FOTO: EFECASTELLÓN. Castellón será la provincia de la Comunitat Valenciana más beneficiada del plan contra la despoblación que en la mañana de este martes ha anunciado el presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Concretamente, son 78 los municipios del territorio castellonense que podrán optar a los 240 millones de euros que el jefe del Consell ha anunciado para el periodo 2019-2023.
Del total de localidades beneficiarias, 74 podrán recibir ayudas para financiar servicios básicos dado que presentan un riesgo de despoblación patente; mientras 9 podrán acogerse al plan para salir del bache financiero y reducir su deuda por debajo del 110% de sus ingresos corrientes. Dado que algunos municipios se encuentran en las dos listas, finalmente la cifra de municipios castellonenses beneficiados por la medida es de 78, según han concretado fuentes de la Generalitat.
Desde el Gobierno autonómico no descartan incluso que la cifra de pueblos que finalmente puedan optar a estas ayudas aumente. Esto se produciría, en todo caso, cuando el Ministerio de Hacienda haga pública la liquidación de 2018, en la que podría haber más localidades castellonenses que las 9 actuales que presenten un nivel de endeudamiento superior al 110%.
Lo que queda patente es que Castellón es la provincia de la Comunitat más beneficiada por la medida. Más de la mitad de las localidades castellonenses podrán optar a estas ayudas y las 78 que de momento están incluidas suponen prácticamente la mitad de las autonómicas, ya que 140 se podrán acoger al programa para municipios en riesgo de despoblación y 35 podrán sanear sus arcas y solventar sus problemas financieros. Como en el caso de Castellón, algunos pueblos están incluidos en ambos listados.
Estas ayudas se articularán a través de un decreto ley, que ya está en exposición pública, y podrán ser subvenciones o materializarse en liquidez mediante la compra de activos municipales, con la opción de recuperarlos en cinco años. Esta norma garantizará la prestación de servicios públicos municipales y surge de la voluntad de la Generalitat de ayudar a los ayuntamientos que están en peores condiciones, según ha explicado Puig en la presentación de la Estrategia Juntament, de colaboración entre la Generalitat y ayuntamientos.
Esta estrategia está integrada por los programas que se han puesto a disposición de los ayuntamientos durante el Gobierno de la Generalitat: Edificant, Avalem Territori, XarxaLlibres, C+T (Cultura y turismo) y el Fondo de Cooperación Municipal.
Ximo Puig ha destacado que estos programas marcan la hoja de ruta "correcta" para superar las desigualdades entre personas, entre territorios y entre comarcas, y persiguen lograr "las mayores cuotas de prosperidad social". Hasta la fecha la Generalitat ha destinado en esta legislatura 1.218 millones a los ayuntamientos.
Sobre las ayudas a los municipios en situación de emergencia social por despoblación, se trata de evitar que para muchos ayuntamientos pequeños o de baja densidad de población sea un problema mantener abiertas residencias de la tercera edad y centros de día, servicios educativos y culturales como escuelas infantiles, instalaciones deportivas o culturales y otros servicios necesarios para los ciudadanos.
En el caso de los municipios con problemas económicos -aquellos cuya carga financiera supera el 110 % de sus ingresos corrientes-, las medidas del decreto ley permitirán la reducción de la carga en un periodo de cinco años mediante ayudas, con la posibilidad de comprar activos municipales con la opción de que puedan recuperarlos una vez superen las dificultades financieras.
El decreto ley estará aprobado antes de dos meses, ha indicado Puig, quien ha destacado la alianza con los ayuntamientos en un modelo de gestión de subsidiariedad y proximidad "sin favoritismos ni partidismos", frente a una época en la que se daban las subvenciones "en función del color político", algo que ha desaparecido con la Generalitat actual, ha indicado.
Preguntado por el papel de las diputaciones en este ámbito, Puig ha afirmado que deben ayudar a que los ayuntamientos expresen su acción de gobierno, ya que son estos los que deciden, y ha señalado que las diputaciones de Valencia y Castellón colaboraron en el Fondo de Cooperación Local mientras que la de Alicante se negó y los ayuntamientos de esta provincia solo tienen el 50% de los recursos.
Sobre el Fondo de Cooperación municipal, ha concretado que a medida que mejore la financiación autonómica se podrá incrementar este fondo.
La magistrada apunta a irregularidades administrativas y al desequilibrio en la distribución del dinero, pero no aprecia ilícito penal
