VALÈNCIA. A lo largo de los nueve primeros meses del año echaron el cierre 95 sicavs en España -bien liquidadas directamente o bien transformadas en otro tipo de sociedades-, una cifra que contrasta con las 329 que bajaron la persiana en el mismo periodo del pasado ejercicio, tal y como lo ha constatado este diario de la base de datos pública de la la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco).
Si entonces fueron un 10,19% las que saltaron por los aires hasta el pasado 30 de septiembre solo representaban el 3,34% de las 2.749 que circulaban por territorio nacional. Todo un dato a tener muy en cuenta para ver si estamos ante un cambio de tendencia aunque las aguas vuelven a bajar revueltas por el sector. Pero es algo que viene sucediendo cada vez que se acercan los periodos electorales.
Conviene recordar que a lo largo de 2017 se esfumaron 385 sociedades de inversión de capital variable, un 11,92% del total. Cierto es que en lo que va de ejercicio siguen siendo únicamente dos las que han sido debidamente registradas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). A saber: A Global Flexible, gestionada por Andbank y que comenzó a operar a finales del pasado mes de enero como avanzó este diario; y tres meses después Maharani Asset Management de la mano del financiero valenciano Pascual Santosjuanes, responsable en la 'City' local de GVC Gaesco, como también adelantó Valencia Plaza.
La manifiesta ralentización del cierre de sicavs llega en un momento donde el Gobierno de la mano de su socio Unidos Podemos ha acordado otorgar a los órganos de inspección de la Agencia Tributaria (AEAT) la competencia para declarar a efectos exclusivamente tributarios el incumplimiento de los requisitos establecidos para las sicavs en la normativa financiera. Así lo recoge el acuerdo de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019 presentado la semana pasada.
Asimismo, tal y como figura en dicho acuerdo, se establecerán requisitos adicionales para la aplicación por las sicavs del tipo impositivo reducido tendentes a asegurar su carácter de instrumento de inversión colectiva, por ejemplo, el establecimiento de un tope de concentración de capital en manos de un mismo inversor (incluyendo la participación de personas físicas o jurídicas vinculadas), medida que, si bien podría hacer disminuir el volumen del capital que recibirían estas entidades, objetivaría el carácter colectivo de este vehículo de inversión facilitando la regularización por la Agencia Tributaria de los supuestos de uso fraudulento de sicavs. Unas medidas que fueron analizadas por media docena de expertos financieros valencianos el pasado sábado en lo que se conoce como la 'Tasa Tobin' española.
A 30 de septiembre pasado lo que sí se recogía era el mal tono de los mercados, dado que las 2.749 sicavs han visto reducido su patrimonio conjunto en casi 1.000 millones de euros, al pasar de los 32.057 millones del último día de diciembre de 2017 a los 31.063 millones del mes pasado. O lo que es lo mismo: un 3,10% menos. Asimismo el número de accionistas también se ha visto mermado, siempre según los datos oficiales de la patronal del sector de instituciones de inversión colectiva (IICs), concretamente en 3.481, lo que representa un 0,80%.
Ni que decir tiene que Banco Santander sigue al frente del negocio en España de las sicavs, tanto en patrimonio, número como accionistas. De hecho la cuota de mercado del también llamado 'banco rojo' supera el 17% en los dos primeros casos y en lo que a accionistas se refiere se dispara hasta el 26,59%. Al cierre de los nueve primeros meses de 2018 la entidad presidida por Ana Patricia Botín gestionaba 5.318 millones de euros en sicavs, a través de 475 vehículos que cotizan en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) y con una base accionarial de 114.356 titulares.
