El conseller de Economía, Rafa Climent, entre la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, y la directora del IVACE, Júlia Company. Foto: PEPE OLIVARESALICANTE. Ya hay 'plan B' para tratar de rescatar a los ayuntamientos atrapados por los plazos de las ayudas a la modernización de polígonos industriales. La Conselleria de Economía, a través del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace), lanzará a principios de 2019 una nueva convocatoria de subvenciones con un presupuesto inicial de 13 millones a la que podrá acogerse cualquier municipio de la Comunitat, incluidos aquellos que ya hayan resultado beneficiados en los programas de 2017 y 2018, que se extiende hasta 2019.
Como en esas experiencias previas, esta nueva convocatoria contemplará subvenciones de hasta el 100% de los proyectos de inversión para la mejora, modernización, construcción de infraestructuras o instalación de servicios. Se trata de dar cobertura a aspectos tan diversos como la adecuación de accesos, implantación de medidas de seguridad (cámaras de vigilancia), el refuerzo o renovación del alumbrado, medidas para la generación de energía renovable o, incluso, la construcción de depuradoras.
El único límite que se establece, eso sí, es que se trate de proyectos nuevos, que no hayan sido presentados en convocatorias anteriores, a los que se dé comienzo después de la publicación de esta nueva convocatoria y no se arrastren de otras convocatorias precedentes. En la práctica, esa restricción supone excluir a los ayuntamientos a los que se les concedió esa línea de subvenciones en el programa actual 2018-2019 y no estén en condiciones de certificar su finalización en el plazo requerido (los encuadrados en 2018, debían estar certificados al 45% antes de que finalizase el año). Se trata, precisamente, de los municipios que habían solicitado que se estudiase una posible prórroga para la certificación de esos proyectos subvencionados (como tabla de salvación para no perder esas ayudas) o que se contemplase la posibilidad de trasladar sus proyectos de anualidad (en el caso de subvenciones plurianuales). Todo, en cualquier caso, sujeto a las matizaciones que el Ivace ya dirigió a principios de diciembre a los ayuntamientos afectados por lo que respecta a los plazos de certificación, como informó este diario.
¿Por qué motivo deben quedar excluidos esos proyectos y por qué no es posible acordar esas prórrogas o aplazamientos? Porque así lo establece de forma expresa el dictamen emitido por la Abogacía de la Generalitat a petición de la propia conselleria, al que tuvo acceso este medio. En ese informe se concreta que las normas por las que se rige la convocatoria de ayudas de 2018 no se pueden modificar ahora para atender esas situaciones concretas porque ello supondría alterar los principios de igualdad y de concurrencia competitiva con los que se acordó en el momento de su aprobación. O lo que es lo mismo, que esa pretendida modificación -una vez lanzada la convocatoria con unas reglas concretas- no podría tener encaje legal. Entre otros puntos, porque supondría beneficiar a unos municipios que (por diversas circunstancias) no habrían cumplido con su parte (tramitación de proyectos y licitación de obras) frente a otros que sí lo han hecho.
El dictamen jurídico explica que, sin esos requisitos y plazos concretos que se fijaron en las bases del programa de subvenciones, "podrían haber accedido otros posibles beneficiarios que de esta manera quedaron fuera de la convocatoria". Así, el informe insiste en que ese hipotético cambio rompería los requisitos de publicidad, transparencia y eficacia que deben regir los procedimientos de asignación de recursos públicos.
Sobre esa base, dichos ayuntamientos atrapados por los plazos deberían devolver esas ayudas (en el caso de haberlas ingresado) y renunciar a esos proyectos de modernización concretos o ejecutarlos y sufragarlos con fondos propios, como ya ha señalado el PP en diversas ocasiones. No obstante, a través de la nueva convocatoria, podrían optar a presentar otros proyectos distintos en esta nueva convocatoria extraordinaria de 2019 con los que podrían obtener una vía de financiación adicional para seguir mejorando sus áreas industriales.
Por lo pronto, a través de las convocatorias activadas hasta ahora, se han impulsado proyectos de modernización en 259 áreas industriales de la Comunitat: 70 en 2017, correspondientes a 52 municipios, con 19,58 millones; y 159 en el programa 2018-2019 para 101 municipios por 24,59 millones.
