Interior de la Ciudad de la Justicia de València, en una imagen de archivo. Foto: EVA MÁÑEZALICANTE. El estado de alarma ha 'congelado' toda actividad judicial no urgente, y específicamente la relacionada con el derecho mercantil. Mientras dure esta situación excepcional, por ejemplo, no se tramitan declaraciones voluntarias de concursos de acreedores, ni se permite instar concursos necesarios. Sin embargo, distintos abogados especialistas en empresas consultados por este medio alertan de que la carga de trabajo no ha desaparecido, sino que se está acumulando para el momento en que los juzgados reabran.
Esta misma semana, Justicia ha vuelto a habilitar Lexnet, el sistema que permite a los abogados presentar documentación ante el juzgado de forma telemática. Inicialmente se apagó el sistema para no provocar una caída con la acumulación de documentos a los que no se iba a dar curso, pero finalmente se ha optado por restablecer el servicio para evitar una avalancha el primer día tras el estado de alarma, que provocaría el mismo efecto. Así, los letrados pueden ir adelantando trabajo, aunque con la recomendación de que se ciñan a "lo más urgente". Sobre todo, porque los juzgados están con servicios mínimos y no se van a tramitar apenas asuntos, como tampoco se celebran vistas.
En cualquier caso, el estado de alarma está funcionando como un tapón que desvelará el auténtico incremento de la carga de trabajo judicial una vez que se levante. En estos momentos, por ejemplo, las empresas más afectadas por el cierre de actividad para frenar el coronavirus se centran en aprobar ERTE o acceder a las líneas de liquidez y ayudas habilitadas. Pero muchas ya piensan en la declaración voluntaria de concurso una vez que esto sea posible, tal como adelantaba en una entrevista con este periódico el experto Sebastián Crespo, del despacho Devesa&Calvo. Sobre todo, si la situación se prolonga y los ingresos siguen siendo cero.
Las fuentes letradas consultadas por este diario estiman que la carga de trabajo de los juzgados y, en consecuencia, el tiempo medio de los procedimientos, podría hasta triplicarse cuando finalice el estado de alarma. "En la crisis de 2008, los procedimientos se alargaban hasta tres años de media, por la avalancha de despidos, desahucios... antes del estado de alarma se había reducido ese tiempo a un año". Ahora, volverá a producirse esta situación, según las fuentes consultadas. "El sistema necesitará dos años para absorber toda la carga extra, los primeros meses tras el estado de alarma serán una locura".
Los abogados consultados también vaticinan un fuerte aumento de la litigiosidad tras la pandemia. No solo porque deben culminar los procedimientos congelados y se iniciarán nuevos en el escenario post coronavirus (como los citados concursos de acreedores o reclamaciones de impagos entre empresas). También por toda la litigiosidad que generará el propio estado de alarma. "Se van a acumular demandas por despido, por ERTE que finalmente se conviertan en cierres, desahucios por impagos del alquiler durante este periodo, reclamaciones de cantidad, contenciosos por las sanciones que está imponiendo la Policía, en muchos casos mal impuestas y que ahora no puedes recurrir... y los concursos de acreedores".
A la acumulación de asuntos mercantiles en unos juzgados que ya antes del estado de alarma estaban saturados cabe sumar los de otras ramas como Familia (revisión de custodias o manutenciones fruto de la nueva situación económica) o de lo Social, especialmente por los despidos que todos los consultados dan por hecho que se van a producir y que ahora están 'camuflados'. "Todas las empresas que han podido han hecho ERTE, pero muchas de ellas no van a volver a abrir, especialmente las pequeñas: comercios, cafeterías... entre las que vayan a concurso y las que cierren directamente, se van a acumular demandas por despido".
La avalancha que viene, además, se encontrará con todo el trabajo por resolver previo, especialmente en lo que a celebración de juicios se refiere. A pesar del 'alivio' del período de Semana Santa, las vistas que no se están celebrando van a constreñir aún más el calendario. En este sentido, según datos de Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los juzgados y tribunales valencianos dejaron pendientes de resolución en 2019 un total de 290.921 asuntos, lo que representa un incremento interanual del 4,9% respecto al año anterior.
