MADRID (EFE).La Audiencia Nacional ha aplazado hoy el juicio de cuatro acusados de blanqueo de capitales del saqueo de la sociedad pública Empresa Metropolitana de Aguas Residuales de Valencia (Emarsa), gestora pública de la depuradora de Pinedo (Valencia), al no haber remitido Andorra documentación de cuentas bancarias con las que supuestamente se cometió el delito.
La Fiscalía pide en esta causa cinco años de prisión y una multa de 1,9 millones de euros para los empresarios Jorge Ignacio Roca Samper y Vicente Gil Usedo así como para los hijos de este último, Vicente y María Gil Blay, y que indemnicen a Emarsa en 690.108 euros.
Al comienzo de la vista la defensa de Vicente Gil y de sus hijos ha pedido el aplazamiento del juicio al no haber llegado la documentación requerida por comisión rogatoria a Andorra relativa a los extractos de movimientos bancarios de estos con los que tratan de acreditar que el dinero no procede de la citada empresa pública.
Además, Jorge Ignacio Roca ha alegado que no puede ser juzgado en esta causa ya que en la relación de delitos por la que fue extraditado en 2016 desde Moldavia a España no figura el de blanqueo de capitales.
La presidenta de la Sala, Teresa Palacios, ha mostrado su sorpresa por el hecho de que Roca haya planteado ahora esta cuestión, ya en la fase de enjuiciamiento y no antes, y le ha emplazado a que lo haga por escrito.
El tribunal ha accedido al aplazamiento del juicio a la espera de que llegue dicha documentación y previamente resolverá si Roca se tiene que sentar en el banquillo de los acusados ante lo que ha alegado hoy.
El caso Emarsa se abrió en 2010 para investigar el supuesto saqueo de la empresa pública Emarsa, gestora de la depuradora de Pinedo, y derivó en una treintena de imputaciones en distintas piezas por el desvío de 23,5 millones de euros.
En su escrito de conclusiones provisionales, la Fiscalía acusa a Roca Samper y a Vicente Gil Usedo de haber abierto una cuenta en Andorra en octubre de 2010, en la que el segundo se identificó como ebanista jubilado y fabricante de abanicos y 'souvenirs', y a la que el primero transfirió 690.108 euros, supuestamente fondos públicos de Emarsa obtenidos de forma ilícita.
El pasado junio, la Audiencia Provincial de Valencia condenó al exgerente de Emarsa Esteban Cuesta a 12 años y medio de prisión y al exvicepresidente de la Diputación de Valencia Enrique Crespo a 10 años por estos hechos.
También fueron condenados, entre otros, el exgerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana (Epsar) José Juan Morenilla (9 años de prisión), el exdirector financiero de esa empresa dependiente de la Generalitat Enrique Arnal (8 años y 6 meses) y el exresponsable de informática de Emarsa Sebastián García (7 años y 6 meses).
Según la sentencia, los principales responsables de la empresa pública que gestionó la depuradora de Pinedo articularon "un sistema fraudulento de facturación con el que lograron el desvío de 23,5 millones de euros de dinero público" entre 2004 y 2010.
"Para ello se concertaron con varios empresarios para que emitieran facturas por servicios no prestados o por un importe muy superior al coste real, de modo que incorporaron a su patrimonio o al de familiares y amigos el dinero defraudado", según la misma resolución.
En ese circuito de blanqueo ideado por los máximos responsables de la trama habría sido determinante la supuesta participación de los cuatro acusados del blanqueo de capitales.
