CASTELLÓ. El Ayuntamiento de Borriana prepara un decreto de alcaldía que recogerá, entre otras cuestiones, tanto la suspensión de las Fiestas de La Misericòrdia como la prohibición de ocupar espacios en la vía pública y de celebraciones festivas de peñas en los casales, durante las fechas en las que en las que debería celebrarse estas fiestas. Todo ello con el objeto de garantizar el cumplimiento de las medidas adoptadas por la autoridad sanitaria para prevenir los daños ocasionados por la covid-19.
Así lo ha manifestado la alcaldesa de Borriana, Maria Josep Safont, tras presidir este martes la Junta Local de Seguridad, con la presencia de representantes de la Subdelegación del Gobierno en Castelló, y los principales mandos en Borriana de la Policía Local, de la Guardia Civil y de la Policía de la Generalitat (Unidad Adscrita de la Policía Nacional).
En la reunión los participantes han mostrado la preocupación, tras la suspensión de las fiestas de la patrona en septiembre, de que algunas peñas puedan incumplir la normativa y persistan en su intención de reunirse en torno a los casales, y han apelado a la "corresponsabilidad de la ciudadanía", en un comunicado del consistorio.
Por ello, Safont ha asegurado que la Policía Local durante ese periodo realizará especial hincapié en las tareas de inspección y control en el seguimiento de la seguridad en espacios públicos y reuniones privadas y velará por el cumplimiento de las medidas contempladas en el decreto de alcaldía y en el Decreto Ley 11/2020, de 24 de julio, del Consell, de régimen sancionador específico contra los incumplimientos de las disposiciones reguladoras de les medidas de prevención ante la covid-19.
Se trata de un dispositivo de seguridad local coordinado para detectar actividades incívicas y comportamientos prohibidos y sancionados por las ordenanzas municipales y autonómicas, para asegurar el "pleno cumplimiento de las medidas de prevención y contención".
En ese sentido, el decreto municipal recordará las sanciones establecidas en la norma autonómica que contempla sanciones económicas por el incumplimiento incluso en el espacio privado. Concretamente, para las infracciones leves será de entre 60 y 600 euros, para las graves de 601 a 30.000 euros y las muy graves de 30.001 a 60.000 euros.
La finalidad, ha advertido la alcaldesa es "disuasiva" y, ha añadido, "queremos que la ciudadanía y los locales conozcan las infracciones para evitar que se produzcan". Aunque "no se trata de estigmatizar a nadie, no podemos permitir que comportamientos irresponsables e insolidarios nos pongan en peligro a todos y todas y provoquen rebrotes que puedan derivar en medidas todavía más restrictivas y drásticas", ha concluido la edil.
En la reunión de la Junta Local de Seguridad, la Subdelegación de gobierno ha agradecido "el trabajo, el esfuerzo, la disposición y la coordinación demostradas por las fuerzas de seguridad, tanto de la Policía Local como de la Guardia Civil y la Unidad Adscrita durante todo el periodo de estado de alarma en el que estaban bajo el mando del Ministerio de Interior".