Carlos Fabra comparecerá como investigado por si ocultó patrimonio

CASTELLÓ. (EFE). El expresidente de la Diputación y del PP de Castellón Carlos Fabra declarará el próximo miércoles a las 10.00 horas ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón que le investiga a él y a cuatro personas más en una causa que trata de averiguar si el exmandatario popular ocultó bienes de su patrimonio para dificultar la ejecución de una sentencia por la que fue condenado a cuatro años de prisión.

El domicilio de Fabra en la localidad de Oropesa del Mar fue registrado el pasado 22 de septiembre por agentes de la Policía Nacional, en el marco de esta investigación. Según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, el juzgado abrió esta causa en 2017 tras una denuncia de Fiscalía por la posible comisión de delitos de frustración de la ejecución, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, cohecho y negociaciones prohibidas a los funcionarios, sin perjuicio de una ulterior calificación.

El juzgado investiga si el expresidente de la Diputación castellonense ocultó bienes de su patrimonio para dificultar la ejecución de la sentencia de la Audiencia de Castellón del año 2013 (confirmada en 2014 por el Tribunal Supremo) por la que fue condenado a cuatro años de prisión y al pago de una multa de 1,4 millones de euros como autor de cuatro delitos fiscales. En esta nueva causa están investigados, además del propio Carlos Fabra, su mujer, uno de sus hijos y una cuarta persona.

Tras el registro no se produjeron detenciones, y los investigados deberán comparecer esta semana en la Ciudad de la Justicia de Castelló. Carlos Fabra y uno de los investigados lo harán el miércoles 28 a las 10.00 horas y los otros dos investigados deberán prestar declaración el día 29. El exmandatario popular permanece alejado de la vida política después de salir de la prisión de Aranjuez (Madrid) en mayo de 2016 donde ingresó en diciembre de 2014 tras haber sido considerado culpable de cometer cuatro delitos fiscales, a pagar una multa de 693.000 euros y a indemnizar a Hacienda en la misma cantidad.

La condena fue hecha pública por el tribunal en noviembre de 2013 y Fabra pidió un indulto al Gobierno que finalmente fue denegado en noviembre de 2014 por lo que se hizo efectivo su ingreso en prisión.