Examen de oposición en 2018. Foto: EPVALÈNCIA. La Conselleria de Justicia y Administración Pública que dirige Gabriela Bravo sacó a exposición pública este jueves un proyecto de decreto para modificar las bases para la concesión de ayudas a personas jóvenes que vayan a opositar a los cuerpos o escalas del grupo de clasificación profesional A de la Administración valenciana.
La modificación, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), busca relajar los requisitos que deben cumplir todos los opositores que quieran conseguir la ayuda de 500 euros que ofrece el Gobierno valenciano para sufragar los gastos que conlleva estar estudiando unas pruebas de acceso a la Administración. El principal cambio, en este caso, es el relativo a que los aspirantes justifiquen que tienen un preparador acreditado.
La beca que está enmarcada dentro del Programa 500 que el Ejecutivo valenciano puso en marcha en 2019, si bien el resultado fue decepcionante porque muchos aspirantes no pudieron cumplir los requisitos exigidos en la convocatoria. Unas exigencias que, ahora, la Conselleria de Justicia y Administración Pública quiere aliviar para intentar llegar a más usuarios y solventar que lo que muchos tildan de "buena idea" termine convertida en un "fiasco".
Pero, ¿qué es el Programa 500? El Consell del Botànic ideó en el seminario de Castalla-Biar en julio de 2018 el denominado Programa 500, cuyo fin era dispensar ayudas de 500 euros mensuales a medio millar de jóvenes que estuvieran preparando oposiciones para el ingreso en los cuerpos y escalas del grupo A de la Administración de la Generalitat. En su primera convocatoria, sin embargo, el número total de becados estuvo muy lejos del objetivo: solo 92 personas lograron resultar beneficiarias de este plan, menos del 20% de las 500 ayudas que preveía conceder el Gobierno valenciano.
Apenas dos meses después, la cifra de beneficiarios se redujo en 36 personas más que no pudieron presentar la documentación requerida en las bases para poder cobrar: las facturas de sus preparadores. Tal y como publicó el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) el pasado viernes 3 de enero, más de una treintena de personas no pudieron aportar la declaración responsable que especificaba que estaban preparándose para estas oposiciones y que la convocatoria exigía como indispensable para percibir la beca. El documento debía ser firmado por el opositor y por aquellas personas que les estuvieran preparando para la convocatoria pública de empleo. Semanas después, esta cantidad aún seredujo más en 7 personas, por lo que el total de beneficiarios a día de hoy es de 49.
Con este escenario, se daba la situación de que de las 500 becas previstas, un total de 451 se quedaron en la caja de la Generalitat porque no se llegaron a conceder. Un hecho totalmente atípico, ya que por regla general, en las convocatorias de becas existe una mayor demanda que oferta. Pero en este caso, tan solo un 9,8% de las subvenciones previstas para preparar oposiciones fueron destinadas para eso mismo.
¿El problema? Fuentes consultadas por este diario explicaron en su día que muchos de estos opositores no podían justificar que tenían un preparador —la mayoría, en este caso, relacionados con el mundo del Derecho y de la Justicia— porque muchos de ellos cobran sus clases en negro. Esto impide que sus alumnos puedan beneficiarse de estas becas que les ayudarían a sufragar los gastos que trae aparejado estar preparándose unas oposiciones: no trabajar, la inversión en material didáctico y las clases de preparación a las que muchos acuden.
Con estos mimbres, la Conselleria de Bravo ha elaborado un proyecto de decreto que este jueves salió a exposición pública para modificar el decreto de 2019 con el que se modifican las bases y requisitos exigibles para percibir esta ayuda de 500 euros al mes en próximas convocatorias.
Así, uno de los cambios significativos afecta al apartado f) del artículo 2 del decreto. En la normativa vigente, se exigía que el opositor debía acreditar documentalmente que contaba "con la dirección de un centro especializado o una persona preparadora para orientar el proceso de preparación". Para ello, la Administración consideraría como centro especializado aquel que fuera "reconocido como tal, previa solicitud de la persona interesada, mediante autorización expresa y motivada, por la dirección general competente en materia de función pública, a propuesta de la Subdirección General del Instituto Valenciano de Administración Pública (IVAP), y persona preparadora a aquella cuya idoneidad sea reconocida de igual modo".
El redactado nuevo que propone Función Pública, sin embargo, reduce toda esta carga burocrática y se limita a exigir que se cuente "con la dirección de un centro especializado o una persona preparadora para orientar el proceso de preparación, o comenzar la preparación al inicio del período subvencionable determinado en cada convocatoria".
La modificación propuesta por Función Pública también incluye otros cambios significativos para la obtención de estas becas. En primer lugar, contempla que para ser beneficiario de ella no se debe "tener un nivel de renta por miembro de la unidad familiar superior a tres veces el Indicador Público de Efectos Múltiples (IPREM)". Es decir, que los ingresos de la unidad familiar, divididos por cada miembro de la familia, no supongan en que cada miembro cuente con más de 1613,52 euros, ya que el IPREM actual se encuentra congelado en 537,84 euros desde el año 2017.
También hay cambios en las obligaciones que tendrán las personas beneficiarias. Si con la normativa actual se obliga a que los opositores participen "en el primer proceso selectivo posterior a la correspondiente convocatoria de ayudas", con la modificación propuesta se les obliga a "presentarse a las pruebas selectivas que se convoquen por parte de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, para el acceso al cuerpo que se esté preparando". Es decir, se suprime la obligatoriedad de presentarse a la primera prueba selectiva de acceso a la Administración valenciana inmediatamente posterior a la convocatoria de ayudas, lo que también supone relajar el nivel de exigencia para obtener estas becas.
Por otra parte, el proyecto de decreto de modificación clarifica cuáles son las notas mínimas a obtener para ser beneficiario de estas becas. La norma actual obligaba a acreditar "el expediente académico de licenciatura o grado exigido" en las oposiciones para su valoración. Se exigía una nota mínima, sin embargo estas fueron contempladas en la convocatoria, y no en las propias bases. Ahora, Función Pública, clarifica las notas medias mínimas a obtener para la obtención de esta ayuda: en una escala del 0 al 10, deberán tener una nota media mínima de 7, y en una escala del 1 al 4, la nota mínima será un 2. Y, en caso de titulaciones obtenidas en centros extranjeros, "deberá aportarse la equivalencia de la nota media".
