VALÈNCIA. El Juzgado de Instrucción número 9 de València ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa contra el expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus en relación al desvío de los fondos de un contrato para la renovación del alumbrado público de Llutxent.
Según han informado a EFE fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el juzgado considera que las declaraciones incriminatorias realizadas por el exgerente de Imelsa Marcos Benavent en sede judicial el pasado 7 de mayo "carecen de todo sentido y realidad".
Se trata, según el tribunal, de "presuntas excusas para derivar en otros sus presuntas responsabilidades, a determinar en juicio oral, en su caso", y en este sentido, archiva también la causa en relación a un presunto intermediario, J.E.E.
En un auto dictado por el titular del Juzgado el pasado 19 de julio, este acuerda abrir procedimiento abreviado contra tres investigados (Marcos Benavent, un ex director financiero de esta firma, José Enrique Montblanch, y el administrador único de la empresa Flying Tiger SL, V.C.N.).
A los tres se les imputa un delito de estafa en concurso con otro de falsedad en documento privado y un delito de malversación de fondos públicos en relación a las irregularidades detectadas en el proyecto de renovación del alumbrado público de la población de Llutxent, que contaba con un presupuesto de 60.445 euros.
El juez considera que la investigación ha acreditado que las facturas presentadas por Flying Tiger SL fueron pagadas en enero de 2013 con la autorización de Benavent pese a que no existe "ningún soporte documental relativo al proyecto, a los supuestos trabajos facturados ni a cualquier cuestión relacionada con ello".
Fuentes conocedoras del caso explicaron en junio a EFE que Marcos Benavent responsabilizó a Rus de haber ordenado el desvío de los fondos de ese contrato, que finalmente fueron a parar, según el testimonio del autodenominado "yonki del dinero", al club de fútbol Olímpic de Xàtiva, que presidió Rus.
Esta investigación, aunque se inició con anterioridad al conocido como caso Imelsa, que investiga el Juzgado de Instrucción número 18, se enmarca en la supuesta trama corrupta que desvió fondos públicos de la corporación provincial.
Este asunto, el desvío de más de 60.000 euros de un proyecto para la renovación del alumbrado de Llutxent, fue denunciado inicialmente por la Diputación de Valencia, cuyo entonces presidente, Alfonso Rus, responsabilizaba a Benavent y otro empresario, Vicente Calvo, de haberse quedado el dinero.
Sin embargo, tras la declaración de Benavent del pasado 7 de mayo, la participación de Rus pasó de querellante a investigado, aunque el juzgado ha decidido finalmente sobreseer la causa contra él de forma provisional.
La sentencia avala los registros en el despacho del exabogado de Benavent que originaron el caso Taula y que también afectan a Erial
