación” y el “baile” de puestos y trabajadoras se hizo “de acuerdo con sus preferencias personales” y no el interés general, algo que también acredita Antifraude en su informe: “el cambio de adscripción de los puestos no estaba justificado dentro de la estructura y funcionamiento del IVC, advirtiéndose al respecto que dicho cambio no contó con la adecuada y suficiente motivación fundamentada en el interés general”. Además la decisión de esta permuta, que tomó el Director General del IVC, Abel Guarinos, recaía en realidad en el Consejo de Dirección de la entidad, algo que también censura el informe.
Por otra parte, Antifraude no ve acreditadas otras dos cuestiones sobre las que apunta la denuncia de CGT, ni ve una restricción de la libre concurrencia en la convocatoria de mejora de empleo para la plaza de Jefe de Sección Cultural, ni “dispone de elementos de juicio” para determinar si otro movimiento de plazas funcionariales (entre el IVC y el IVCR+i) responde al interés general, por lo que le pide al IVCR+i, por lo que pidió una ampliación de la argumentación de las causas que nunca se ha remitido.
¿En qué queda esto? Pues que, tras la denuncia en febrero y la inspección a lo largo de 2019 en le que la Inspección General de Servicio ya manifestó sus dudas ante el proceso, se aprobó el 27 de diciembre de ese mismo año una RPT que validaba los cambios hecho, dejando sin efecto cualquier anulación. Sin embargo, la Agencia pide -en una de sus recomendaciones- que se instruya “el oportuno expediente en orden a determinar la exigencia de responsabilidad que corresponda”, en alusión a Abel Guarinos. Además, pide que la dirección del IVC establezca las directrices para que las convocatorias públicas de la RPT cumplan aquellas lagunas que ha habido en estas.
El sindicato CGT, con el que ha podido hablar este diario tras la publicación del informe, critica duramente el fallo ya que “no deja de ser otro órgano de control” que “solo recomienda y no toma acciones legales”. “Es una falta de respeto porque los sindicatos no tenemos capacidad de llevar esta cuestión a la Justicia y esta orden se quedará en nada”, auguran. “Las responsabilidades disciplinarias no se se aplican, y mientras hay órganos de fiscalización con presupuestos millonarios que, en la práctica, solo sirve para duplicar lo dicho por la Inspección General de Servicio dos años después”, añaden.
El mismo informe alerta de la desidia de las instituciones implicadas: si la Inspección General de Servicios pidió una ampliación (que fue aceptada por el IVC) de la memoria para subsanar las dudas sobre el cambio de puesto entre el IVC y el IVCR+i, esta no se ha llevado a cabo. De hecho, el informe provisional de Antifraude, remitido a la Conselleria de Educación y al IVC, no recibió alegación ni respuesta alguna por parte de ninguna de las dos administraciones. Es más, el IVC ni siquiera hizo caso a la notificación y ni la recogió, algo que el sindicato valora como “una absoluta falta de respeto”.
El informe definitivo emplaza a que en un plazo de un mes se establezca un plan para poner en marcha las dos recomendaciones. Según ha podido saber Culturplaza, el IVC y Antifraude aún no se han reunido para hacer eso efectivo, habiendo agotado ya el plazo, aunque sí está previsto que se haga.
