VALÈNCIA. La relación entre la dirección nacional del PP que lidera Pablo Casado y la estructura regional que encabeza la candidata a la Generalitat, Isabel Bonig, sigue desprendiendo ciertos recelos. En este caso, la desconfianza nacida de las primarias nacionales se está superando demasiado lentamente o al menos eso es lo que parece a tenor de los distintos roces que han venido produciéndose entre ambas ejecutivas.
Sobre esto, cabe recordar que el equipo de Bonig prácticamente al completo se volcó en las primarias de 2018 con Soraya Sáenz de Santamaría, mientras que una minoría de referentes valencianos apostó por Pablo Casado, quien finalmente se alzó con el triunfo. Desde entonces, aunque la relación ha mantenido cierta compostura, dista mucho de poder calificarse como excelente.
Uno de los últimos puntos de fricción fue Orihuela, donde se produjo un pulso por la candidatura del actual alcalde, Emilio Bascuñana, respaldada por Génova y la apuesta del comité local -apoyado por Eva Ortiz, número dos de Bonig- representada por Dámaso Aparicio.
Al margen de este conflicto, existe la sensación de que ambas direcciones vienen chocando o al menos discrepando en decisiones importantes que tienen relación con los nombres propios. Así, aunque se ha presumido de consenso en decisiones como la candidatura de María José Català a la Alcaldía de València o el nombramiento de Juan Ramón Adsuara como presidente de la gestora provincial, la sensación es de que Madrid es la que impone su criterio.
Días atrás, la propia Bonig, preguntada en Las Provincias sobre si el presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, o la propia Català irían en la lista a Les Corts, la presidenta regional mostró sus reticencias: "La regla general es que no", señaló. Unas manifestaciones que causaron cierto malestar en Madrid al considerar que tal decisión en última instancia depende precisamente de la cúpula nacional.
Con estos antecedentes y la mencionada desconfianza instalada a la hora de elaborar las listas al Congreso, Senado y Corts Valencianes, fuentes del partido han asegurado a este diario que desde la cúpula estatal -por donde según estatutos deben pasar las listas para ser ratificadas- se ha establecido también una última puerta de contención en la figura de los representantes legales: los encargados de, por así decirlo, cubrir los formalismos de inscripción de la candidatura pero también de registro de las candidaturas.
Una misión que, generalmente, ha recaído en personal jurídico del partido dado que lo habitual es que siempre exista una acuerdo previo y definitivo de las listas antes de ser presentadas en la correspondiente junta electoral. Ahora bien, han existido casos en el pasado -por ejemplo en la pugna campistas vs zaplanistas- donde esta figura ha resultado determinante. Tal vez recordando estos antecedentes, desde Madrid, según aseguran fuentes populares, se han cerrado en esta ocasión varios nombres de confianza próximos a la órbita de Casado para que sean los encargados de cumplir con estos trámites.