VALÈNCIA. (EFE). La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha alertado de la pérdida de más de 2.000 empleados de la Administración General del Estado (AGE) en la Comunitat Valenciana en los últimos años, al pasar de 15.008 en 2010 a los actuales 12.931 profesionales. En cuanto a la provincia de Castellón, el recorte ha sido de 400 en este mismo periodo.
El sindicato ha avisado de la saturación de servicios como Tesorería, Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) o Tráfico y ha reclamado que se agilicen las ofertas públicas de empleo y los procesos de estabilización de plazas.
En un comunicado, ha explicado que al cierre de diciembre el Boletín de Estadística publicó los últimos datos del Registro Central de Personal, con la distribución de efectivos de Administración General del Estado por autonomías, que confirman la baja de la plantilla, que ya se observaba en los primeros seis meses del año.
La Comunitat se queda en 12.931 profesionales, frente a los 13.000 de hace seis meses, los 14.781 de 2012 o los 15.008 de 2010, lo que supone una pérdida de 2.068 personas en 2018 respecto a ocho años atrás.
Aunque la merma de la plantilla se produce en las tres provincias, la mayor reducción ha sido en la de Valencia, donde ha caído en más de un millar de profesionales.
En 2010 disponía de 8.619 y en 2012, de 8.531, mientras que en 2015 bajó hasta 7.913 y los últimos datos disponibles de 2018 la dejan de 7.541, lo que supone un descenso de 1.078 funcionarios.
En la provincia de Alicante la cifra ascendía a 4.173 trabajadores en 2010; a 4.087, en 2012 y a 3.763 en 2015, mientras que en 2018 bajó a 3.577, casi 600 menos que ocho años antes.
En este mismo periodo, la provincia de Castellón ha pasado de contar con 2.216 profesionales en 2010; 2.163, en 2012; 2.023 en 2015 y 1.833 en 2018, casi 400 trabajadores menos.
El sindicato ha subrayado que, aunque la reducción se produce en toda España, en la Comunitat se nota especialmente, con datos como los cerca de 600 empleados de AGE menos que tiene Valencia respecto a Sevilla, la provincia más similar aunque con 600.000 habitantes menos, lo que se traduce en una ratio de 337 ciudadanos por empleado público de AGE frente a 237 en Sevilla.
CSIF ha resaltado que esa reducción se debe sobre todo a la falta de reposición de las plazas que quedaban vacantes por jubilación y ha urgido al Gobierno a cubrirlas.
El sindicato ha recordado que la pérdida afecta directamente a la atención al ciudadano, ya que supone un empeoramiento por falta de medios y una saturación en el Servicio Público de Empleo Estatal, Centros de Atención e Información de la Seguridad Social, Tesorería, Prisiones u oficinas locales de Tráfico, entre otros.
También ha exigido al Gobierno que concrete la oferta de empleo público (aún no ha salido la convocatoria de 2018 pese a estar aprobada y es preciso definir la de 2019) y que se agilicen los procesos de estabilización de plazas interinas.
Igualmente, el sindicato ha considerado "imprescindible" un plan de choque específico para la AGE, con un Plan Integral de Recursos Humanos que analice las carencias y determine la oferta de empleo público necesaria sin tasa de reposición.
El sindicato ha incidido en el envejecimiento de las plantillas y ha instado a planificar las expectativas de la vida laboral para cubrir las necesidades en el tiempo, de manera que no se produzcan desequilibrios que pongan en peligro la viabilidad de esta Administración.
