Foto: POOL MONCLOAVALÈNCIA/MADRID (VP/EP). El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética que contempla la desacarbonización al 100 por 100 de la economía española en 2050. El proyecto normativo es uno de los tres pilares del Marco Estratégico de Energía y Clima, del que también formarán parte el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y la Estrategia de Transición Justa.
Durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la ministra portavoz, Isabel Celaá, ha dicho que el paquete normativo es la "combinación de anhelo y realidad que quiere poner en marcha el Gobierno con este proyecto que está en línea con los objetivos de la Unión Europea".
La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha presentado el conjunto normativo para "facilitar y orientar" la descarbonización de la economía en 2050, de acuerdo con la Agenda 2030 y el Acuerdo de París contra el Cambio Climático.
"Hemos visto el marco estratégico de energía y clima que mejora la calidad de vida de los ciudadanos y es una apuesta par facilitar la modernización de la economía, el empleo en sectores y campos en los que tenemos gran potencial y que nos colocará en el provenir garantizando la equidad", ha subrayado Ribera.
Así, defiende que este es un marco "ambicioso, equilibrado, modernizador y plenamente factible" que permitirá la creación y "reposicionamiento" la industria, las energías limpias y generará efectos positivos para el desarrollo del medio rural, el medio ambiente, la salud y la justicia social.
Se trata, ha dicho, de una propuesta "sólida, transversal" y que maximiza las sinergias "de forma convincente" en la que han participado todos los Ministerios, el conocimiento científico y se han analizado más de "mil" variables.
El anteproyecto de Ley plantea dos fases, a 2030 y a 2050. El primero de ellos, 2030, marca el objetivo de reducir al menos un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) respecto a los niveles de 1990; generar al menos el 70% de electricidad con energías de origen renovable; asegurar al menos el 35% del consumo final de energía procedente de renovables y mejorar la eficiencia energética en, al menos un 35%.
Por tanto, Ribera ha dicho que reducir las emisiones un 20% respecto a 1990 en 2030 supondrá eliminar "una de cada tres toneladas de dióxido de carbono" y para llegar a una neutralidad de carbono en 2050 se deberán reducir las emisiones de CO2 en al menos un 90% con respecto a 1990.
Para alcanzar estas metas el Gobierno prevé aprobar subastas de por lo menos 3.000 megawatios renovables cada año y desarrollar un nuevo marco de retribución para la generación renovable que se base en el reconocimiento a largo plazo de un precio fijo por la energía generada y que se otorgarán mediante procedimiento de concurrencia competitiva y se podrá distinguir entre distintas tecnologías de generación.
Otras de las medidas contempladas en el anteproyecto de ley es que solo se podrán dar nuevos beneficios fiscales a productos energéticos de origen fósil si están "debidamente" justificados por motivos de "interés social o económico" o por la "inexistencia de alternativas tecnológicas".
Además, se deberá elaborar un informe sobre el régimen fiscal que se apliquen a los productos energéticos de origen fósil que incluirá un calendario para revisar estas ayudas.
La Administración General del Estado y los organismos, entidades que forman el sector público estatal deberán desprenderse en dos años de todas las participaciones o instrumentos financieros de empresas o entidades cuya actividad mercantil esté ligada a la extracción, refinado o procesado de productos energéticos.
También se fomentarán los combustibles alternativos, como el gas renovable, el biometano y el hidrógeno y en la aviación se promoverá el uso de biocarburantes avanzados y otros renovables de origen no biológico.
Una vez que entre en vigor la ley no se darán nuevas autorizaciones para explorar, investigar hidrocarburos o nuevas concesiones ni en tierra ni en aguas territoriales, ni tampoco se podrán desarrollar proyectos de fractura hidráulica ('fracking'). Las prórrogas vigentes no podrán extenderse más allá del 31 de diciembre de 2042.
En la actualidad, dado que el transporte es el responsable de más del 26% de las emisiones contaminantes y del 42,1% de las de óxidos de nitrógeno, el anteproyecto establece en 2050 la fecha en la que el parque de turismos y vehículos comerciales ligeros deberá ser libre de emisiones directas de CO2. Como paso intermedio, los nuevos coches y furgonetas serán cero gramos de emisión de CO2 por kilómetro "no más tarde en el año 2040".
En este proceso el Gobierno trabajará para acompañar al sector de la automoción y pondrá en marcha medidas para facilitar la penetración de estos vehículos. También se creará una Mesa de la Movilidad en la que participarán todos los agentes implicados.
La ley contemplará que el Ejecutivo deberá elaborar una 'Estrategia de Movilidad Sostenible, Intermodal y Conectada' que analizará las desigualdades en el acceso a modos de transporte más limpios, la transformación digital en el transporte y la necesidad de una mejor planificación y eficiencia de las inversiones para el transporte.
Asimismo, los municipios de más de 50.000 habitantes deberán contar, antes de 2023 con zonas de bajas emisiones y poner en marcha medidas para facilitar el uso de la bicicleta, los desplazamientos a pie y otros medios de transporte activo, así como mejorar el transporte público, que deberá ser electrificado de forma progresiva.
Las gasolineras y estaciones de servicios que en 2018 vendan más de 5 millones de litros de gasolina al año tendrán que contar con, al menos, una infraestructura de recarga eléctrica con una potencia igual o superior a 22 kw. En el transporte marítimo, los puertos también deberán ser cero emisores de CO2 en 2050.
Por otro lado, el anteproyecto contempla que para incentivar la economía baja en carbono, al menos el 20% de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) deberán tener un impacto positivo en el cambio climático y este objetivo se revisará al alza antes de 2025. A partir de 2020 los ingresos de las subastas de derechos de emisión de GEI se destinarán los objetivos de cambio climático y las leyes de PGE podrán destinar, hasta el 30% de estos a medidas de transición justa.
En general, la Administración General del Estado no podrá construir o licitar obras que no sean de consumo de energía casi nulo o de materiales no sostenibles y más allá de 2030 no podrá tener alquilados inmuebles que no dispongan de la consideración de "casi nulo" que establece el Código Técnico de Edificación.
Los bancos, empresas cotizadas, aseguradoras y sociedades de gran tamaño deberán elaborar un informe cada año que evalúe el impacto financiero de los riesgos asociados al cambio climático, al tiempo que el Banco de España, la CNMV y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones cada dos años evaluarán los riesgos para el sector financiero del cambio climático, para su envío al Congreso de los Diputados.
En materia de adaptación se definirán indicadores que medirán el impacto del cambio climático y que se integrarán en las decisiones por los riesgos asociados en la planificación y gestión hidrológica, transporte, costa, suelo y biodiversidad.
Otras de las medidas será desarrollada por el Ministerio de Educación, que deberá revisar los itinerarios de formación y habilitación profesional y elaborará un plan para impulsar en el empleo en los sectores "motor" del crecimiento en la transición hacia un desarrollo bajo en carbono.
El anteproyecto será sometido ahora a información pública hasta el 22 de marzo y recabará informe de los Ministerios y del Consejo de Estado antes de su aprobación como proyecto de Ley por el Ejecutivo.
