Camps solicita el archivo de la pieza de Gürtel por la que ha sido procesado en la Audiencia Nacional

VALÈNCIA. La defensa del expresidente valenciano Francisco Camps ha solicitado el archivo de la pieza que investiga los supuestos amaños en la adjudicación de la Generalitat a la empresa de la trama Gürtel Orange Market en la edición de Fitur del año 2009, y por la que Camps ha sido procesado. En su escrito, el abogado Pablo Delgado ataca tanto al magistrado instructor José de la Mata como a las fiscales Anticorrupción Miriam Segura y Concepción Sabadell. Además, anuncia una querella contra la extrabajadora de Orange Market Isabel Jordán.

Tal como se puede leer en el escrito, al que ha tenido acceso Valencia Plaza, el abogado Pablo Delgado niega que Camps ordenara en ningún momento que se le dieran los contratos a Orange Market. Asevera que la directora general de Promoción Institucional, la también procesada Dora Ibars, negó en sede judicial que el expresidente le diera ningún tipo de orden o que, como dice el auto de procesamiento, Ibars dependiera directamente de Francisco Camps.

En su auto, el juez José de la Mata aseguraba que existían un "arsenal de indicios" contra el expresidente. Dichos indicios se fundamentaban en las declaraciones realizadas en el juicio por la financiación irregular del PPCV, un escrito enviado al juzgado por Isabel Jordán y lo declarado en instrucción por el cabecilla de la Gürtel, Álvaro Pérez.

En cuanto a Jordán, el escrito dice que "no aceptamos la documentación aportada por Isabel Jordán". Asevera que lo dicho por ésta tiene un contenido "incriminatorio, injusto y falaz", además de "interesado y extemporáneo", que ha producido "una suerte de inversión de la carga de la prueba, que exige a esta parte dejar a un lado su confianza en los principios de presunción de inocencia para lanzarse azarosa a demostrar su propia inocencia".

El enfado de Camps y su abogado es tan enorme que en el propio escrito anuncian que se va a solicitar testimonio de dicho escrito "para ser incorporado a una querella por acusación falsa", pues antes de ese escrito, Jordán "jamás había nombrado" a Francisco Camps. Y es entonces cuando Delgado nombra por primera vez, como hace siempre, el hecho de que Camps está sufriendo "un procesamiento público y notorio", ya que "no hay la más mínima conclusión que lleve a pensar en la existencia de delito alguno o participación" del expresidente.

Causa política

Como ya es costumbre en los escritos vinculados a Camps, su defensa añade que la presunción de inocencia es un derecho fundamental y que, en esta causa, "ni existen, ni esperen indicios incriminatorios por la mera necesidad de dar satisfacción a planteamientos políticos", y que esa presunción debe evitar "la pena de banquillo".

Asegura que de las actuaciones realizadas "no resulta acreditada ni siquiera indiciariamente" la existencia de un delito de prevaricación, porque "no existe el más mínimo indicio razonable de culpabilidad que pueda sustentar la decisión tomada por el juzgado" (procesar). Y recuerda que las fiscales Anticorrupción Myriam Segura y Concepción Sabadell han intentado desde el principio de la instrucción imputar a Camps las adjudicaciones a Orange Market, pero que hay cinco autos rechazando esa posibilidad.

Y tras entrar a hablar de las fiscales, el escrito le deja un 'recadito' a De la Mata, del que dice que "la causa tiene un evidente sesgo político-mediático, y ha sido impulsada por el PSOE, donde además es acusación, carece del sentido de la imparcialidad que la instrucción recaiga, sin la debida abstención, en un magistrado que fuera alto cargo público-político del Gobierno de España nombrado por el ministro del PSOE".

Dora Ibars y Álvaro Pérez

Sobre Ibars, de la cual tanto el juez como las acusaciones aseguran que tenía dependencia jerárquica directa y que recibió las órdenes de Camps, sostiene Delgado que "además de incierto, es prueba del desconocimiento del fiscal" porque "no ejercía de ningún modo sus funciones de dependencia directa del entonces presidente de la Generalitat, Camps. Y esto es una prueba evidente. Y por tanto lo dicho por el fiscal es directamente faltar a la verdad". Para reforzar su argumentación, la defensa recuerda las diferentes declaraciones de Dora Ibars.

Tras Ibars llega la parte más mediática del escrito, la relacionada con la posible amistad con el cabecilla de la Gürtel, Álvaro Pérez, en la que el magistrado basa parte de su auto de procesamiento. Una amistad que Camps ha negado sistemáticamente desde hace años.

Asegura Delgado que "es necesario negar una de las afirmaciones falaces en las que se sustenta esta causa y, por ende, el auto ahora recurrido, a saber, la pretendida relación de mi representado con el sujeto Pérez".

Y añade que "es falso" lo que se contiene en el auto de procesamiento, "lo cierto es que se trataba de una relación profesional que se ceñía a las cuestiones organizativas de las que se encargaba Pérez". Y asegura que simplemente fue a la boda de Álvaro Pérez, en la que éste le dedicó parte de su discurso, como presidente del partido, al igual que el resto de políticos invitados.

También niega que se hubiera reunido en la farmacia de su mujer con él, comiendo, en su casa o en el club de tenis, y que las fotografías que envió al juzgado Isabel Jordán "fueron tomadas en un contexto puramente profesional, jamás en un entorno personal, privado o de amistad". Y apostilla: "en absoluto el sujeto Pérez vino a València a trabajar debido a algo que tuviera que ver con mi representado", y explica que la Gürtel y Pérez ya trabajan para el PP de Eduardo Zaplana desde el año 2000.

Por último, sostiene que Camps jamás supo de la financiación irregular, tal como se sostiene en el auto de procesamiento. El problema aquí para la defensa de Camps es que la sentencia, ya firme, del dopaje del PPCV, da por buenas las declaraciones del exsecretario general del PPCV, Ricardo Costa, en las que se afirmaba que Camps sabía todo lo que sucedía.

Y es justo ese punto el que sirvió a De la Mata para afirmar que se le dieron los contratos a Orange Market para, por un lado, "callarlos" con respecto a la deuda que el partido tenía con la trama y, por otro, por la amistad entre Camps y Pérez. Ahora será la Sala de la Audiencia Nacional la que deba resolver los recursos de los procesados y decidir si el expresidente valenciano se sienta en el banquillo o se libra.