Jordi Gual e Isidre Fainé. Foto. EFE/ Quique GarcíaBARCELONA (EFE). Los máximos responsables del Banco Sabadell y CaixaBank han defendido este martes en el Parlament de Cataluña el traslado de sus sedes sociales fuera de esta comunidad autónoma por la "incertidumbre" del procés en octubre de 2017 y han negado que estos cambios se debiesen en su día a "presiones políticas".
Por la comisión de investigación del artículo 155 en el Parlament han pasado este martes el presidente del Sabadell, Josep Oliu, el de Caixabank, Jordi Gual, y el de la Fundación Bancaria "la Caixa", Isidre Fainé, además del director del Museu de Lleida, Josep Giralt, para dar su versión sobre las consecuencias de la intervención de la autonomía catalana.
Los responsables de CaixaBank y Sabadell, entidades que trasladaron sus sedes a València y Alicante, respectivamente, han alejado la posibilidad de un retorno a Cataluña de sus respectivas sedes sociales: "Todavía no se dan las circunstancias", ha dicho Oliu. Gual, por su parte, se ha limitado a contestar que en su sede de València "están muy bien".
Oliu ha asegurado que el traslado del domicilio social del Sabadell desde Cataluña a Alicante fue una decisión "puramente técnica" y no política, una decisión "extraordinariamente difícil y lamentable".
"Trasladamos el domicilio como consecuencia de una inquietud muy grande que había entre depositarios y clientes del Sabadell desde hacía meses como consecuencia del procés", ha indicado.
Los responsables de las dos entidades bancarias que han comparecido en el Parlament han detallado las consecuencias económicas de la inestabilidad de los días posteriores al 1 de octubre de 2017.
En concreto, Oliu ha explicado que durante la primera semana de octubre el banco perdió depósitos por valor de 4.600 millones de euros, principalmente del sector privado, y de los que un 57 % correspondía a depósitos en Cataluña.
Con el traslado de la sede social, ha explicado Oliu, consiguieron "estabilizar" la situación económica de la entidad, ya que a final de año recuperó sus pérdidas e incrementó sus depósitos en 700 millones de euros.
En el caso de Caixabank, según ha indicado Gual, los flujos de ahorro que salieron del banco la primera semana de octubre se elevaron a 7.000 millones de euros, si bien "gracias al cambio de sede y a que se convocaron elecciones" se fueron recuperando hasta estabilizarse a finales de 2017.
Tanto Oliu como Gual han negado que tras los traslados de sus respectivas sedes sociales se escondieran presiones políticas. "En ningún momento recibimos ningún tipo de presión política. (...) La decisión, dolorosa, se tomó con el objetivo de proteger el trabajo de los empleados, los ahorros de los clientes y la inversión de los accionistas", ha asegurado Gual.
Oliu, por su parte, ha negado categóricamente que recibiera ninguna presión "ni de la corona ni del Gobierno": "cuando tomamos esta decisión no recibimos ninguna llamada ni presión de nadie".
