Gabriela Bravo. Foto: KIKE TABERNER VALÈNCIA. Las reticencias de los funcionarios a volver a sus puestos de trabajo en una situación complicada a nivel sanitario ha acelerado la necesidad de aprobar un nuevo decreto de teletrabajo que ponga los puntos sobre las íes a esta fórmula, que se ha convertido más necesaria que nunca en la administración. Así lo creen la mayoría de sindicatos, que llevan demandando desde hace semanas la implementación de medidas que eviten la vuelta de todo el personal a su puesto físico.
A tenor del reclamo, este jueves la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, mantenía una reunión por video conferencia con los representantes de los sindicatos UGT, CSIF, Intersindical y CCOO integrantes de la Mesa Sectorial de Función Pública para trasladarles las líneas básicas del nuevo proyecto de Decreto por el que se regulará la modalidad no presencial de prestación de servicios en régimen de teletrabajo del personal funcionario de la administración de la Generalitat.
Bravo les comunicaba que llevará al pleno del Consell de este mismo viernes la resolución de inicio para la tramitación del nuevo proyecto del Decreto, así como la solicitud tramitación del mismo por el procedimiento de urgencia, dado el carácter prioritario que se le quiere dar. En este sentido, la consellera explicaba a los representantes sindicales que se pretende actualizar el modelo vigente, que regula el Decreto 82/2016, sobre la prestación de servicios en régimen de teletrabajo del personal empleado público de la Administración de la Generalitat.
Dentro de este decreto, se establecerá que el control y la evaluación del teletrabajo se realizará atendiendo al cumplimiento de objetivos o a la consecución de resultados, en línea con las previsiones de la normativa estatal. En cuanto a los puestos susceptibles de teletrabajo se incluirá en el proyecto de Decreto, con carácter orientativo, los puestos podrían ser desempeñados de forma no presencial.
Una de las principales novedades que se prevé incorporar son las denominadas "situaciones de crisis", como la producida por la covid-19 en las que se debe mantener la actividad de los servicios básicos de la Administración de la Generalitat. Se trata de situaciones que imposibilitan o dificultan la adecuada prestación de las competencias que la legislación atribuye de forma presencial o en las exista un grave riesgo de afectación de la salud de las personas trabajadoras.
De esta manera en el proyecto de Decreto se incluiría no solo la situación de crisis motivada por la declaración de los estados de alarma, excepción o sitio sino también, las situaciones originadas por factores sanitarios, medioambientales o sociales que resulten repentina, inusual o inesperadas, que puedan afectar gravemente a la integridad y salud de las personas trabajadoras y así se determine mediante acuerdo del Consell.
En el texto del proyecto también se incluirá el derecho a la desconexión digital y el respeto, tanto al tiempo de descanso, como a la intimidad en el uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral. Además, se flexibilizará el procedimiento y se clarificará la competencia para la aprobación de las propuestas de programas de teletrabajo.
Desde CSIF planteaban que, hasta que se produzca su entrada en vigor, se lleven a la práctica planes piloto como el presentado por Conselleria de Economia para aplicarlo y, de este modo, evitar la concentración de personal en los edificios administrativos y minimizar el riesgo de contagio.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) respaldaba la propuesta de tramitar por la vía de urgencia en Les Corts la regulación del teletrabajo en la administración autonómica. El sindicato considera que el Consell debería de haber desarrollado esta materia desde hace años; en cualquier caso, apoya la voluntad de acelerar los trámites.
CSIF, no obstante, pide que hasta que el citado decreto se apruebe, que no será antes de otoño, Conselleria de Justicia permita la aplicación de proyectos piloto como el presentado por Conselleria de Economia, que permite llevar a cabo ya el teletrabajo y reducir, con la menor asistencia presencial, el riesgo de contagio.
La central sindical lamenta, en este sentido, la actitud de la consellera de Administración Pública que, a pesar de los brotes, insiste en imponer el trabajo presencial, con el riesgo que supone para trabajadores y usuarios al provocar elevadas concentraciones de personas en un mismo recinto. CSIF le pide que reconsidere su oposición y que permita la aplicación transitoria de estos planes pilotos mientras se negocia y aprueba el decreto definitivo de teletrabajo.
Mientras, desde UG señalan que el futuro de una Administración moderna y eficiente pasa por el teletrabajo. "El teletrabajo es únicamente un método de trabajo, que supone -como mínimo- el mismo esfuerzo, compromiso, dedicación, eficacia y eficiencia, y cumplimiento de las funciones y tareas que el presencial; deploramos que haya quien manifieste opiniones contrarias o minusvalorando el mismo, como si quien teletrabajara prestara un menor servicio a la ciudadanía", señalan.
