VALÈNCIA (EFE). La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) ha estimado en más de 20 millones las pérdidas que soportarán los viticultores valencianos si el Gobierno y la Generalitat no aplican soluciones y ha reclamado medidas urgentes para eliminar excedentes de vino y frenar el hundimiento de precios
Esta demanda, que también se lanza desde otras organizaciones de ASAJA, toma fuerza después de que la Comisión Europea haya favorecido la posibilidad a los Estados miembros de activar medidas sobre el sector vitivinícola, ha informado la organización agraria en un comunicado.
A pesar del aumento del consumo doméstico de vino, las restricciones del canal Horeca ocasionadas por la covid-19 están reduciendo las ventas y ello se ha traducido en una profunda apatía del mercado vitivinícola valenciano y en un desplome de las cotizaciones en origen que oscilan entre el 25 y el 30 %, según variedades, en comparación con las percibidas en las mismas fechas del año pasado, que ya eran negativas.
Según estimaciones de AVA-ASAJA, las pérdidas que soportarán los viticultores de la Comunitat Valenciana superarán con creces los 20 millones de euros durante la presente campaña si las administraciones no aplican soluciones.
La principal reivindicación que pide AVA-ASAJA es la activación inmediata de la destilación a través de un presupuesto aparte del Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola Español (PASVE), a fin de restar excedentes de uvas en las bodegas de cara a los próximos meses e incluso para afrontar el inicio de la siguiente vendimia en unas mejores condiciones comerciales.
Los otros países europeos líderes en producción de vino –Francia e Italia– ya se han posicionado respecto a una destilación de crisis que atenúe el impacto económico de la pandemia, han subrayado.
AVA-ASAJA también ha solicitado que las administraciones hagan cumplir las normativas nacionales y autonómicas vigentes en defensa de los viticultores.
Por un lado, la reciente reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria no se está aplicando para garantizar el cumplimento de los contratos de compraventa, en especial la obligación de percibir unos precios que cubran los costes de producción, y por otro, AVA-ASAJA pide la puesta en marcha de la Ley de la Viña y el Vino para recoger el control de la producción y sancionar las infracciones.
El responsable de la sectorial del Vino de AVA-ASAJA, José Luis Robredo, ha exhortado al Gobierno y a la Generalitat Valenciana a que "tomen cartas en el asunto porque la rentabilidad de los viticultores es una ruina desde hace años y ahora la covid-19 puede suponer la puntilla para muchas familias".
Los datos del Ministerio indican que el viñedo es el cultivo valenciano que más superficie ha dejado de cultivarse en 2020 –con una reducción de 1.100 hectáreas respecto a 2019– lo que pone en evidencia la situación límite que atravesamos.
"La clase política debe tener presente al sector primario, ser sensible con él y defenderlo con hechos porque es primordial para la cadena alimentaria", ha concluido.
Por otra parte, AVA-ASAJA ha valorado la decisión del Gobierno de subvencionar los recargos por siniestralidad en el seguro agrario, una modificación legislativa que permitirá aliviar los incrementos en el coste de las pólizas en caso de sufrir adversidades climáticas.
Sin embargo, la organización agraria ha solicitado que esta ventaja no se aplique solo a partir del 1 de enero de 2021, tal como aprobó el Consejo de Ministros, sino que cubra todo el periodo de contratación del seguro de la uva para vinificación, que empezó el 1 de octubre, porque una gran parte de los viticultores suscribieron sus pólizas en diciembre y "no tiene sentido esta discriminación".
