CASTELLÓ. La portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castelló, Begoña Carrasco, denuncia que la alcaldesa, Amparo Marco, adeuda "al menos 5 millones de euros a proveedores por deficiente gestión de los servicios públicos que se realiza por parte del equipo de gobierno municipal y, en concreto, de los contratos públicos que tienen caducados desde 2017. Estos 5 millones de euros son solo la punta del iceberg. Hay al menos 16 contratos de grandes empresas que siguen generando facturas irregulares e impagadas, además de los contratos caducados de pequeñas y medianas empresas, a las que el gobierno municipal está asfixiando sin pagarles desde diciembre del año pasado", asegura.
En este sentido, Carrasco ha señalado, en rueda de prensa junto al concejal popular Juan Carlos Redondo, que es del todo "negligente, irresponsable e insensible la gestión de este equipo de gobierno liderado por Amparo Marco que, por no licitar los contratos en tiempo y forma para poder pagar de forma regular, ahora se vaya a producir un hecho sin precedentes en la ciudad y es que las 59 trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio se han visto obligadas a ir a la huelga, que ya han anunciado para el 5 de agosto, si el equipo de gobierno no paga los 7 meses y casi 800.000 euros que le debe a la empresa adjudicataria. Marco va a dejar sin atender a 209 personas dependientes en nuestra ciudad. Hoy teníamos la esperanza de que en la comisión plenaria a la que nos han convocado de manera extraordinaria se incluyera el pago a esta empresa, pero no ha sido así. Por tanto, no se aprobará en el pleno de mañana la correspondiente liquidación de facturas".
"Todo un despropósito porque el gobierno municipal está asfixiando a las empresas a las que no paga desde diciembre del año pasado, empresas que sostienen puestos de trabajo en una ciudad con 16.000 parados. Han abusado del mecanismo para pagar facturas fuera de contrato y ahora un informe de la Intervención municipal, advertido por la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana, le ha parado los pies. No se puede seguir utilizando un procedimiento extraordinario de pago para lo que debe pagarse de manera ordinaria. El problema radica en que no se han renovado los contratos caducados, no se hicieron los deberes cuando tocaba y, ahora, los castellonenses pagan las consecuencias", apunta.
Por su parte, Juan Carlos Redondo ha mostrado el informe de la Intervención municipal que "saca los colores al gobierno de Amparo Marco", al que le dice textualmente: "Se han tramitado expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos para imputar al presupuesto obligaciones indebidamente contraídas, principalmente, por haberse adquirido sin ajustarse a lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Se tramitan expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos sistemáticamente, por lo que no se corresponden con la naturaleza excepcional de este procedimiento".
Esto ha llevado a que en los siete meses de 2021 no se haya tramitado ni un sólo expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito, por lo que hay empresas que llevan 7 meses sin cobrar. Carrasco explica que, "aunque algunos de esos 16 contratos caducados acaban de licitarse, aún no están en vigor y, por tanto, se suman al listado de impagados desde diciembre de 2020. Entre las empresas afectadas por impagos de este equipo de gobierno está la empresa de mantenimiento de colegios y limpiezas de instalaciones, que acumula más de 2 millones de deuda o la del Servicio de Recaudación a la que se le deben alrededor de 1,75 millones. También fuera de contrato está la gestión del Centro de mayores Columbretes y se le deben 128.099,16 euros o del Centro Urban con 165.091,36 euros pendientes de abonar el Ayuntamiento. Y más ejemplos: la gestión del servicio municipal de transportes, el servicio de grúas, el de las guarderías, el servicio de socorrismo, el servicio de mantenimiento de vía pública o de campañas deportivas, cuya deuda de éste último asciende a 58.353,6 euros".
Redondo ha destacado que el informe de la Sindicatura de Cuentas sitúa a Castelló en el segundo puesto de entre los 65 municipios valencianos, de más de 20.000 habitantes, con más Reconocimientos Extrajudiciales de Crédito (Recs).
