CASTELLÓ. La presidenta provincial del Partido Popular de Castellón, Marta Barrachina, ha solicitado formalmente una reunión con la ministra de Transición Ecológica del Gobierno de España, Teresa Ribera, con el fin de trasladarle personalmente soluciones para salvar los poblados marítimos y evitar los problemas que las decisiones del Gobierno de Sánchez están generando entre los residentes de los poblados marítimos del litoral castellonense, tal y como ha informado el propio partido en un comunicado.
Barrachina ha tomado la decisión después de que la Dirección General de Costas haya desestimado las alegaciones presentadas por los propietarios del poblado de Torre la Sal, de manera que sigue adelante con el proceso administrativo para incoar un total de 99 expedientes de recuperación posesoria del suelo sobre el que se asientan las casas, lo que significa continuar con sus planes de terminar con el núcleo marítimo de Cabanes.
“Creemos que una solución dialogada y consensuada es posible. Nos gustaría que fuera la ministra la que viniese a Castellón, a conocer en primera persona, la realidad de los poblados marítimos de Torre la Sal, Nules, Xilxes, la Llosa, Almenara y Moncofa, unos núcleos tradicionales con alto valor etnológico y cultural. Pero ya que esto no ocurre, desde el PPCS, y a petición de los propios vecinos afectados, hemos solicitado este encuentro de trabajo para que puedan ser escuchados y tenidas en cuenta su opinión y sus demandas”, ha resaltado Marta Barrachina, quien ha registrado su petición a través del Grupo Popular en el Senado, de la mano de los senadores por Castellón Salomé Pradas y Vicente Martínez Mus.
“El tiempo pasa y cada minuto es importante, porque corre en contra de los propietarios y residentes de los poblados marítimos, quienes reclaman al PSOE que tenga en cuenta sus características únicas”, ha añadido, al tiempo que confía en que la petición sea atendida “a la mayor brevedad”.
El Partido Popular asegura que ha registrado una propuesta de iniciativa legislativa "para modificar la actual ley de Costas con el fin de añadir al texto en vigor una disposición adicional que permita reconocer legalmente la excepcionalidad de los poblados marítimos de Castellón, pero también de otros puntos de la geografía de España, como Canarias, por la que los propietarios de las viviendas, todas con derechos históricos, quedarían automáticamente amparados de manera legal" y poniendo punto final a “la situación de angustia que ahora viven decenas de familias”, por lo que ha vuelto a apelar “a la sensibilidad del resto de fuerzas políticas, incluidas el PSOE, para que pueda salir adelante”.
