Aplican dilaciones indebidas en 'Gürtel' que podrían reducir las penas de los valencianos procesados

VALÈNCIA. Los procesados por la dos piezas del caso Gürtel vinculadas con la Comunitat Valenciana, los contratos del estand de grandes eventos de Fitur y la visita del Papa, cuentan con una nueva baza para, en caso de condena, aminorar las penas a las que podrían enfrentarse. Se trata de la aplicación de dilaciones indebidas muy cualificadas que los magistrados de la Sala Segunda de la Audiencia Nacional han apreciado en la última sentencia emitida dentro de esta macrocausa, concretamente en la sentencia de la pieza de Jerez. 

De todos los investigados en las tramas vinculadas con Valencia, el único que podría solicitar las dilaciones indebidas, pero no está claro que se las aprecien, es el expresidente de la Generalitat Francisco Camps, ya que fue imputado en la pieza de Fitur tras el juicio de la financiación irregular del PPCV, hace solo dos años. El resto de procesados llevan bastantes más años esperando el juicio.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Castellón Plaza, la Sala estima la petición de las defensas porque "el procedimiento ha estado parado" en diversas ocasiones. Entre ellas, un de las más importantes, es que estuvieron dos años esperando a que el juicio se celebrara, pues "la providencia de 4 de diciembre de 2017 señaló la composición del tribunal" tras un incidente de recusación, pero el juicio no se celebró hasta dos años después.

El letrado valenciano Juan Carlos Navarro ha estado como defensa en el caso Gürtel desde prácticamente el principio de la misma. De hecho llegó a defender durante varios años al presunto cabecilla, Francisco Correa. Preguntado por la sentencia de Jerez, Navarro explica que "a su juicio tenían que haber otorgado más medios a la policía, pero ha interesado que se cree un embudo y entre cuentagotas la investigación y, así, que la misma siga viva. La causa tiene más de un millón de documentos que tuvo que investigar un grupo muy reducido de personas que ha llevado no solo esta investigación, sino muchas otras, y finalmente ha desembocado en que la sala dictamine las dilaciones".

Las consecuencias reales de que la Sala de Lo Penal de la Audiencia Nacional comience a apreciar esta atenuante, como muy cualificada, es que las penas se pueden reducir hasta en dos grados. Esta reducción implicaría que los procesados que sean condenados se podrían encontrar con una condena de la mitad de años de prisión que pide el Ministerio Fiscal.

Visita del Papa

En el caso de la pieza de la visita del Papa, el magistrado instructor abrió juicio oral en mayo de 2016, hace tres años y medio, pero el juicio está señalado para marzo de 2020, casi cuatro años después de la emisión del auto, un auto irrecurrible por las partes. Ese parón es incluso superior al apreciado por la Audiencia Nacional en el juicio de Jerez. Las defensas consultadas por este periódico aseguran que "es prácticamente seguro que la Sala siga su propio criterio y por tanto, en caso de condena, la penas sean muy inferiores a las solicitadas por las acusaciones".

En este juicio se sentará en el banquillo el exvicepresidente del Consell y expresidente de Les Corts Juan Cotino y se dirimirá si hubo amaño en los contratos de las pantallas y megafonía a empresas de la red para los actos de la visita de Benedicto XVI a València. En la causa están procesados, por los presuntos contratos fraudulentos, además de Cotino, para quien el fiscal pide 11 años de cárcel, una veintena de personas. De ellas es el exdirector de la televisión pública valenciana (RTVV) Pedro García Gimeno, sobre quien recae la mayor petición de pena, 40 años.

También se juzgará a varios altos cargos de RTVV, así como al cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa (que se enfrenta a 38 años de cárcel); su número dos, Pablo Crespo (37); Álvaro Pérez, 'El Bigotes' (37), y el considerado blanqueador del grupo y exvicepresidente de Repsol YPF Jose Ramón Blanco Balín (18), todos ellos ya condenados por otras piezas de la trama.

Los hechos se acotan a la contratación de alquiler de pantallas, mantenimiento y megafonía, cuyo coste, 7 millones de euros, supuestamente fue fijado por los imputados, quienes decidieron que lo asumiera el ente público RTVV, que a su vez lo adjudicaría a través de Teconsa, empresa pantalla del grupo Correa.

Fitur

La pieza de Fitur es la que ha llevado a la Justicia a sentar en el banquillo como procesado al expresidente de la Generalitat Francisco Camps, por segunda vez, siete años después de salir absuelto por un jurado popular del juicio de los trajes. La Fiscalía Anticorrupción solicita para Camps una pena de dos años y medio de cárcel, pena que la acusación popular, ejercida por el PSOE, aumenta hasta los nueve años.

Dos patas sostienen la acusación contra Camps por los delitos de prevaricación, fraude y tráfico de influencias. Esas dos patas son su amistad con Álvaro Pérez, 'el Bigotes', y el haber contratado a la trama dirigida por Francisco Correa presuntamente para calmarle por la morosidad del Partido Popular de la Comunitat Valenciana por los gastos electorales.

La primera de ellas, su amistad con uno de los ya condenados como cerebros de la trama Gürtel, Álvaro Pérez, al que llamó "amiguito del alma" para después negar esa amistad, centraba parte del auto de apertura de juicio oral. Según expone el magistrado, de la investigación se puede concluir que Camps "tenía una relación personal de amistad y de confianza" con Álvaro Pérez, al menos desde 2003 cuando empezó a hacer actos para el PPCV, y añade que, esta relación, además, "era también una relación personal y familiar con alto grado de amistad y de confianza".

La otra pata es la deuda que tenía el PPCV con Orange Market por la organización de actos electorales, que llegó a superar los 800.000 euros y que tenía al tridente formado por Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez desesperados. A este respecto, expone en su auto José de la Mata que "Camps estaba plenamente al corriente de la existencia de la deuda, así como también de los dos procedimientos que se implementaron para pagarla".

Fue entonces, según la investigación, cuando Camps ordenó contratar con Orange Market "para favorecer a dicha empresa como venía haciendo desde 2005 a cambio de su paciencia y resignación ante el impago de la multimillonaria deuda". Hecho que se sustenta, según De la Mata "en un arsenal de indicios muy consistentes" que han quedado "suficientemente acreditados".