Alfonso Rus y Marcos Benavent, durante el juicio del 'call center'. Foto: EDUARDO MANZANAVALÈNCIA. La Audiencia de Valencia ha decidido inadmitir a trámite el recurso de la Fiscalía contra la sentencia de la pieza D del caso Taula, centrada en las presuntas irregularidades detectadas en la adjudicación y prestación de un servicio de ‘call center’ por parte de la empresa pública Imelsa, dependiente de la Diputación de Valencia. El pasado octubre, los magistrados absolvieron a todos los acusados en una resolución que destacó la falta de pruebas contra ellos.
Por esta investigación conocida en 2016, un total de siete personas se sentaron en el banquillo entre los pasados meses de abril y junio por los delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias, falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil y/o blanqueo de capitales. Entre ellas, el expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus, el exgerente de Imelsa Marcos Benavent y su exsuegro, Mariano López.
El juzgado de Instrucción número 18, la Fiscalía y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apuntaron a que se amañó el proceso del llamado 'call center', un centro de atención multicanal (telefónica y telemática) que facilitaba información a los contribuyentes sobre determinados tributos municipales. El contrato fue a parar a la empresa Servimun y la adjudicataria percibió de Imelsa 930.000 euros por ese contrato entre 2013 y 2016.
La Fiscalía pedía 8 años de prisión para Rus, 4 años y medio para Benavent y 7 años y tres meses para Mariano López. Pero la Audiencia no consideró probados los delitos y todos ellos fueron absueltos. Al igual que Salvador Deusa, Ricardo de Ángel, Vicenta Torregrosa y Concepción Torregrosa. La sentencia también exime a la empresa Servimun de asumir la responsabilidad civil subsidiaria. Los magistrados consideraron que no había "una sola prueba, ni próxima ni remota", contra los acusados.
En el fallo constaba que contra éste sólo cabía recurso de casación, motivo por el que Anticorrupción presentó una aclaración al considerar que había sido un error. Pero la Audiencia respondió que no era necesaria la aclaración porque efectivamente solo procedía recurso de casación.
La Fiscalía presentó aun así un recurso contra la sentencia. La respuesta dada por los magistrados es que, en coherencia con la decisión adoptada, no ha lugar a la admisión. Algo contra lo que solo cabe recurso de queja.
Anticorrupción se ha dirigido, pues, al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que deberá decidir si puede presentar recurso de apelación o solo de casación.
Se da la circunstancia de que la Audiencia, en otras sentencias recientes también del caso Taula, como la de los zombis de Imelsa y Ciegsa, sí dio la opción de recurrir en apelación.
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