CASTELLÓ. El Ayuntamiento de Benicàssim reitera la necesidad de que el Estado asuma el coste de construcción y puesta en funcionamiento de la desaladora Oropesa-Benicàssim. El pleno ordinario del mes de agosto que se celebra este viernes 27 incluye nuevamente una moción para solicitar al Ministerio para la Transición Ecológica que se inicien los trámites oportunos para eximir a los ayuntamientos de la asunción del coste de la amortización de la infraestructuras, como ha informado el consistorio.
“Desde el 2008 el Gobierno Central ha tenido tiempo más que suficiente para encontrar una solución justa y beneficiosa. En el caso de Benicàssim, si tenemos que asumir finalmente el coste supondrá hipotecar durante 25 años el presupuesto de la localidad al tener que hacer frente al pago de 700.000 euros anuales lo que limitará el potencial de nuestro municipio”, ha declarado la alcaldesa, Susana Marqués.
El Ayuntamiento recuerda que fue en el año 2008 cuando el entonces equipo de gobierno formado por el tripartito PSOE, Compromís e Izquierda Unida firmaron el Convenio regulador para la financiación y explotación del sistema de suministro de agua desalada y que obligaba al pago por parte del Ayuntamiento de Benicàssim.
Susana Marqués ha continuado explicando que “hace tres años logramos pactar una moratoria con Acuamed, para la entrada en vigor del Convenio aprobado en 2008 con la finalidad de buscar una solución de financiación. Tras tres años, se nos acaba el tiempo y nos encontramos en el mismo punto, sin que el Estado nos libere del coste de la construcción y puesta en marcha de las desaladoras ni haya encontrado una solución justa, consensuada y beneficiosa”.
Por todo ello, el pleno de este viernes incluye una moción para reiterar nuevamente la necesidad de que sea el Gobierno Central quien asuma el total del importe, “y cuando las obras son de utilidad pública deberían financiarse por parte del Estado”, ha finalizado la alcaldesa de Benicàssim.
