CASTELLÓ. La portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castelló, Begoña Carrasco, ha anunciado que el PP presentará en el próximo pleno municipal una moción para solicitar al equipo de Gobierno que “atienda la petición que ha realizado la Asociación de Consignatarios de Buques y Empresas Portuarias de Castellón (ACEP) y reduzca el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) que actualmente soportan las empresas instaladas en el Puerto de Castelló”.
“Se trata de una medida de apoyo que sin duda les ayudaría a superar la difícil y excepcional situación económica que afrontan en la actualidad, debido a la crisis social y económica generada por la covid-19”, ha indicado Carrasco, que ha recordado que “en 2017 entró en vigor una revisión del Impuesto de Bienes Inmuebles en la ciudad de Castelló que, en el caso de los contribuyentes del denominado IBI no residencial, supuso para las empresas que tributan al 0,7475% un total de 560.141,61 euros más, mientras que las que las que tienen los valores catastrales más altos, y hablamos de casi 3.200 recibos, pasaron a tributar al 0,85%, esto es, 50 euros más por recibo”.
La portavoz municipal de los Populares ha recordado que “a esta subida fiscal se sumaron la subida del IBI del 5’4% que el equipo de gobierno activó de manera específica para las empresas del Puerto, ingresando a las arcas municipales 702.998,31 euros más, y una nueva revisión de la tasa, que en 2018 se elevó al 0’95%”.
En ese sentido, ha explicado que “desde la Asociación de Consignatarios de Buques y Empresas Portuarias de Castellón (ACEP), en cuyo seno están representadas la práctica totalidad de firmas que operan en el Puerto de Castelló, han constatado cómo la crisis sanitaria de la covid-19 y la regulación adoptada por el Gobierno de España para su mitigación han afectado de manera directa a la actividad de las empresas, que se ha visto ralentizada significativamente desde el inicio del Estado de Alarma hasta la actualidad”.
Carrasco ha alertado además del “riesgo” de que la caída de ingresos por parte de las arcas del Estado “pueda a su vez provocar la paralización de proyectos clave para el futuro de nuestras instalaciones portuarias, como la Zona de Actividades Logísticas (ZAL), la construcción del acceso ferroviario Sur o la estación intermodal, retrasando todavía más la recuperación de la actividad comercial y económica del recinto marítimo”.
